Oaxaca.- Desconocimiento del uso de los servicios en línea, limitaciones técnicas para ingresar demandas y amparos, más requisitos en comparación con los establecidos de manera presencial, y falta de claridad sobre si la o las demandas y amparos fueron admitidos o no, son algunos de los obstáculos que enfrentaron las personas, particularmente migrantes y solicitantes de refugio, para acceder a la justicia durante la pandemia por COVID-19. 

Al presentar virtualmente el informe “El acceso a la justicia en México durante la pandemia de COVID-19. Análisis sobre la actuación del Poder Judicial de la Federación”, que elaboraron distintas organizaciones civiles, la directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. (FJEDD) Ana Lorena Delgadillo, explicó que promovieron diversos juicios de amparo durante la pandemia para la protección de personas de diversos grupos en condición de vulnerabilidad, entre ellas personas migrantes, sujetas a protección internacional y privadas de la libertad. 

Las organizaciones civiles –entre ellas el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) — se propusieron documentar las principales restricciones para acceder a la justicia en el contexto de la pandemia, esto con el objetivo de hacer un ejercicio crítico y a la vez propositivo del acceso a la justicia en México, así como abrir un diálogo con el Consejo de la Judicatura Federal. 

Entre los principales obstáculos que encontraron las organizaciones para el acceso a la justicia fue el desconocimiento del uso de los servicios en línea; limitaciones técnicas para ingresar demandas y amparos; más requisitos en comparación con los establecidos de manera presencial y falta de claridad sobre si la o las demandas y amparos fueron admitidos o no; expedientes electrónicos incompletos o cargados tardíamente; falta de certeza sobre la fecha de notificaciones; inconsistencia en las fechas de acuerdos y promociones; y dificultades por parte de las personas litigantes para entrar en comunicación con las y los servidores públicos de los juzgados.

“Fue una ardua tarea litigar amparos –el mecanismo judicial de máxima protección frente a actos violatorios de cualquier autoridad– durante la pandemia porque, efectivamente, hubo muchos reajustes (…) en el Poder Judicial de la Federación. El amparo, como lo hemos venido conversando, de por sí tiene algunos retos importantes por tecnicismos y por todo lo que se tiene que cumplir para lograr la protección efectiva, lo que nosotros vimos es que a durante la pandemia algunas de las dificultades que se tenían se incrementaron y hubo nuevos retos porque hubo también que acostumbrarnos al uso más cercano de la justicia digital”, explicó Lorena Delgadillo.   

De acuerdo con los datos recogidos por las organizaciones civiles, 10.3 por ciento de las demandas y 9.47 por ciento de las promociones legales presentadas entre marzo de 2020 y febrero de 2021, fueron hechas en línea a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Esto en parte se debe a la brecha digital que persiste en el país, en el que sólo cinco de cada 10 hogares cuentan con internet y cuatro de cada 10 tienen computadora, laptop o tableta, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Frente a ello, las organizaciones recomendaron impulsar un marco jurídico específico en torno a la justicia digital; difusión de los procesos digitales y socialización de su operación; transparencia y acceso a la información; capacitación sobre el portal digital a personal del Poder Judicial de la Federación y litigantes; coordinación entre autoridades federales y estatales; facilitación de la firma electrónica por parte del Poder Judicial de la Federación; emisión de las decisiones por parte de los juzgadores; y homologar las estimaciones de trámites considerados como urgentes en el contexto de la pandemia.

También exigieron que el juicio de amparo sea un instrumento sencillo y de fácil alcance para todas las personas, sin embargo, como documentó este informe, persisten las restricciones para contar con una protección judicial para la violación a Derechos Humanos que funcione de manera sencilla, eficiente, sin complejidades y tecnicismos excesivos, y esta pandemia las hizo más evidentes. 

De acuerdo con las organizaciones, los obstáculos afectaron a las personas en mayor estado de vulnerabilidad, como aquellas que se encuentran en movilidad (migración), privadas de la libertad o en cualquier tipo de desventaja económica o sin acceso a medios digitales y tecnológicos.

La directora de Asylum Access, Alejandra Macías, explicó que las personas solicitantes de asilo y migrantes están en mayor desventaja para el acceso a la justicia que el resto de las personas mexicanas, ya que en el caso de quienes están dentro de estaciones migratorias, (que funcionan como centro de detención para personas migrantes), se enfrentan a falta de información y que sus amparos se otorgan bajo la condición de que permanezcan detenidas. La Ley de Migración, sin embargo, no reconoce que están privadas de su libertad sino que están “alojadas”, lo que orilla a que las personas desistan de los amparos. 

Estos obstáculos impactaron en la denuncia de violaciones a los DH cometidas por la autoridad. Durante el primer año de la pandemia, el número de demandas presentadas ante el Poder Judicial se redujo en un 44.81 por ciento. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las violaciones de DH que llegaron a su conocimiento se mantuvieron prácticamente iguales entre 2019 y 2020. 

“Esto sugiere que la suspensión de plazos procesales impidió que las personas víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos pudieran demandar a las autoridades responsables”, explicaron las organizaciones.

Otras organizaciones que participaron en el informe fueron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Sin Fronteras; Alma Migrante; Renace. Solidaridad y Justicia; Al otro lado; Derechos Humanos Integrales en Acción A.C; y Así Legal A.C.