“La Convención continúa protegiendo los derechos de las personas refugiadas en el mundo”, comentó Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

 

“Gracias a la Convención, se han salvado millones de vidas. Setenta años después de su formulación, resulta fundamental que la comunidad internacional defienda sus principios.”

 

El Alto Comisionado se mostró consternado por los intentos recientes, de algunos gobiernos, por desatender o evadir los principios de la Convención. Estos intentos van desde expulsiones y rechazo de personas refugiadas y solicitantes de asilo en las fronteras terrestres y marítimas, hasta propuestas que consisten en transferir a estas personas por la fuerza a terceros países sin garantizar su protección 

 

Setenta años después de que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 haya sido presentada para firma de los Estados, Grandi señaló que el tratado constituye un elemento esencial del derecho internacional de los derechos humanos y que, al día de hoy, continúa teniendo la misma relevancia que tenía en aquel entonces.

 

“El lenguaje de la Convención es claro en lo que se refiere a los derechos de las personas refugiadas, y sigue siendo aplicable en el contexto de retos y emergencias que nunca antes se habían visto, como la pandemia de COVID-19”, indicó Grandi.

 

Tanto la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 como el Pacto Mundial sobre los Refugiados exhortan a la cooperación internacional para encontrar soluciones en favor de las poblaciones refugiadas. 

 

Grandi hizo hincapié en la importancia de que la comunidad internacional defienda los principios clave para la protección de las personas refugiadas, según versan en la Convención, lo que incluye el derecho a que ninguna persona que esté huyendo de la persecución sea enviada de vuelta al peligro.

 

El septuagésimo aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados se da apenas un par de meses después de que ACNUR cumpliera siete décadas como la organización que recibió el mandato de proteger a las personas desplazadas por la fuerza.