Anayeli García Martínez / Cimacnoticias
Oaxaca.-En 2020 el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 14 quejas en materia de violencia política en razón de género; las denuncias fueron presentadas por diputadas federales, regidoras, militantes de partidos políticos, presidentas municipales, senadoras, consejeras electorales y ciudadanas.
Un informe del Secretario del Consejo General del INE, presentado el pasado 7 de diciembre, indicó que de las 14 quejas, presentadas del 14 de abril al 7 de diciembre de 2020, en 9 se determinó incompetencia del organismo electoral, por lo que se enviaron a una autoridad electoral local, al Congreso estatal, a un organismo de justicia partidaria o a la Comisión estatal de Derechos Humanos.
Conforme al procedimiento para atender las denuncias, el INE envió tres casos a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De estos casos, en uno las y los magistrados emitieron una sanción, en otro declararon que no existió violencia política y en el tercero determinaron incompetencia.
La queja resuelta se refiere a la denuncia presentada por la senadora Lilly Téllez, quien aseguró que en un video de Facebook se hicieron estereotipos en su contra. La Sala Regional Especializada determinó que Sergio Zaragoza Sicre, creador de la cuenta de Facebook “El Chou del Monchi”, donde se difundió el video “Entrevista del Monchi a Lilly Téllez”, fue responsable de violencia política por razón de género y le impuso una multa por la cantidad de 100 UMAS, es decir 8 mil 060 pesos.
En otro caso, donde una mujer denunció agresiones físicas, materiales y verbales por parte del grupo político, así como declaraciones y descalificativos formulados en una entrevista que dió el denunciado, la autoridad declaró inexistencia de violencia política de género. Además, declaró incompetencia en la denuncia de una mujer que alegó que en una entrevista los conductores menoscabaron sus logros por su condición de mujer.
La información sobre quejas por violencia política en razón de género se debe presentar periódicamente ante el Consejo General del INE, como lo marca el Reglamento de Quejas y Denuncias en materia de Violencia Política en contra de las Mujeres en Razón de Género, aprobado en agosto de 2020 para establecer la ruta a seguir en los procedimientos sancionadores y en las medidas cautelares y de protección.
El INE acordó este reglamento para cumplir con la reforma a ocho leyes en materia de violencia política contra las mujeres, publicada el 13 de abril del año pasado en el Diario Oficial de la Federación, por esa razón este informe integra las quejas presentadas a partir de la entrada en vigor de la reforma.
Antecedentes de violencia en elecciones de 2018
En el proceso electoral de 2018 se registraron 774 agresiones contra candidaturas a cargos de elección popular, de las cuales 185 fueron dirigidas específicamente a mujeres, de acuerdo con un reporte del INE. Los ataques incluyeron amenazas, agresiones físicas, asaltos con violencia, secuestro y hasta el asesinato de nueve mujeres.
Ante este contexto y de cara al proceso electoral federal y las 32 concurrentes locales que se celebrarán el próximo 6 de junio, el organismo electoral informó que realizó al menos cuatro modificaciones a distintos reglamentos, además de la creación de cuatro ordenamientos adicionales y la emisión de seis acuerdos para materializar las reformas en materia de violencia política.
Entre estos cambios se adecuó el Reglamento de Quejas y Denuncias, se establecieron lineamientos para que los partidos políticos nacionales y locales garanticen el pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres y se expidió el formato de 3 de 3 contra la violencia para que aspirantes a candidaturas informen que no han sido sancionados por ser deudores de pensión alimenticia, acoso sexual o agresión a mujeres en ámbito familiar o político.
Además se aprobó la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que de acuerdo con el INE ayudará a que la autoridad electoral confirme que los aspirantes a un cargo de elección popular cumplan con un modo honesto de vivir para registrar su candidatura.