Uso excesivo de fuerza policiaca en protestas feministas en 2020

Oaxaca.-En México es recurrente que los cuerpos de seguridad arresten y amenacen con violar o desaparecer a la mujeres que se manifiestan en las calles, como sucedió en las movilizaciones de Guanajuato, Sinaloa, Estado de México, Quintana Roo y Ciudad de México, durante 2020.

Así lo expuso Amnistía Internacional en su más reciente informe “México, la (i)era de las mujeres”, donde documentó testimonios de participantes de estas manifestaciones que salieron a exigir justicia, sin que sus demandas fueran oídas por las instituciones del Estado.

Al presentar este informe, en conferencia de prensa virtual este 3 de marzo, la investigadora de Amnistía Internacional, Ariadna Tovar, expuso que durante las manifestaciones la policía hace un uso excesivo e innecesario de la fuerza, detienen a las mujeres de forma ilegal y sin razón, las agreden verbal y físicamente y las violentan sexualmente.

El primer gran hallazgo de esta investigación, dijo, es que en México se está generando un ambiente hostil contra las manifestantes feministas que se pronuncian contra la violencia de género, algo que es alimentado con el estigma que promueven los medios de comunicación y algunas autoridades.

Tovar destacó que estos actores califican las marchas feministas de violentas, a pesar de que son pacíficas. Además, señaló que pintar consignas en paredes, intervenir o modificar monumentos y romper cristales no puede considerarse como actos de violencia, porque la violencia implica poner en riesgo inminente la vida de las personas.

Expuso que si bien las autoridades pueden tomar medidas para proteger bienes públicos o privados no puede, éstas no pueden implicar vulneración de derechos de personas manifestantes.

Otro estigma que se ha creado es creer que las mujeres que se cubren el rostro total o parcialmente para salir a manifestarse son mujeres violentas o sospechosas de cometer delitos, pues, dijo Tovar, hay que considerar que todas las personas pueden manifestarse anónimamente.

Por otra parte, la consultora agregó que hay un estigma contra las personas que se visten de negro, creyendo que van a cometer delitos o ya los cometieron. La investigadora recordó que México debe tomar medidas contra los estereotipos de género, es decir, contra las pre-concepciones de cómo deberían comportarse las mujeres.

En este informe se documentaron las manifestaciones del 22 de agosto de 2020 en León, Guanajuato; del 10 de septiembre en Culiacán, Sinaloa; del 10 de septiembre en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México; del 11 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México; del 28 de septiembre, en la Ciudad de México; y del 9 de noviembre en Benito Juárez, Quintana Roo.

En estas movilizaciones se documentaron detenciones ilegales de mujeres, quienes fueron traslados en vehículos no oficiales, no se les dio información de la razón de su arresto o no fueron presentadas a ninguna autoridad competente. Ellas también fueron intimidadas verbalmente y muchas tuvieron el temor de ser víctimas de desaparición forzada.

Ariadna Tovar señaló que encontraron que las manifestantes que fueron detenidas fueron golpeadas y jaloneadas, vivieron abuso verbal para castigarlas por manifestarse, recibieron comentarios y burlas sobre las consignas feministas y les tomaron fotografías. Además señaló que Amnistía Internacional ha documentado que la violencia sexual en manifestaciones es una táctica ilegíima de orden público.

Las manifestantes feministas y contra la violencia de género son un grupo en riesgo de vivir vulneración a sus Derechos Humanos, dijo. En este contexto, la organización internacional hizo una serie de recomendaciones. Entre ellas, entender que hay un problema que debe abordar: la violencia de género.

La organización llamó a revisar la legislación, políticas y prácticas relativas a las manifestaciones, con el fin de garantizar y facilitar el ejercito del derecho a la libre expresión y reunión pacífica; y abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes contra quienes se manifiestan; así como reconocer de forma constante la legitimidad de estas demandas de mujeres.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Tania Reneaum Panszi, explicó que en este informe se muestran testimonios personales de mujeres que fueron detenidas en marchas y que fueron amenazadas de violación sexual o desaparición. Al juntar estas vivencias documentaron que sus vivencias no se tratan de una experiencia aislada, sino de una experiencia política porque se reitera una y otra vez.

“En este país hay una política de Estado que permite que a las mujeres se les agrade, se les viole y se les mate”, dijo.

Señaló que es necesario cambiar la narrativa y dejar de decir que las mujeres salen a las calles enojadas. La movilización de las mujeres, agregó, tiene un valor político, por tanto exigen respuestas políticas y se les debe escuchar para entender por qué están enojadas y por qué salen a las calles e intervienen espacios públicos.

Esta es la era de la reivindicación de los derechos, las marchas no son coyunturales y las mujeres quieren salir a las calles con la seguridad de que el Estado no va a reproducir la violencia, agregó.

La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, expuso que desde 2019 en países como Chile, Ecuador, Venezuela, Haití Estados Unidos y Bolivia centenares de personas se manifiestan exigiendo rendición de cuentas, alto al racismo y la desigualdad o para pedir a sus respectivos gobiernos políticas que no violen los Derechos Humanos.

En estas protestas, dijo, las mujeres jóvenes son las protagonistas. Recordó que tras las manifestaciones, en países como Argentina las mujeres ganaron el derecho al aborto en diciembre de 2020 cuando se legalizó la interrupción del embarazo. Es decir, las calles han sido un motor para los cambios que las mujeres han demandado históricamente.

Chile, señaló, es otro ejemplo de un país donde en octubre de 2019 comenzaron manifestaciones ante el incremento del costo del transporte público. Esas protestas se convirtieron en una ola de indignación contra el modelo económico y los gobiernos que han priorizado los intereses económicos sobre los Derechos Humanos de las mayorías.

En este contexto, este informe representa una realidad que no sólo ocurre en México, aunque en este país las protestas feministas han sido la punta de liderazgo de una oposición legítima, que ejemplifica los riesgos que enfrentan las mujeres que toman las calles y que son estigmatizadas, criminalizadas y reprimidas de forma violenta.