Sin cumplirse sentencias por caso “Atenco” y “Alvarado”

Escrito por Anayeli García Martínez / Cimacnoticias.com

Oaxaca.- Aunque Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado, víctimas de desaparición forzada por un grupo de entre ocho y diez militares en el Ejido Benito Juárez, en el estado Chihuahua, en 2009, no tenían nada en común con las once mujeres golpeadas, detenidas y torturadas sexualmente por mil 815 policías municipales y estatales en Atenco, en el Estado de México, en 2006, también fueron víctimas del modelo de seguridad.

En ambos casos las víctimas buscaron justicia —en el primero la familia de las personas desaparecidas y en el segundo las sobrevivientes de tortura sexual— y lograron que sus denuncias se dirimieran en el máximo tribunal de la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en noviembre de 2018 emitió dos sentencias donde, de fondo, señaló la falta de control sobre el actuar de las fuerzas de seguridad en México.

Tres años después de la emisión de estas sentencias, las víctimas junto con sus abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), aseguraron en conferencia de prensa que el Estado mexicano no ha cumplido las medidas para garantizar verdad, justicia, reparación del daño y medidas estructurales para evitar que sucedan más casos como estos.

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Señalan actuar de fuerzas de seguridad

En la sentencia por el caso de las mujeres de Atenco, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano capacitar a los cuerpos policiales en asuntos de género, crear un observatorio para medir la efectividad de las instituciones o políticas para regular y monitorear el uso de la fuerza (de la policía federal, hoy Guardia Nacional) y fortalecer el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida en contra de Mujeres, así como crear un diagnóstico sobre tortura sexual a mujeres.

La capacitación de funcionarios públicos es una medida importante para garantizar la no repetición de los hechos, es por eso que en la sentencia por el caso Alvarado, el organismo ordenó continuar con la capacitación en Derechos Humanos dirigida a las fuerzas armadas y a la policía y crear un registro único y actualizado de personas desaparecidas, entre otras acciones.

En conferencia de prensa, la coordinadora del área internacional del Centro Prodh, María Luisa Aguilar, expuso que en el caso Atenco hay algunos avances, pero en general las medidas de rehabilitación y atención médica para las sobrevivientes están incumplidas y apenas se están dando algunos pasos para fortalecer el Mecanismo para atender casos de tortura. Además, destacó que el Gobierno de México informó a la Corte Interamericana que no está dispuesto a implementar un observatorio sobre uso de la fuerza, independiente de la Guardia Nacional.

Otro aspecto donde no hay avances es en la investigación de la tortura sexual cometida en 2006 contra las once sobrevivientes. Hay rezagos relevantes, dijo María Luisa Aguilar, en particular porque la Fiscalía General del Estado de México se niega a remitir la investigación a la Fiscalía General de la República (FGR) y ésta a su vez no se coordina con otras instituciones para hacer una investigación estructurada para sancionar a los responsables de los operativos policiacos que dieron origen a la tortura sexual.

Edith Rosales, Italia Méndez, Claudia Hernández y Patricia Romero, sobrevivientes de la tortura sexual, coincidieron en que a tres años de las resoluciones, el Gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha cumplido con estas sentencias porque no tiene voluntad de avanzar y porque alega que actualmente no se cometen violaciones a Derechos Humanos y que casos como el de Atenco se cometieron en el pasado. 

“La 4T ha promovido una simulación constante. Vemos que hay una política de no cumplimento. Ellos como Estado tienen la obligación de juntar a todas las instituciones encargadas del cumplimento, sea Salud, sea la Procuraduría, sea la Fiscalía, pero esto no lo ha hecho”, expuso Edith Rosales, quien aseguró que la FGR ha obstaculizado la investigación y el Estado tiene una actitud de cómplice al no querer tocar a los mandos policiales que ordenaron la tortura.

Entre las mujeres de Atenco hay desazón por el incumpliendo de las obligaciones internacionales del Estado mexicano. A decir de Italia Méndez, a lo largo de tres años sólo han escuchado discursos donde se niegan  las graves violaciones a Derechos Humanos y al mismo tiempo han visto falta de coordinación, por ejemplo, para cumplir con las medidas de rehabilitación y salud médica, como la atención psicológica y psiquiátrica para las sobrevivientes y sus familias.

