Oaxaca.-La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dictó medidas cautelares a favor de personas retenidas en Matías Romero de Avendaño y trasladadas por pobladores de agencias municipales a un sitio desconocido.

El órgano autónomo inició el expediente DDHPO/0322/(10)/OAX/2021, luego que familiares de las personas retenidas establecieran comunicación de manera directa con la institución.

Ante ello, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública la adopción de una medida cautelar para que implemente acciones que permitan salvaguardar la integridad física y derechos de las personas retenidas, además de aquellas que se encuentren involucradas en dicha problemática.

Así también, requirió a la Fiscalía General de Justicia del Estado la implementación de otra medida cautelar para que inicie la carpeta de investigación por los delitos que pudieran estarse cometiendo, y dentro de la misma dicte las medidas de protección que resulten necesarias para garantizar la seguridad e integridad de las víctimas.

En tanto que a la Secretaría General de Gobierno (Segego), se le pidió fortalecer las acciones que se estén realizando para la atención integral de la problemática, por ejemplo, las mesas de diálogo entre las partes conflictuadas, esto, con la finalidad de facilitar la conciliación, acuerdos, así como la resolución de conflictos políticos y sociales, buscando coadyuvar en la mantener las relaciones armónicas entre los habitantes de las comunidades involucradas.

Mientras que, a la Guardia Nacional se le solicitó en vías de colaboración que realice recorridos de seguridad y vigilancia en Matías Romero, Oaxaca, así como en la población de Palomares, a fin de garantizar la paz social y seguridad, con la finalidad de evitar la consumación de delitos y/o violaciones a derechos humanos, y/o la producción de daños de difícil e imposible reparación.

El órgano autónomo señaló que no se puede exigir un derecho o una serie de derechos, violentando los derechos de otra u otras personas. Ya que la satisfacción de demandas concretas, por más justas que estas sean, cuando se violentan otros derechos en su exigencia, pierden legitimidad.

Además, la Defensoría recordó que para dirimir los conflictos es clave el diálogo y la libertad, pues la retención de personas ahonda la problemática interna y poco abona a obtener soluciones definitivas.

El organismo autónomo señaló que ante el aumento de conflictos entre agencias y sus municipios por la distribución de los recursos derivados de las participaciones a que tienen derecho, es importante buscar una solución de fondo, la cual implica una armonización profunda de todo el andamiaje normativo, institucional y procedimental que regula la relación financiera entre los municipios y sus agencias.

Ello implica contar con reglas claras y procedimientos objetivos en este tipo de controversias, que permitan una asignación transparente de recursos públicos al interior de este nivel de gobierno, evitando discrecionalidad en la asignación de los mismos, pero también conlleva la responsabilidad de rendición de cuentas por parte de las agencias, pues se trata de bienes públicos.

La Defensoría aseguró que a través de sus tres oficinas en la región del Istmo se mantiene en observación y atención permanente de este conflicto, e hizo un llamado a las partes a que mediante el diálogo constructivo se resuelva la problemática.

Finalmente, el órgano autónomo resaltó que la libertad es un derecho irrenunciable no negociable, que debe ser respetado por las autoridades municipales y las asambleas comunitarias, además recordó que todas las autoridades tienen la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas y no menoscabarlos.