Con el confinamiento en los hogares generado por la pandemia de Covid-19 más mujeres y niñas se vieron expuestas a la violencia de género al convivir con sus agresores y a pesar de ser considerados servicios de salud esenciales, los horarios a la atención reproductiva y sexual se vieron recortados.

De acuerdo con el representante auxiliar del UNFPA en México, Iván Castellanos, esto tendría como consecuencia el aumento vertiginoso de la violencia sexual, embarazos no deseados y barreras en el acceso a la atención médica. UNFPA ha detectado por ejemplo un incremento en los precios de métodos anticonceptivos debido a la limitación de la producción, lo que podría aumentar la demanda insatisfecha.

El propio Consejo Nacional de la Población (Conapo) estimó que en México el número de adolescentes sexualmente activas, que desean evitar un embarazo con necesidades insatisfechas de anticoncepción podría incrementarse de 29.6 por ciento a 35.5 por ciento en un escenario moderado y podría elevarse hasta 38.4 por ciento en un escenario pesimista a raíz de la contingencia sanitaria. Esto repercutiría en 191 mil 948 embarazos no deseados o no planeados de adolescentes y podría elevarse hasta los 202 mil 770.

Castellanos explicó que la autonomía corporal consiste en “el poder tener la capacidad de la toma de decisiones del propio cuerpo, sin miedo a situaciones de violencia o que otra persona decida por ti misma” y aunque en la actualidad aún no se disponen de mediciones adecuadas sobre la autonomía corporal, UNFPA logró para este informe una aproximación a través de dos indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), uno cuantifica la toma de decisiones y el otro las leyes sobre la atención de la salud reproductiva.

Así, mientras en el mundo 45 por ciento de las mujeres no tiene el poder y la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos; si quieren o no tener relaciones sexuales, cuándo y con quién; los métodos anticonceptivos que desean utilizar; y la libertad de acudir a los servicios médicos cuando sea necesario, en el caso mexicano a partir de datos obtenidos de la Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (Endireh) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se conoce que 7 por ciento de las mujeres casadas o unidas toman la decisión de tener o no relaciones sexuales; alrededor de 4 por ciento dijo que esta decisión la toman en conjunto con su pareja, pero normalmente es ella quien tiene la preponderancia; y 76 por ciento la toman en pareja.

Al hablar del método anticonceptivo que las mexicanas desean utilizar, el experto detalló que 14 por ciento dijo tomar sola la decisión y 48 por ciento con su pareja. Respecto a decidir sobre tener o no hijos, en 9 por ciento son las mujeres quienes lo deciden de forma unánime y 66 por ciento lo han determinado con su pareja.

Respecto al segundo indicador de los ODS que utilizó UNFPA en este reporte es el 5.6.2, que pretende monitorear el número de países con leyes y reglamentos que garantizan a las mujeres y hombres, a partir de los 15 años de edad, un acceso pleno e igualitario a los servicios de salud sexual y reproductiva y a información y educación al respecto.

De los 57 países que disponían de información, se encontró que únicamente 75 por ciento garantizan legalmente un acceso pleno a la anticoncepción; 80 por ciento tienen leyes que apoyan la salud y el bienestar sexual; y 56 por ciento tienen leyes y políticas que apoyan la educación integral sexualidad.

Sin embargo, Iván Castellanos mencionó que la existencia de leyes o normas no siempre significa que se apliquen o se hagan cumplir. “En México, las Normas Oficiales, por ejemplo, son elementos fundamentales, se requiere de un proceso de fortalecimiento institucional, en términos de las capacidades de las y los prestadores de servicios y de cómo verdaderamente podemos transmitir la importancia de este tipo de conceptos y sobre todo el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos”.

A pesar de que el reporte deja entrever por primera ocasión la situación de la autodeterminación corporal de las mujeres aún existen limitaciones en la medición. No sólo son pocos los países que generan datos al respecto, además, las preguntas únicamente se hicieron a las mujeres que mantienen relaciones de convivencia o las que están en edad reproductiva, y quedan cuestiones respecto a la autonomía corporal que siguen siendo objeto de debate como la gestación subrogada, mujeres en situación de prostitución y el aborto.

 “Hay todo un entorno que limita el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y por tanto, es tan importante tomar medidas institucionales que reconocen las particularidades ante la pandemia”, señaló Castellanos.  En el informe se dan algunas recomendaciones para asegurar la autonomía corporal de todas las personas. Un primer paso es sociabilizar el concepto, ya que muchas personas ignoran que tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

Otro factor clave es educación sexual integral, las mujeres con un mayor nivel de educación tienen más probabilidades de tomar sus propias decisiones sobre el uso de anticonceptivos y la atención de la salud, así como de poder negarse a mantener relaciones sexuales.

Asimismo, corresponde al Estado asegurar el personal sanitario para defender y reafirmar la autonomía corporal y las leyes deben estar en consonancia con los Derechos Humanos.