También mostró su preocupación porque no hay intención de cumplir con medidas estructurales como la creación de un observatorio del uso de la fuerza dirigido a la policía federal, institución que desapareció para convertirse en la Guardia Nacional. Sobre todo ahora que hay una preocupación real, dijo, de lo que está ocurriendo con las fuerzas policiales militarizadas en el país y porque hasta ahora no hay ninguna forma de fiscalizar a estos cuerpos de seguridad.

Otra de las denunciantes de tortura sexual, Claudia Hernández, mencionó que a este gobierno “de izquierda” le falta voluntad para cumplir con la sentencia porque solo da unos pasos como reuniones de trabajo, pero sin cumplir las medidas.  “Justo hoy, después de tres años de la Corte, de la sentencia, y de 15 años de lucha, no hay ningún responsable, no hay nadie en la cárcel, inculpado, por lo que ocurrió en Atenco. No hay ningún autor —ni intelectual ni operativo— de los hechos de Atenco, lo cual me parece muy grave”, dijo.

Por otro lado, agregó la sobreviviente, “vemos el tema de la militarización del país y encontramos que no hay ninguna diferencia con los otros gobiernos, por ejemplo, con el de Calderón (el expresidente Felipe Calderón) que impuso está medida de militarización y que el gobierno de ahora lo sigue manejando”, agregó.

Otra de las mujeres de Atenco, Patricia Romero, aseguró que las sobrevivientes no son las únicas que tienen afecciones y enfermedades por la violencia ocurrida durante los operativos policiacos de 2006. “Es todo un pueblo que fue vandalizado, que fue torturado, que fue violentado. No somos once, son todas las mujeres de un pueblo, son las Alvarado y muchos más que se han suscitado a través de estos años y que se han hecho más presentes”.

Sin plan para buscar a desaparecidas

La coordinadora del Cedehm, Ruth Fierro, destacó que en la sentencia por el caso Alvarado la Corte Interamericana pidió la búsqueda efectiva y estratégica de las tres personas desaparecidas, atención psicológica para toda la familia y medidas estructurales como crear un registro nacional que incluya claramente cuántos casos de desaparición forzada hay en el país, además de capacitación para las fuerzas armadas.

Sitlaly Alvarado, quien es denunciante de desaparición forzada y familiar de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, afirmó que en 2019 tuvieron sólo dos reuniones con personal de la Secretaría de Gobernación para revisar el cumplimiento de la sentencia.

La familia, expuso, se ha enfrentado a la falta de interés real del Gobierno federal. “Parece que los militares tienen cada vez más poder y menos rendición de cuentas”, dijo.

A su vez Rosy Alvarado, hermana de José Ángel, prima de Nitza Paola y tía de Rocío Irene, dijo que en este caso lo que más les interesa es la localización de sus familiares, lo que se puede lograr con un plan de búsqueda estratégico, pero lamentó que hace 12 años estuvo con el presidente de la República, López Obrador, quien les dijo que si él tuviera poder las ayudaría, lo que no ha hecho. “A él no le importamos, no le importa incumplir ninguna sentencia, así sea Atenco, así sea Alvarado”.

Patricia Reyes, madre de Rocío Irene, adelantó que la familia no dará un paso atrás porque saben que los militares fueron responsables de la desaparición de sus tres familiares, aún cuando el gobierno diga que fueron desaparecidos por la delincuencia organizada. “Sabemos que fueron ellos aunque ellos lo van a negar siempre. Nosotros exigimos que se nos diga la verdad, que se nos diga dónde están nuestros hijos, que se nos diga qué hicieron con ellos”.

Las organizaciones que acompañan ambos casos expusieron que, de fondo, las sentencias notificadas en 2018 revisan el modelo de seguridad y el comportamiento de las fuerzas de seguridad, lo que es relevante en el actual contexto de militarización del país. Además, otra coincidencia entre estos casos es que no hay voluntad para avanzar en el cumplimiento de las sentencias ni interés por avanzar en las investigaciones para garantizar justicia y evitar que los hechos se repitan.