Con fusiles y rifles y en camionetas, los encapuchados transitan entre plantaciones del municipio de Ario de Rosales, donde mantienen puntos de control y levantaron trincheras de piedra.
“Antes se robaban los carros de aguacate y ahora que se pusieron las barricadas no se nos pierde nada (...). Había extorsiones, secuestros”, cuenta a la AFP un integrante del grupo Pueblos Unidos, surgido meses atrás y que asegura tener 700 efectivos.
“Necesitamos estar armados para defendernos (...). Antes, desarmados, venían a hacer lo que querían con nosotros y ya no pasa eso”, añade el hombre, que se reserva su identidad y carga una escarapela que reza “Pueblos Unidos, abajo la injusticia, no más muertos”.
El presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador rechaza las autodefensas -fenómeno que se remonta a 2013-, pues asegura que se han convertido en fachada de criminales.
Molesto, un miliciano invita al mandatario a “ensuciarse los zapatos” para que conozca la realidad de esta zona donde actúan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos, y Los Viagras.
Policías y militares “les temían a los delincuentes o estos les pagaban para que no hicieran nada”, afirma Martín, otro combatiente.
Se estima que en México hay medio centenar de grupos de autodefensa.
Estas organizaciones aseguran contener a los cárteles, que arreciaron sus ataques en los estados de Michoacán, Tamaulipas (noreste, fronterizo con Estados Unidos) y Zacatecas (norte).
En mayo hubo en México 2.963 homicidios dolosos, y desde enero se ha registrado un total de 14.243, según el gobierno.
En uno de los hechos más graves, el 19 de junio presuntos pistoleros del Cartel del Golfo mataron a 15 personas en Reynosa (Tamaulipas). Cuatro atacantes fueron abatidos por policías.
Uno de los sicarios detenidos declaró que la masacre buscaba “calentar la plaza”, modalidad de asesinatos al azar para atraer la atención de las autoridades a ciertas zonas y desviarla de otras.
El 29 de junio fueron encontrados nueve cadáveres cerca de Ciudad Miguel Alemán (Tamaulipas), donde delincuentes disputan el control de un puente fronterizo con Texas, Estados Unidos, por donde pasan drogas, armas y migrantes indocumentados, según una fuente de inteligencia.
Por esos días un enfrentamiento entre supuestos pistoleros del narco dejó 18 muertos en Zacatecas, donde los cadáveres de dos policías fueron colgados de un puente.
Pese a ello, López Obrador se niega a declarar la guerra a los carteles, aduciendo que esa política fracasó. También pidió a Estados Unidos, principal consumidor de drogas, poner fin a la cooperación militar y frenar el tráfico de armas.
“No se puede enfrentar la violencia con violencia”, afirmó el viernes sobre la situación de Aguililla, otro municipio de Michoacán sitiado por la delincuencia.
Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar antidrogas con apoyo estadounidense, México acumula unos 300.000 asesinatos.
En ese lapso, los grandes cárteles se han atomizado al punto que en el país ahora operan unos 200 grupos, según Insight Crime.
Para evitar que los jóvenes sean reclutados por esas bandas, López Obrador, cuya popularidad ronda 60%, apuesta por mayor inversión social en las zonas de conflicto.
Pero su política es criticada. En abril, el exembajador de Estados Unidos en México Christopher Landau opinó que el mandatario ve a los cárteles como una “distracción” de su ambiciosa agenda social.
“Ha adoptado una actitud bastante laissez-faire (dejar hacer) hacia ellos”, sostuvo el exrepresentante de Donald Trump.
La estrategia de “abrazos, no balazos” propicia “vacíos de poder en donde quienes mandan son los caciques de facto y no las autoridades”, observa a su vez José Reveles, especialista en temas de narcotráfico.
El gobernante se plantea poner a prueba su estrategia en Aguililla, donde pobladores atacaron recientemente una guarnición con explosivos artesanales para presionar a los militares a restablecer el paso vial, bloqueado por el CJNG y Cárteles Unidos, enemigos entre sí.
El jueves, pobladores también dañaron un helipuerto con excavadoras.
Ambos cárteles buscan impedir que su rival se aprovisione de gasolina y víveres, con un alto costo para la población, que no puede salir a comprar comida. “Nos dejaron aislados”, contó a la AFP Eugenia, de 35 años.
En Aguililla nació Nemesio Oseguera (“El Mencho”), líder del CJNG, cuyos hombres se pasearon en abril por el pueblo en una demostración de fuerza, contaron moradores.
“Mientras el gobierno decía que las cosas estaban bien (...), nosotros los veíamos a diario, con armas de alto poder, como Juan por su casa, porque el gobierno siempre mira hacia otro lado”, lamenta otro pobladores.
Con información de EFE