Anayeli García Martínez / Cimacnoticias

Oaxaca.-Hasta el mes de abril 155 organizaciones convocadas por “Las Constituyentes Feministas CDMX”, “Nosotras Tenemos Otros Datos” y “Brujas del Mar”, e integradas en “La Observatoria Ciudadana” para vigilar el desarrollo del actual proceso electoral, han ubicado 72 políticos en funciones y candidatos señalados de abuso sexual, violación, violencia intrafamiliar, pederastia, lesiones y pornografía, entre otros delitos.

Esta lista de supuestos agresores que compiten por un cargo de elección, muestra que el aspirante a la gubernatura del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien enfrenta dos denuncias penales por violación sexual y es señalado de acosar sexualmente a otras mujeres, no es el único político mexicano con antecedentes de violencia que intenta ser electo en junio próximo para ocupar un cargo de poder.

Cumplir esta tarea de vigilancia no es fácil. En el país se elegirán 21 mil cargos, entre ellos 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, diputaciones locales en 30 congresos e integrantes de ayuntamientos en 29 entidades. Solo para competir por diputaciones federales los partidos registraron 3 mil 471 fórmulas. Las agrupaciones civiles quieren comprobar que estos candidatos no cuentan con señalamientos, denuncias, investigaciones o sentencias por delitos relacionados con violencia de género.

A pesar del trabajo que implica esta revisión, las colectivas están poniendo el foco en las denuncias en redes sociales, en particular aquellas que se difunden en Facebook y Twitter, en casos que aparecieron en los medios de comunicación, y en los que ellas han acompañado. A la fecha tienen 36 perfiles, con nombre, fotografía, partido político y cargo que ocupan o que buscan obtener en la jornada electoral del 6 de junio. Sin embargo, algunos de ellos ya se bajaron de la contienda.

La feminista y defensora de los Derechos Humanos y fundadora de “Las Constituyentes Feministas CDMX”, Yndira Sandoval Sánchez, aclaró en entrevista que además de esos 36 casos, tienen 10 más que están en verificación y en su base de datos sumaron otros 26 que detectó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. De estos últimos no tienen más detalles debido a que la información es confidencial, pero es un dato que dio a conocer el consejero presidente del instituto local, Oswaldo Chacón Rojas, este 14 de abril.

La violencia contra las mujeres en la vida pública siempre ha existido, pero desde 2017 Yndira Sandoval junto con “Las Constituyentes” propuso establecer como regla la “Declaración 3 de 3 contra la violencia de género”, para que aquellos hombres que aspiren a un cargo legislativo, de gobierno o administrativo, hagan pública tres declaraciones: no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y no ser agresor de mujeres.

En estos comicios el Instituto Nacional Electoral (INE) retomó la propuesta feminista, misma que fue apoyada por diputadas federales. En 2020 el organismo incluyó la “3 de 3” en los lineamientos para que los partidos políticos atiendan, reparen, sancionen y erradiquen la violencia política en razón de género, a fin de evitar que quienes cometan actos de violencia sean postulados.

El organismo diseñó unos formatos que las y los candidatos tuvieron que entregar a la hora de solicitar su registro como aspirantes. En ese documento las personas candidatas y sus suplentes manifestaron, bajo protesta de decir verdad y de buena fe, que no tenían sanción o resolución firme en su contra por ninguno de los delitos y supuestos de la “3 de 3”.  Este requisito fue retomado por organismos electorales locales como el de Chiapas.

Sin embargo, después de recibir esta documentación el INE y los institutos locales deben verificar la veracidad de lo declarado. El pasado 3 de abril el organismo nacional acordó que tomaría una muestra aleatoria para hacer una revisión. Durante abril la Secretaría Ejecutiva del INE está solicitando información a diversas autoridades para verificar que las y los candidatos no tienen resoluciones firmes relacionados con delitos de violencia familiar, agresiones de género, delitos contra la libertad sexual o la intimidad corporal, así como la calidad de persona deudora alimentaria o morosa.

Mientras el INE hace esta tarea de forma muestral, a fin de no comprometer la capacidad operativa y humana del instituto –porque se trata de 8 mil 500 candidaturas, según argumentaron los consejeros en la sesión del 3 de abril– las agrupaciones feministas decidieron no esperar y hacer su propio registro, en el cual se incluyen funcionarios a cargos federales y locales y funcionarios públicos que tengan sentencias, denuncias, investigaciones o señalamientos anónimos de violencia.

No solo eso, las integrantes de “La Observatoria Ciudadana” también diseñaron las “antiboletas”, es decir, una imagen como el de las boletas electorales que se usarán el 6 de junio para marcar el voto, pero en estas colocaron las fotografías y nombres de funcionarios y candidatos agresores, así como las acusaciones en su contra y los emblemas de los partidos políticos que los apoyan.

Estas imágenes comenzaron a circular en la cuenta de Twitter de “Brujas del Mar”, el pasado 8 de abril. A una semana de dar a conocer los primeros perfiles, los partidos políticos no se han manifestado al respecto. A pesar de ello, las colectivas comprometidas con visibilizar a los violentadores continúan verificando perfiles, así lo expuso a esta agencia la abogada y vocera de la colectiva feminista Brujas del Mar, Arussi Unda Garza. 

Este colectivo ha publicado 36 perfiles de agresores, algunos de los cuales ya dijeron que no competirán en la jornada electoral.

