Oaxaca.-El proyecto para posponer temporalmente el ejercicio de revocación de mandato del Presidente de la República dividió ayer al Consejo General del INE.

Del lado del consejero presidente, Lorenzo Córdova, se colocaron Ciro Murayama, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Roberto Ruiz Saldaña y Dania Ravel.

Los consejeros Carla Humprey, Uuc-Kib Espadas, Adriana Favela, Norma de la Cruz y Martín Faz votaron en contra, argumentando que la consulta se podría desarrollar con el ahorro de recursos y número menor de casillas, así como eliminar el conteo rápido y la impresión de parte de la papelería.

Córdova argumentó que un déficit de dos mil 327 millones de pesos, derivado del recorte de casi cinco mil millones de pesos aprobado en la Cámara de Diputados, no hacía viable organizar un ejercicio revocatorio que implica la instalación de 161 mil casillas, las mismas que operaron en la elección presidencial de 2018.

“Hoy no es el INE el que pone en riesgo la celebración de una eventual revocación de mandato, sino quienes tomaron la decisión política de negar los recursos que se requieren para que este proceso se lleve a cabo con todas las garantías de legalidad y certeza”, planteó.

En desacuerdo, la consejera Norma de la Cruz estimó que el proyecto carecía “de la debida fundamentación”.

“Era atendible con un acuerdo para reprogramar algunas actividades, por ejemplo, la instalación de los consejos y las oficinas municipales”, dijo.

Uuc-kib Espadas estimó que si un consejero renunciara al 50 por ciento de su salario, se requerirían tres mil 566 años para reunir los tres mil 830 millones de pesos necesarios para el proceso de revocación.

Pero el consejero terminaría por votar en contra.

“El INE no puede acordar nada que derive de una insuficiencia presupuestal que aún no existe, y esto es lo que ha establecido la Corte a través del Ministro ponente”, repuso.

En contraste, Ciro Murayama expuso que, con la reducción de 4 mil 913 millones de pesos a lo solicitado por el INE, se tomaron “decisiones a ciegas, sin análisis, sin medir las implicaciones de recortar por recortar”.

“Hacer procesos electorales por fuera de los estándares legales y constitucionales no es una salida válida. No nos pidan que hagamos remedos de elecciones: aquí cumplimos la Constitución, no caprichos del Gobierno en turno”, advirtió.

En tanto, José Roberto Ruiz expresó que la decisión de posponer el ejercicio deriva de no aprobar al INE los recursos necesarios.

Para Carla Humprey no es común que se suspenda una actividad por falta de recursos.

“Nuestra obligación es caminar a la realización de la revocación con los recursos que tenemos, más cuando la semana pasada este Consejo conoció el avance de un 26 por ciento de las 221 actividades programadas”, señaló.

En el mismo tono, Martín Faz aclaró que no podía acompañar “la visión de que existe una completa imposibilidad para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato”.

Adriana Favela planteó seguir adelante con los procedimientos por acciones que pudieran ser violatorias de la legislación electoral, en referencia a la recabación de firmas.