Persisten agresiones sexuales y delitos contra mujeres migrantes

 Angélica Jocelyn Soto Espinosa/ Cimacnoticias

Oaxaca.- Mientras el gobierno federal asegura que en México ya no se violan los Derechos Humanos de las personas migrantes, organizaciones de la sociedad civil documentan que tras la militarización de las fronteras, hay un aumento en agresiones sexuales y otros delitos cometidos contra mujeres migrantes, especialmente por parte de agentes del Estado. 

Si bien no existen datos oficiales sobre esta violencia, organizaciones civiles dan cuenta de un incremento en el número de casos que ellos acompañan. Por ejemplo, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) –que presta servicios médicos a personas en tránsito– documentó en su reporte “Sin salida” que 24 por ciento de las 3 mil 695 personas atendidas en consultas de salud mental en los puntos de atención a población migrante en México entre enero de 2018 y septiembre de 2019 presentaban factores de riesgo asociados con la violencia física intencional (agresiones, violencia sexual y tortura).— En los nueve primeros meses de 2019, el número de casos (277) de violencia sexual atendidos por MSF aumentó más del doble (un 134 por ciento ) en relación al mismo período del año anterior (118).

La organización reporta que la violencia sexual es recurrente y ha sido específicamente identificada mediante los reportes de sus pacientes en zonas al comienzo de la ruta en el sur de México (Chiapas y Tabasco, principalmente), que acostumbran a recorrer a pie para evitar los controles fronterizos. Según datos de la encuesta que se les aplicó a sus pacientes, 22.5 por ciento de las mujeres entrevistadas en los puntos de atención habían sido acosadas sexualmente, 12.8 por ciento tuvieron una relación sexual no deseada y 10 por ciento reconocieron haber sido forzadas a tener sexo a cambio de algo.

Guardia Nacional, autoridad que más viola derechos de personas migrantes

En septiembre de 2019, apenas 3 meses después de que se anunciara el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras del país para contener los flujos migratorios que van hacia Estados Unidos (EU), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tenía ya 7 quejas contra este agrupación policial por actuaciones contra personas migrantes, cifra que crecería exponencialmente en los meses siguientes. 

Información obtenida por transparencia reveló que tan sólo en 2020, la CNDH inició mil 274 expedientes contra diversas autoridades por “Acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y de sus familiares”, “Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones”, “Prestar indebidamente el servicio público”, “Omitir brindar atención médica o psicológica de urgencia”, “Omitir proporcionar intérprete o traductor”, entre otros hechos violatorios cometidos todos contra personas migrantes.

Entre estos hechos violatorios (cuya descripción específica y sexo de las víctimas se omite), la Guardia Nacional es responsable de 53 quejas, la Policía Federal de 24, la Secretaría de la Defensa Nacional de 12 y la Secretaría de la Marina de 6; el resto de quejas corresponde a funcionarios del Instituto Nacional de Migración, Fiscalías, la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, y otras dependencias locales, según el reporte revisado por Cimacnoticias. 

No obstante, los casos en los que los agentes del Estado violaron los derechos de las personas migrantes podrían ser mucho más y más graves, según lo documentado por las organizaciones civiles. 

Violaciones y ataques sexuales, el mayor riesgo para las migrantes

Desde la llegada en 2018 de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, México comprometió con Estados Unidos mayor control migratorio y despliegue de la Guardia Nacional en sus fronteras a cambio de firmar nuevos tratados comerciales. 

Para ello, el gobierno federal desplegó en junio de 2019 a 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur. Como parte de esos acuerdos bilaterales, México también se comprometió con Estados Unidos a recibir a las personas migrantes (incluyendo no mexicanas) que fueran solicitantes de asilo en el país del norte a través del programa “Quédate en México”. Todas las personas retornadas por ese programa quedaron a la deriva en los estados del norte del país pues al haber presencia del narcotráfico, su seguridad no estaba garantizada.

El despliegue militar se incrementó en 2020 a más de 250 mil elementos del Ejército, la Marina, Armada y la Fuerza Aérea mexicana en las fronteras por la ejecución del plan DN-III-E, para contener el COVID-19, lo que derivó en mayor riesgo para las personas migrantes.    

De acuerdo con un reporte público de casos de violencia contra personas retornadas de EU a México bajo el protocolo “Quédate en México 2019 – 2020”, registrado por la organización Human Rights First con fecha, número de víctimas y breve relato de hechos, entre 2019 y 2020 la policía federal, estatal o municipal, la Guardia Nacional y los militares, estuvieron implicados en 51 casos (de un total de 520) de delitos como secuestro, extorsión, deportaciones ilegales y agresiones sexuales cometidos contra personas migrantes. 

