Oaxaca.- La madrugada de este 3 de febrero desconocidos allanaron la casa de la defensora Jackie Campbell Dávila, donde además labora el movimiento “Nueva Constituyente Ciudadana Popular”, en el estado de Coahuila.
De acuerdo con medios locales, en la denuncia que Jackie Campbell presentó ante la Fiscalía General de Justicia estatal dijo que desconocidos rompieron una ventana de una puerta del segundo piso para ingresar a su domicilio mientras ella se encontraba fuera.
Personas defensoras de Derechos Humanos denunciaron los hechos públicamente y exigieron a las autoridades estatales investigar estos actos de intimidación contra la defensora, quien en enero fue denunciada por el Ayuntamiento de Saltillo por permitir que se pintara un mural contra el feminicidio en la fachada de su casa.
El 7 de febrero se inició un procedimiento para sancionarla. El ayuntamiento señaló que el mural se encontraba en un inmueble con valor histórico y no respetaba los colores del centro de la ciudad. Días después el ayuntamiento desmintió que hubiera un proceso para sancionarla y declaró que sólo hizo recomendaciones.
Jackie Campbell Dávila era parte del equipo de prensa de la Diócesis de Saltillo, donde oficiaba el obispo Raúl Vera, quien la semana pasada se retiró.
De acuerdo con el informe estadístico del Mecanismo de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de 2020, de 2012 a junio de 2020 quienes agredieron más a periodistas o personas defensoras fueron los servidores públicos, en 65 por ciento, seguido de los particulares con 25.4 por ciento y personas no identificadas 9.0 por ciento. En el caso de las personas defensoras, sus mayores ataques provinieron de servidores públicos con 235 casos, 182 de particulares y 133 de desconocidos. Estas violencias son agresiones, amenazas y secuestro.
Durante 2020, 6 periodistas y 24 personas defensoras fueron asesinadas en México (entre ellas 7 mujeres y 23 hombres), por motivos vinculados con su labor de defensa y ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, de acuerdo con el informe “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por COVID-19”.