Investigación inédita sobre personas refugiadas en México

Oaxaca.-En los últimos años México ha sido testigo de un exponencial incremento en el número de solicitudes de la condición de refugiado.

Esta situación ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del Estado mexicano y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, y, además ha motivado la presencia cada vez más dinámica de organismos internacionales con miras a fortalecer las capacidades institucionales para la atención e integración de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en México.

El Colegio de la Frontera Norte, con el apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, presenta hoy el informe “Perfiles, Dinámicas y Perspectivas en torno a la situación de las personas refugiadas en México” elaborado tras una investigación realizada en 11 ciudades del país entre septiembre de 2019 y enero de 2020.

Con base en 1,768 encuestas, 153 entrevistas, el análisis de datos, legislación y otras fuentes, el estudio detalla las características sociodemográficas y socioeconómicas de la población de interés; sus experiencias en los procesos de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y de integración; así como las determinantes contextuales y la estructura de oportunidades que ofrecen las localidades del estudio: Tapachula, Palenque, Tuxtla Gutiérrez, Cancún, Villahermosa, Tijuana, Saltillo, Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Según los registros administrativos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y de la Unidad de Política Migratoria, el número de personas solicitantes de la condición de refugiado en México tuvo un crecimiento de 5,348% en apenas seis años (de 1,296 en 2013 a 70,609 en 2019).

La Encuesta para Solicitantes de Reconocimiento de la Condición de Refugiado y Refugiados/as (ESCRR) realizada por el Colef revela que las causas para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado según los principales países de origen, se pueden clasificar en dos grupos: i) los que señalan presiones políticas y falta de oportunidades (cubanos y venezolanos) y ii) los que argumentan situaciones de violencia e inseguridad, combinada con falta de oportunidades (hondureños y salvadoreños). En cuanto a su ubicación, se constata que en algunas entidades federativas la estancia de los encuestados está principalmente motivada por una oferta laboral: San Luis Potosí (58%), Nuevo León (49.5%), Baja California (41.7%) y Coahuila (40%); en otras, por sus redes familiares o amistades: Aguascalientes (65%) y Quintana Roo (53.8%); y en un tercer grupo por la presencia de instituciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o la COMAR: Chiapas (60%) y Tabasco (37%).

“Desde el ACNUR valoramos muy positivamente la publicación de esta investigación, la primera en su tipo en México, pues además de estudiar las características sociodemográficas de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, analiza su inserción en distintas ciudades del país y los retos que aún persisten”, señaló Mark Manly, Representante de ACNUR en México. “México se ha convertido en un país de destino para personas refugiadas, por lo que resulta fundamental que instituciones académicas como el Colef tengan esta realidad presente en sus temas de investigación”, añadió.

El estudio además se adentra en la respuesta institucional brindada por diferentes actores públicos, organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales. El diagnóstico realizado también muestra que el 96% de las personas reconocidas como refugiadas o beneficiarias de protección complementaria, obtuvieron su respuesta en primera instancia, y apenas el 4% a través de una apelación. El reconocimiento como refugiado en México es percibido como un logro para las personas encuestadas, teniendo en cuenta los tiempos y las condiciones de espera para conseguirlo, además que les da certidumbre, confianza y más seguridad que siendo solicitantes de asilo. Sin embargo, tal condición jurídica no da por sentado que su integración sea positiva. El acceso a trabajo, vivienda, educación y otras oportunidades presentan limitantes en ciertas ciudades; a ello se suma la discriminación y más recientemente, los efectos económicos derivados de la pandemia del COVID-19, que puede situarles en contextos de inserción más complejos.