En la base de datos hay registro de al menos nueve casos de mujeres y niñas que habrían sido violadas por agentes del Estado. “Durante su viaje hacia Estados Unidos, la policía federal mexicana los acosó, insultó y no los dejaban descansar. Después de un tiempo, un policía empezó a exigir tener sexo con la mujer y cuando se rehusó, el policía la violó”; “Una solicitante de asilo venezolana de aproximadamente 60 años de edad fue ultrajada sexualmente en enero de 2020 en Tamaulipas después de que DHS la regresó a Matamoros por “Quédate en México”, son algunos de los relatos recopilados en este reporte.

El registro de Human Rights First contiene al menos tres decenas de casos más de mujeres y niñas que fueron atacadas sexualmente por el crimen organizado luego de haber sido regresadas a nuestro país como parte del programa “Quédate en México” o en colusión con las autoridades mexicanas. 

Otras organizaciones civiles que acompañan a personas migrantes, como el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), también documentaron en el informe “En la Boca del Lobo” diversos casos de delitos contra personas migrantes cometidos por agentes del Estado.

Por ejemplo, el 10 de junio del 2019, un grupo de elementos de esta policía federal irrumpió en un domicilio particular donde vivían migrantes. Se llevaron a una mujer hondureña que esperaba en México su audiencia en EU, y a otras dos personas (el dueño del domicilio y su madre) a una casa de seguridad. Durante ese tiempo, ambas mujeres fueron sometidas a violencia sexual y una de ellas fue sometida a golpes en glúteos, amarrada de pies y manos. Los policías entregaron a las víctimas a un grupo de criminales quienes pidieron rescate por ellas. Las mujeres fueron rescatadas el 14 de junio por agentes de la Unidad Antiextorsión adscritos a la Fiscalía estatal, quienes únicamente buscaban a las personas mexicanas ya que nadie había denunciado la desaparición de la mujer hondureña.

La violencia sexual es una de las violencias más frecuentes cometidas contra mujeres migrantes que pasan por México, ya que la cometen tanto agentes del Estado, como criminales, vigilantes de los trenes en los que viajan y hasta sus propios compañeros; y constituye también,, uno de los delitos menos denunciados, de acuerdo con la Subcoordinadora del Área Jurídica y de Protección de la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, Mayela Guadalupe Hernández Aldape. 

La Casa del Migrante en Saltillo, en Coahuila, –que en 2019 fue hostigada por la Guardia Nacional y elementos de seguridad asesinaron a un migrante que se albergaba ahí– acompañó legalmente cinco denuncias por delitos sexuales perpetrados por la delincuencia organizada, personal de seguridad del tren y agentes del Estado entre 2019 y los primeros tres meses de 2021. 

“Se han dado casos de que la policía los baja y en lo que llegan las autoridades migratorias están (las migrantes) a veces solas con ellos y los mismos policías cometan algún abuso sexual, alguna violación o abusos contra estas mujeres, y sí se han dado casos. A veces las agresiones no son necesariamente de carácter sexual, sino que les quitan el poco o mucho dinero que traen y sus documentos. Nos han comentado que les piden las tarjetas de su país, tarjetas de identidad y pues se quedan con documentos y ya no se los regresan, que les quitan el dinero que traen, que los han golpeado”, señaló Hernández Aldape.

Estos abusos también ocurren por las personas llamadas “garroteros”, que son los vigilantes del tren La Bestia. La abogada recordó que a finales de 2019 una mujer de aproximadamente 20 años de edad viajaba sola en el tren cuando los garroteros la bajaron y luego abusaron sexualmente de ella, de manera tumultuaria. Acompañada de la Casa del Migrante, esta joven migrante denunció los hechos ante el MP de Saltillo; no obstante, debido a la tardanza en el proceso penal y al ser una persona en tránsito, la mujer tuvo que abandonar la denuncia. En otro caso ocurrido en 2021, policías municipales extorsionaron a una familia migrante que vendía dulces y amenazaron con violar a una de las mujeres de esa familia si denunciaban la extorsión, por lo que tuvieron que buscar apoyo de la Casa del Migrante pero se negó a denunciar los hechos. 

“Muchas de las migrantes después ya no dan seguimiento a las denuncias por miedo o porque van de paso, es raro la que decide quedarse. Pues eso, nada más ahí queda, en una denuncia. Si es difícil a veces dar seguimiento de denuncias de gente que decide quedarse en México o aquí en Saltillo, pues difícilmente se le va a dar seguimiento a una denuncia de una persona que se fue”. De cada 10 denuncias iniciadas por delitos contra mujeres migrantes, sólo 1 llega a un juicio, todas las demás terminan archivadas, explicó la abogada. 

No existen datos certeros y oficiales sobre el número de delitos contra personas migrantes que llegan a una sentencia. Sin embargo, en 2017 se observó que de un total de 5 mil 824 delitos contra migrantes denunciados en Sonora, Coahuila, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y a nivel federal, sólo existe evidencia de 49 sentencias, lo que equivale a una impunidad del 99 por ciento, de acuerdo con la organización Incidencia a Favor de los Derechos Humanos en México (WOLA por sus siglas en inglés) en su informe “El acceso a la justicia para las personas migrantes en México: un derecho que existe sólo en el papel”.

