Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimacnoticias

Oaxaca.- Hasta diciembre de este 2021 México tiene una Razón de Mortalidad Materna (RMM) de 54.9 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa un incremento de 24.9 por ciento respecto al cierre de 2020; y cuatro de cada 10 de estas muertes estuvieron relacionadas con la enfermedad de COVID-19, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

En el informe semanal de notificación inmediata de muerte materna, la Secretaría de Salud informó que al 13 de diciembre de 2021 se registraron mil 9 defunciones de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, o lo que se conoce como muerte materna. Con este número, la RMM alcanzó un total de 54.9 defunciones por cada 100 mil nacimientos. 

Esta cifra, que aún no es la definitiva para el cierre del 2021, supera a cualquier otra de los nueve años anteriores. Por ejemplo, en 2012 (primer año del que se tiene registro) se contabilizaron 909 defunciones, lo que dio una RMM de 42.3; a excepción de 2014, las cifras de defunciones se mantuvieron a la baja los años siguientes, alcanzando una RMM de 33.2 en 2018 y en 2019. En 2020, primer año de la pandemia, las defunciones de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio aumentaron hasta alcanzar una RMM de 44. 

Este 2021, sin embargo, se posiciona como el año con el de mayor número de muertes maternas al pasar de 44 defunciones en 2020 a 54.9 hasta este mes de diciembre. La COVID-19 se posicionó como la principal causa de decesos, con 441 (43.7 por ciento) de estas muertes.

Los edemas, proteinuria y trastornos hipertensivos que complican el embarazo, el parto y el puerperio, que hasta 2019 eran la principal causa de la Muerte Materna, ahora ocupan el tercer lugar con 11.4 por ciento de las defunciones. 

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, las entidades con más defunciones maternas son: Estado de México (126), Puebla (72), Veracruz (70), Jalisco (59) y Chiapas (52). En conjunto, estas entidades suman 37.6 por ciento de las defunciones registradas.

En una entrevista realizada en septiembre pasado, la secretaria Técnica del Observatorio de Mortalidad Materna, Hilda Eugenia Argüello Avedaño, y el investigador de este Observatorio, Francisco Antonio Gómez Gillén, explicaron que entre las posibles causas del aumento de la RMM en el país es que no se contó con información oportuna sobre los efectos del virus en la salud de las mujeres embarazadas. 

La información faltante, advirtieron, fue aquella sobre unidades médicas disponibles para tratar emergencias obstétricas y sobre signos y síntomas de alarma de emergencia obstétrica vinculada con COVID-19; además, destacaron la falta de campañas masivas en medios de comunicación. 

Ambos expertos detallaron que la ausencia de información se debió a que al inicio de la pandemia no se había generado la suficiente evidencia médica que indicara que las mujeres embarazadas tenían más riesgos de morir. Con la pandemia se confirmó que un tercio de las mujeres que fallecieron en el embarazo, parto o puerperio por COVID-19, necesitaron unidades de cuidados intensivos y cerca de un tercio de ellas requirieron intubación. 

De acuerdo con la información del Observatorio, el aumento de la RMM es una conjugación de varios fenómenos. Primero porque tiene una relación íntima con la pobreza, con la no garantía plena del ejercicio del derecho a la salud en contextos de inaccesibilidad geográfica o cultural, así como la baja calidad o disponibilidad en la atención de los servicios de salud.

No obstante, a decir del Observatorio, la pandemia por COVID-19 significó para México un retroceso en MM, al menos en términos cuantitativos, de más de 10 años. 

Durante la pandemia, otros dos factores fueron decisivos para el aumento de la MM: uno de ellos fue que las mujeres dejaron de acudir a los servicios de salud por miedo al contagio del virus y porque ven los hospitales como lugares “de muerte”, dado el contexto histórico de racismo y misoginia que ahí han experimentado. 

El segundo factor es que en México la política pública indica que todos los partos deben ser atendidos en hospitales, los cuales estaban saturados por pacientes con COVID-19, además, la conversión hospitalaria para la atención de la pandemia redujo la oferta para la atención de emergencias obstétricas.