La abogada veracruzana señaló que el caso de Félix Salgado Macedonio, apoyado por Morena para buscar la gubernatura del estado de Guerrero y cuya postulación fue cancelada por el INE este 13 de abril por no presentar informe de gastos de precampaña, muestra que un agresor que tiene una denuncia puede seguir en el juego político. Unda Garza enfatizó que la candidatura de este político pende de un hilo por violar las reglas de fiscalización, no por ser agresor sexual.

En el caso de Salgado Macedonio, desde el proceso electoral de 2018, cuando ganó una senaduría, ya contaba con una denuncia penal por el delito de violación sexual. En 2020, cuando pidió licencia para ausentarse de su cargo como legislador para comenzar su precampaña a la gubernatura, se presentó una segunda denuncia en su contra, también por violación sexual. Esta segunda acusación fue desechada por la Fiscalía estatal de Guerrero porque el hecho ocurrió en 1998.

Arussi Unda expuso que en estos tiempos electorales las colectivas no pretenden golpear a ningún partido político, “simplemente queremos abonar al tema del voto informado y pues, por supuesto, que no pongan agresores en puestos de poder”.  Explicó que las organizaciones cuentan con copias y fotografías de testimonios de mujeres que han sido víctimas de violencia de los hombres que han señalado en las “antiboletas”.

Antes de que circularan las “antiboletas”, Movimiento Ciudadano le pidió a Hugo Carballo Fernández, aspirante a una diputación federal por San Luis Potosí, renunciar luego de que mujeres integradas en el colectivo “Movilización Vivas nos Queremos San Luis Potosí” difundieron un pronunciamiento enviado a las y los dirigentes de ese partido a nivel estatal y nacional y al INE donde aseguraron que “un agresor no puede ser diputado”.

En su momento, la defensora de Derechos Humanos, Arely Torres-Miranda, expuso en su cuenta de Twitter que desde julio de 2020 varias mujeres alzaron la voz en redes sociales para denunciar públicamente actos de agresión sexual cometidos por Carballo Fernández, entonces activista político. De acuerdo con Movimiento Ciudadano, el candidato es investigado dentro del partido, pero no quiere renunciar. En este contexto, las colectivas feministas crearon su “antiboleta”.

En Veracruz, Isaac Ferez Esparza, aspirante a una diputación federal por el Partido Verde Ecologista, renunció después de ser señalado como agresor sexual, actos que cometió hace aproximadamente tres años, cuando estudiaba en la Universidad Anáhuac. En este caso las víctimas denunciaron de forma anónima arropadas por el movimiento universitario “MeToo” para proteger su identidad.

Otro personaje que aparece en la lista ciudadana es Humberto Santos Ramírez, quien fue precandidato a una diputación local en el estado de Oaxaca, por Morena. En marzo pasado el político dejó de lado sus aspiraciones cuando las feministas del estado recordaron que fue el creador del chat “Sierra XXX”, donde se difundieron imágenes sexuales de mujeres indígenas, obtenidas sin su consentimiento.

Después de renunciar, Santos Ramírez llamó a apoyar a Jesús Diego, quien también participó activamente en el chat de WhatsApp, para que fuera considerado en la encuesta que realizaría Morena para elegir a su abanderado. Finalmente, a este aspirante no se le incluyó en el sondeo y no competirá por una diputación local. Aún así tiene su propia “antiboleta”.

Yndira Sandoval Sanchez detalló que el registro de “La Observatoria” lo encabezan los funcionarios o candidatos de Morena, le siguen los de Movimiento Ciudadano, después los de la alianza PAN-PRI-PRD, Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario y los partidos locales. Los delitos que más se repiten son los relacionados con la violencia sexual y violencia intrafamiliar, que incluye golpes y lesiones.

Entre los hombres señalados que ya ocupan un cargo de poder están: Noé Castañón Ramírez, senador por Movimiento Ciudadano. En 2018 cuando él llegó al Senado se conoció que su esposa lo denunció penalmente por violencia familiar y sustracción de infantes, al no dejarla ver a sus hijos. 

También está el nombre de Marcos Antonio Zapotitla Guerrero, diputado en el Congreso de Morelos por el Enuentro Solidario, acusado penalmente de violación sexual. Aunque en febrero el partido lo separó de la bancada, el político se amparó para seguir como legislador.

Otro caso que demuestra la gravedad de que existan candidatos agresores es el de Cristóbal Arias Solís, candidato a la gubernatura del estado de Michoacán por el partido Fuerza por México. Este caso no está contemplado en la lista de agresores que ya circulan, pero Yndira Sandoval recordó que en 2005 la esposa de Arias Solís lo denunció por intentar asesinarla. Sin embargo, en 2020, durante las precampañas, la esposa del político advirtió que fue una pelea de pareja que se aclaró y que no debería usarse en un proceso electoral.

Sandoval Sánchez detalló que no todos los casos que están documentados tienen denuncias penales y no todos son candidatos, pero consideró importante incluir estos perfiles ya que la propuesta de la sociedad civil ha sido que ningún agresor ocupe cargos públicos y demostrar que ya hay violentadores en organismos legislativos e instituciones de gobierno. Además, dijo, las mujeres creen en la palabra de las denunciantes. 

La defensora insistió en que este listado no es para atacar a los políticos, sino para colocar en el radar público que no ser agresor de mujeres debe ser un estándar de ética pública. Estas denuncias también sirven para conseguir que los violentadores no lleguen al poder y para que las mujeres obtengan justicia y sus agresores no sean protegidos por el fuero político. Este trabajo es tan importante que, aseguró, ya han recibido amenazas, aunque aún no saben de dónde vienen.