Oaxaca.- La justicia se acerca para Diana Velázquez Florencio, víctima de feminicidio en julio de 2017 en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Este 9 de noviembre, un juez dará sentencia en contra de Jesús Alejandro “N”, el primer detenido en el caso. 

La Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGJEM) solicitó la prisión vitalicia para Jesús Alejandro, pero la determinación está en manos del juez Martín Alvarado Arriaga, quien después de cuatro meses de juicio en los Juzgados de Neza-Bordo, escuchará los alegatos finales de la Fiscalía y la defensa legal de la familia de la víctima y el detenido. 

La acusación se sostiene de la declaración de la pareja de Jesús Alejandro, a quien él le habría confesado el crimen y lo denunció. El cruce de esa información coincide con las llamadas que realizó la pareja desde los dos teléfonos que habían robado a Diana. Todo estos datos se presentaron en el juicio que presenció Cimacnoticias, entre otros peritajes como el perfil criminológico de Jesús Alejandro, en el que se determina su grado de peligrosidad. 

No obstante, el acusado sostuvo que no es culpable del feminicidio de Diana, más su defensor legal no aportó pruebas para contrarrestar las acusaciones en su contra, ni tampoco participó de forma activa en los contrainterrogatorios de los testigos que presentó la Fiscalía mexiquense. Jesús Alejandro únicamente declaró para argumentar que su arresto fue ilegal. 

Se limitó a describir que al momento de su detención fue torturado, y dijo que logró reconocer durante las audiencias a uno de sus presuntos agresores: el policía de investigación a cargo del caso. El juez ordenó al representante de la Fiscalía abrir una investigación por tortura. 

Jesús Alejandro también declaró que primero se le detuvo por el delito de robo, cinco meses después supo que la Fiscalía lo acusó por feminicidio. 

Del segundo presunto responsable del feminicidio de Diana, no se tienen datos de su identidad. Solo consta que participó en el crimen por la declaración que dio la pareja de Jesús Alejandro, y porque en los peritajes en química que comprueban que Diana fue agredida sexualmente, hay otro perfil genético que no es el de Jesús. Hasta la fecha, la Fiscalía del Edomex asegura a la familia que siguen en su búsqueda. 

La sentencia por el feminicidio de Diana Velázquez llega en un momento en el que se vuelve a evidenciar la brutal violencia que viven las mujeres y niñas de Chimalhuacán. Este 4 de noviembre se encontraron los cuerpos torturados de tres mujeres en el barrio de Santa María Nativitas, la misma colonia donde vivió y asesinaron a Diana cuatro años atrás. 

Chimalhuacán es uno de los municipios del Estado de México con doble Alerta de Violencia de Género (AVG), por las desapariciones de mujeres y los casos de feminicidio. Además, la violencia en este municipio dejó la histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) por el feminicidio de Mariana Lima Buendía, en el que se determinó que todo asesinato de una mujer debe investigarse como feminicidio. 

Sin embargo, esta multiplicidad de leyes y políticas públicas no son efectivas para asegurar la vida de las mexiquenses. De acuerdo con Amnistía Internacional (AI), solo en 2020 se registraron 253 homicidios dolosos de mujeres y 150 casos de feminicidio en el Estado de México. Esto convierte a la entidad con el mayor número de carpetas de investigación abiertas por feminicidio, y la onceava en el país con una tasa de 1.68 casos por cada 100 mil mujeres. 

La madre de Diana, la señora Lidia Florencio Camacho, no es indiferente a esta situación, le duele. Es la misma expresión de violencia que vivió su hija, también abandonada en la vía pública, entre terrenos baldíos y el silencio de las personas vecinas. Por eso este fin de semana, junto a otras mujeres organizadas, protestaron en la Fiscalía de Chimalhuacán y colocaron tres cruces rosas en el lugar donde fueron abandonados los cuerpos.

En las cruces quedaron los espacios donde se escribirán los nombres de las mujeres una vez que sean identificadas. Por eso Lidia Florencio exigió a las autoridades municipales en la protesta una investigación con perspectiva de género para no enviar los cuerpos a la fosa común, como hubiera sido el destino de su hija de no ser por su hermana Laura Velázquez, quien encontró el cuerpo de Diana en los servicios forenses del municipio vecino, Nezahualcóyotl, en el suelo, sin ningún tipo cuidado. 

En su búsqueda de justicia Lidia ha protestado un sin fin de veces en las calles de Chimalhuacán. Ha puesto presión desde el gobierno federal hasta el municipal para que el feminicidio de su hija no engrose las estadísticas de impunidad, que alcanzan a 5 de cada 10 casos de feminicidio según la organización Impunidad Cero. 

A las puertas de la Fiscalía del municipio colocó un memorial para Diana; hizo un plantón por casi un mes en Palacio Nacional para poder reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sólo le concedieron sentarse con la entonces secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La detención de Jesús Alejandro coincidió con aquella protesta, pero la madre no fue informada por las autoridades.

Lidia superó entonces al virus del COVID-19 que contrajo durante el plantón en Palacio Nacional. Por ello, con esa fuerza que la sostiene, a Lidia no la detuvieron las caídas que sufrió días antes de la exhumación del cuerpo de su hija y este juicio. En silla de ruedas, muletas y después cojeando, durante cuatro meses, en cada audiencia Lidia llegaba a los Juzgados de Neza-Bordo con más de una hora de antelación. Siempre acompañada de sus hijas, Laura y Camila, de 27 y siete años de edad respectivamente. 

Montaban una ofrenda en memoria de Diana y hacían una oración para pedir que la justicia estuviera a su favor. Abrazada por otras mujeres organizadas en colectivas de distintos puntos del Estado de México, gritaban consignas que alcanzaban a resonar en la sala donde se desarrolló el juicio.

Para este 9 de noviembre Lidia y su familia mantienen sus exigencias de verdad y justicia, la colectiva “Las Siempre Vivas” sacó un comunicado en el que hicieron hincapié del “desgaste físico, económico y emocional que le implicó el juicio a la familia de Diana, mismo que no ha sido reconocido por el Estado” y se reforzó por el aplazamiento de las audiencias según los tiempos del juez y la pandemia del COVID-19, todo sin contemplar lo que esto implica para las víctimas.

Las mujeres de la Colectiva también expresaron que la familia de Lidia nunca caminará sola en su búsqueda de justicia, y “llamaron a las autoridades que imparten justicia en el Edomex a que “marquen el camino que nos lleve a la verdad” sobre el feminicidio de Diana.