Oaxaca.-El 6 de junio las y los mexicanos votaron por más de 20 mil puestos de elección popular, entre ellos 16 gubernaturas, 500 diputaciones federales y 1,926 ejecutivos locales. Durante la jornada electoral se reportaron varios incidentes en municipios donde hay personas en situación de desplazamiento interno, desde la cancelación de la instalación de casillas hasta ataques armados en contra de personas que acudían a votar. La participación en asuntos públicos —en este caso mediante la elección de representantes a puestos públicos— es un derecho humano muchas veces vulnerado en situaciones de violencia y desplazamiento, y consiste en uno de los derechos fundamentales que deben ser restablecidos para que las personas desplazadas internamente puedan encontrar una solución duradera.
En el municipio de Venustiano Carranza, en Chiapas, donde documentamos desplazamientos en abril de 2020 y en este mes, se cancelaron las votaciones debido a la situación de inseguridad derivada del conflicto entre la Alianza San Bartolomé de los Llanos y la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ - Región Carranza). También en Chiapas, habitantes de Santa Martha, Chenalhó, atacaron con armas de fuego a pobladores de Aldama que acudían a votar en la comunidad San Pedro Cotzilnam.
En la localidad de Guadalupe Victoria, municipio de Jerez, Zacatecas, se instalaría una casilla especial para que los habitantes de cuatro comunidades (Villa Hermosa, Cieneguita de Fernández, Monte de los García y Ordóñez) pudieran votar, ya que debido a la inseguridad y el desplazamiento de varios de sus pobladores a la cabecera municipal se determinó suspender la instalación de casillas para votación en estas comunidades. Sin embargo, los funcionarios de dicha casilla recibieron amenazas de muerte, por lo que esta no fue instalada y se tuvo que adaptar una casilla en la central de autobuses del municipio.
En la comunidad El Aguaje, en Aguililla, Michoacán, donde hemos documentado el desplazamiento forzado de varias familias y un contexto de violencia generalizada provocado por el enfrentamiento de dos grupos armados, no se instalaron casillas electorales. En Tierra Blanca Copala, comunidad del municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, donde varias familias fueron desplazadas en diciembre de 2020, tampoco se instalaron casillas electorales por cuestiones de seguridad, ya que el conflicto armado persiste. Las personas de esta comunidad tuvieron que emitir su voto en la localidad de Yosoyuxi, donde muchas se han refugiado tras su desplazamiento.
En junio hubo al menos dos episodios de desplazamiento interno en México, ambos en Chiapas.
El primero ocurrió en la localidad Santa Isabel Las Delicias, en Venustiano Carranza, donde 35 familias (un estimado de 133 personas) tuvieron que desplazarse hacia la cabecera municipal cuando hombres armados de la Alianza San Bartolomé de los Llanos destruyeron sus hogares y quemaron vehículos, documentos y bienes materiales.
El segundo ocurrió en la localidad de Ch’ivic, en el municipio de Aldama, donde más de 40 personas, en su mayoría mujeres y niñas/os, fueron obligadas a desplazarse a un campamento improvisado ante las continuas agresiones armadas en contra de esta y otras comunidades de Aldama.
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