Si bien la autoridad migratoria reportó a través de la Secretaría de Gobernación “aseguramientos” y “rescates” de personas migrantes, la realidad es que las personas migrantes que son detenidas experimentan malos tratos dentro de las estaciones migratorias, donde se les recluye. 

Como Cimacnoticias documentó en el reportaje “Mujeres migrantes: miedo a ser deportadas” tras conversar con familias recién salidas de las estaciones migratorias, durante las detenciones, la Guardia Nacional intimida y persigue a familias completas, incluyendo niñas y niños, quienes luego son alojadas en estancias sin espacio suficiente, con mala alimentación, sin servicios de salud y en condiciones antihigiénicas. 

En Saltillo, por ejemplo, las personas “aseguradas” son llevadas a las propias oficinas del INM porque su estación migratoria cerró en 2017 luego de que la CNDH encontró constantes violaciones a DH. Las condiciones de detención son tan malas, que ha habido intentos de suicidio. 

AMLO continúa la política de control migratorio iniciada en el sexenio pasado 

La política de control migratoria no es nueva. México desplegó mayor fuerza policial y recurso público para vigilar y detener de manera ilegal a personas migrantes desde hace siete años, cuando Estados Unidos declaró una “crisis humanitaria” por el aumento de los flujos migratorios hacia ese país e inició negociaciones con los países de origen y tránsito de las personas migrantes.

En consecuencia, el 7 de julio de 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación del “Plan Frontera Sur”, con un presupuesto de 102 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. Este Plan –que se justificó bajo un mayor “ordenamiento” de la frontera sur y mayor protección para migrantes– fue en realidad una política de contención y deportación.

En los primeros 12 meses del Plan , el Colegio de la Frontera Norte contabilizó 93 mil 613 detenciones de personas migrantes, lo que representaba 99 por ciento más detenciones que todas las realizadas entre julio de 2012 y junio de 2013. 

En contraste, México hizo muy poco por garantizar los DH de las personas migrantes. Muchos meses previos a la presentación del “Plan Frontera Sur”, las organizaciones de la sociedad civil impulsaron la creación del “Programa Especial de Migración” (PEM), con objetivos específicos para garantizar los Derechos Humanos de las mujeres migrantes pero nunca contó con presupuesto específico para su operación, se desconoce su impacto y actualmente está desaparecido, de acuerdo con la información oficial reportada vía transparencia a Cimacnoticias. 

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Aún sin política de género para la atención de migrantes en el país, México celebra los resultados de su política migratoria. En un comunicado, la Segob reportó que entre el 1 de enero y el 21 de marzo de 2021, el INM identificó en operativos de control y verificación a 31 mil 492 personas extranjeras que no contaban con documentación que acreditara su estancia regular en México.       

Esta cifra, dijo, representa 4 mil 779 migrantes extranjeros irregulares más, respecto a los 26 mil 713 localizados en el mismo periodo del año pasado. El mayor número de personas migrantes corresponde a Honduras, con 17 mil 598; seguido de Guatemala, con 9 mil 422; El Salvador, 2 mil 348, y otros países con 2 mil 124, como Bangladesh, Senegal, Mauritania, Nepal, Burkina Faso, Federación Rusa, Israel, Egipto, Sri Lanka, Turquía y Palestina; 4 mil 529 eran mujeres.

Cambios de ruta y acciones legales, la estrategia contra abusos

Ante el aumento en 2019 del control migratorio en todas las fronteras del país y a fin de evitar la detención policial, las mujeres centroamericanas que llegan al sur de México empezaron a cambiar sus estrategias migratorias y sus rutas. 

El informe de hallazgos de la “Misión de Observación de Derechos Humanos” en la frontera sur de México identificó, por medio de entrevistas, que las mujeres comenzaron a migrar más con sus familias en caravanas o éxodos. A diferencia de años anteriores y de los hombres, ellas están cruzando cada vez más por zonas turísticas o más urbanas, como el corredor de la costa de la frontera sur, que involucra ciudades como Tapachula, Tecún Umán, Ciudad Hidalgo, así como el corredor Selva, que incluye municipios de los estados de Tabasco y Chiapas, como Tenosique, Palenque y Salto de Agua. 

En julio de 2019, la Clínica de Acción Legal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e Imumi promovieron el amparo (302/2020) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de que el Estado mexicano deje de participar en una política migratoria violatoria de Derechos Humanos y de la Constitución mexicana. Se espera que el máximo tribunal determine si es legal o no la militarización de las fronteras así como las atribuciones de la Guardia Nacional en temas de migración, al tiempo que reconozca la vulnerabilidad en la que ésta pone a las personas migrantes.