Escrito por Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimacnoticias

Oaxaca.- Hace 14 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) negó la tortura sexual contra la indígena náhuatl de 73 años de edad, Ernestina Ascencio Rosario y avaló la afirmación presidencial hecha por el extitular del ejecutivo, Felipe Calderón quien aseguró que la señora había muerto por una gastritis crónica. Hoy, este organismo reculó su postura y reconoció que la indígena fue agredida sexualmente por parte de elementos del 63 Batallón de Infantería del Ejército, y que funcionarios de distintos niveles fueron presionados por autoridades federales para que cambiaran la versión de los hechos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó este 4 de noviembre el Informe de la Recomendación 34/2007: Memoria, verdad, justicia y reparación, en el que analizó las acciones y omisiones realizadas por las dependencias y organismos que intervinieron en la investigación del caso de la señora Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, que falleció en febrero de 2007 a causa de una serie de agresiones cometidas en su contra y por la falta de atención médica adecuada y oportuna. 

Este informe se presentó luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conociera del caso en una audiencia realizada en diciembre de 2020 e iniciara un informe de fondo para determinar si lo presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Derivado de este proceso y de una nueva queja presentada ante este organismo por la familia de Ernestina por la falta de reparación del daño, la CNDH inició reuniones con diferentes actores del caso, entre ellas la propia familia de la indígena, algunas autoridades de entonces, las y los médicos legistas que participaron en el proceso y organizaciones de la sociedad civil que han acompañado el caso. 

Como parte de estas entrevistas se obtuvo, entre otros hallazgos, que el 21 de abril de este año la CNDH se reunió con el entonces médico legista de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV), quien refirió –como en el pasado– que había sido víctima de acoso laboral, presiones y hasta despido injustificado por sostener bajo su evidencia que la indígena había sido agredida sexualmente. En ese mismo mes, la Comisión se reunió con quien fuera entonces presidente municipal de Soledad Atzompa, Veracruz, quien aseguró haber escuchado de la propia voz de Ernestina, aún con vida, que fue violada por los militares pero que fue intimidado por el entonces subsecretario federal para que cambiara la versión de los hechos. 

La CNDH aseguró que existen declaraciones y testimonios que señalan que a 14 años del asesinato de Ernestina Ascencio el expresidente de esta Comisión, José Luis Soberanes Fernández, presionó al exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, para que modificara el resultado de la investigación, lo que originó que en una reunión a puertas cerradas realizada en las instalaciones del organismo nacional se cambiara el dictamen médico sobre la causa de muerte de la indígena y se desaparecieran los hechos relacionados con la agresión sexual. 

Esta presión también fue señalada por el entonces secretario de Gobernación de Veracruz, quien además aseguró para el informe que el entonces presidente de la CNDH habría persuadido a su homónimo en la entidad para descartar el dictamen médico legista que revelaba la tortura sexual ejercida por los militares. 

La CNDH también señaló, tras la revisión del expediente, que el actuar de los servidores públicos tanto de la PGJV, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la propia CNDH, se centró en descalificar y contradecir los resultados que se tenían y que la “opinión médica integral” que presentó la CNDH debió ser inadmisible como el elemento para desvirtuar las acusaciones hechas por el MP y las pruebas obtenidas en la necropsia. 

Como parte de los hallazgos, la Comisión afirmó que asumió indebidamente funciones de ministerio público y confirmó la muerte por causas naturales de la indígena. Por esta declaración, la PGJV y la Procuraduría de Justicia Militar determinaron que no había delito qué perseguir y archivaron el caso. 

Además, se identificaron omisiones en la aplicación de la perspectiva de género, enfoque de interculturalidad y de interseccionalidad en las actuaciones de la CNDH y en la investigación en general, y hubo manipulación de los hechos a través de la opinión con relación al proceso de traducción náhuatl- español y viceversa, de una serie de entrevistas realizadas sobre este caso. 

“En el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio están impresas las marcas de una sociedad que silencia a las víctimas, de un Estado que ha sido incapaz de hacer justicia, y de un manto de señalamiento, vergüenza y culpa que impide que hasta el día de hoy se reconozca la verdad sobre lo sucedido”, reconoció el organismo.

También dijo que lo que ocurrió alrededor del caso de Ernestina Ascencio Rosario deja claro cuál fue la prioridad del gobierno federal en turno, que se caracterizó por la militarización de las principales regiones indígenas del país teniendo como justificación la seguridad del Estado.

“Este informe confirma que Ernestina Ascencio Rosario y sus familiares fueron invisibles para las leyes mexicanas y para quienes encabezaban entonces esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, negándoles el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral”, remató.

Con este informe, la Comisión exhortó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a la Secretaría de Salud de Veracruz y a la Secretaría de la Defensa Nacional, a coadyuvar en más acciones de disculpa pública y reparación integral a 14 años de los hechos victimizantes que causaron la muerte de Ernestina Ascencio.