Oaxaca.-Los resultados del cuestionario básico del Censo 2020 fueron publicados por el INEGI el 25 de enero. En esta edición, este cuestionario incluyó una pregunta sobre el motivo de la migración de las personas que han cambiado de municipio (o alcaldía), estado o país en los últimos cinco años. Además de motivos como estudiar, buscar trabajo, reunirse con familiares, entre otros, también se identifican los movimientos causados por desastres naturales y por “inseguridad delictiva o violencia” — causas de desplazamiento interno forzado.
De acuerdo con los resultados publicados por el INEGI, entre marzo de 2015 y marzo de 2020 251,513 personas se vieron obligadas a cambiar de residencia al interior del país debido a la inseguridad delictiva o la violencia y 24,175 lo tuvieron que hacer debido a desastres naturales. Los datos disponibles actualmente permiten conocer información sobre el sexo y la edad de esta población, así como su lugar de residencia antes y después de migrar.
Zirándaro, en Guerrero, fue el municipio con un porcentaje más alto de personas que cambiaron de residencia por motivos de inseguridad o violencia.
En su último informe anual, la CMDPDH reportó el desplazamiento de alrededor de 1,500 personas de este municipio debido a enfrentamientos entre grupos delictivos y a la situación de violencia generalizada. A nivel estatal, las entidades federativas que registraron una mayor proporción de migración por inseguridad y violencia fueron Quintana Roo, Guerrero y Tamaulipas. Con relación a la migración por desastres naturales, sobresalen la Ciudad de México y el municipio de Santa María Ozolotepec, en Oaxaca.
El análisis de la información del Censo puede proporcionar información importante para la comprensión de la situación de desplazamiento interno forzado en México.
Nuevos desplazamientos
De acuerdo con el monitoreo permanente realizado por la CMDPDH, en enero de 2021 al menos 620 personas fueron obligadas a desplazarse internamente por la violencia en México. Estos desplazamientos ocurrieron debido a episodios de violencia y violaciones a derechos humanos en los estados de Oaxaca y Tamaulipas.
La publicación cuenta con 21 artículos especializados en el tema y estará con acceso abierto al público general durante los siguientes dos meses.
Uno de los artículos,
Incentivising Political Will for the Response to Internal Displacement: The Role of NGOs in Latin America, presenta estudios de caso sobre cómo el trabajo de organizaciones de la sociedad civil en México y El Salvador ha fomentado la voluntad política de los gobiernos de estos países para reconocer y atender el desplazamiento interno. El artículo fue elaborado de manera conjunta por investigadoras de la CMDPDH y colegas de
CRISTOSAL y
JIPS.
Chiapas
- El año inició con más disparos de armas de alto calibre en contra de comunidades del municipio de Aldama. Algunas semanas después, entre el 26 y el 30 de enero, se reportaron nuevos ataques armados a las comunidades de Chivit, Stzelejpotobtic y a la cabecera municipal. Estos ataques persisten a pesar del “acuerdo definitivo” de resolución del conflicto agrario entre Aldama y Chenalhó, firmado en noviembre de 2020. Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, ha reconocido que los grupos paramilitares de la zona cuentan con una gran capacidad de fuego y que posiblemente algunos están ligados a la delincuencia organizada.
- El 10 de enero, autoridades comunitarias de Mitzitón, en San Cristóbal de las Casas, expulsaron a dos familias tzotziles de religión evangélica que se habían negado a participar en las actividades de la iglesia católica de la comunidad. Las viviendas de las familias fueron destruidas y dos personas fueron privadas de la libertad. No es el primer caso de destrucción de viviendas en Mitzitón: en 2014 al menos 10 casas fueron destruidas debido a un conflicto entre grupos antagónicos y en 2016 84 viviendas fueron saqueadas y destruidas debido a un conflicto de carácter religioso, lo que resultó en el desplazamiento forzado de 350 personas.
- El Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno celebró su vigésima quinta sesión ordinaria, en donde se expusieron los apoyos que hasta ahora se han brindado a las 7,332 personas desplazadas internamente registradas por el gobierno.
- Personas desplazadas de los municipios de Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó denunciaron que han recibido alimentos descompuestos y en cantidades insuficientes. También señalaron la falta de apoyo en materia de vestimenta. Esto representa un incumplimiento de recomendaciones emitidas por organismos nacionales y estatales de derechos humanos.
- La Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia Jiménez-Damary, participó de una conferencia organizada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En su intervención, la Relatora destacó la importancia de abordar las causas profundas del desplazamiento forzado con el fin de prevenir nuevos desplazamientos y alcanzar soluciones duraderas para las situaciones de desplazamiento prolongado.
Ciudad de México
Guerrero
- Personas desplazadas de la sierra de los municipios de Coyuca de Catalán y Petatlán se manifestaron para pedir que sus comunidades sean incluídas en el programa Sembrando Vida, del gobierno federal. Los pobladores buscan que se generen oportunidades productivas en la zona como medida de pacificación y denuncian que la violencia y la presencia de la delincuencia organizada ha provocado el abandono de pueblos enteros.
Oaxaca
- En 2020 se cumplieron 10 años del desplazamiento masivo de habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala. Sin embargo, la población desplazada sigue sin encontrar una solución. En este blog, publicado el 26 de enero, investigadores de la CMDPDH abordaron la situación de desplazamiento prolongado a la que se enfrentan las y los indígenas triquis que fueron desplazados de San Juan Copala en 2010.
- Y la región triqui continúa registrando nuevos eventos de violencia y desplazamiento masivo. A principios del mes, se reportó el retorno de algunas familias que habían sido desplazadas de la comunidad de Tierra Blanca Copala. Sin embargo, el 18 de enero, tras el retiro de las fuerzas de seguridad que se encontraban resguardando la zona, se reportaron nuevos ataques y desplazamientos, por lo cual la CNDH emitió medidas cautelares. En respuesta, el gobierno federal acordó con el gobierno estatal y representantes de las comunidades realizar una visita de carácter humanitario en febrero para dar seguimiento a la situación.
Campeche
- De acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, se están construyendo viviendas muestra para las 300 personas que se verían afectadas y en riesgo de desplazamiento por la construcción del Tren Maya, por vivir sobre el derecho de vía. La dependencia federal señaló que estas viviendas se ofertarán a quien desee reubicarse de forma voluntaria.
Con información de CMDPDH
