Oaxaca- Con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la Relatora Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, emiten la siguiente declaración:

“La seguridad de los periodistas sigue siendo tan precaria como siempre, la impunidad por los delitos cometidos contra ellos es tan alta y persistente como antes.

Durante el año pasado, periodistas de todo el mundo han sido amenazados, acosados, agredidos físicamente, secuestrados, detenidos arbitrariamente, desaparecidos por la fuerza, torturados y asesinados, simplemente por hacer su trabajo.

Las amenazas a la seguridad de los periodistas, lejos de disminuir, han tomado nuevas formas en la era digital, especialmente para las mujeres periodistas. Si bien tanto los periodistas hombres como mujeres  son amenazados en el curso de su trabajo, las mujeres, incluidas las pertenecientes a grupos minoritarios, corren un riesgo mucho mayor de sufrir ataques sexuales y violencia de género en línea, incluido el acoso en línea, el trolling, el doxing, la violación y las amenazas de muerte.

La falta de investigación y de atención a los ataques en línea tiene consecuencias en la vida real para las mujeres periodistas, afectando su salud mental y física, socavando su confianza y autonomía, estigmatizándolas y generando miedo, vergüenza y daño reputacional y profesional. En casos extremos, las amenazas en línea pueden escalar a violencia física e incluso a asesinatos, como demostró el asesinato de Daphne Caruana Galizia.

Ya sea que se dirijan a periodistas hombres o mujeres, en línea o fuera de línea, los delitos contra periodistas buscan intimidar y silenciar a quienes se atreven a buscar y exponer la verdad. Los ataques a periodistas son un ataque al derecho de la sociedad a estar informada, al derecho a la libertad de expresión y a muchos otros derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la libertad de las personas afectadas.

La impunidad envalentona a los perpetradores. La investigación de la UNESCO muestra que donde la impunidad por los crímenes contra periodistas es alta, también lo es el número de periodistas asesinados.

Los Estados tienen la obligación de llevar a cabo investigaciones rápidas, imparciales, exhaustivas, independientes y efectivas de todos los delitos contra periodistas, en línea o fuera de línea. Cuando no investigan y procesan los crímenes, en la práctica están censurando el discurso, amordazando a quienes se atreven a denunciar y silenciando a los demás. Además, la falta de investigación adecuada de una muerte potencialmente ilegal se considera, en sí misma, una violación del derecho a la vida.

Nueve de cada diez asesinatos de periodistas continúan impunes. El hecho de que la aguja no haya cambiado durante la última década es una clara indicación de que las medidas nacionales e internacionales para proteger la seguridad de los periodistas están fallando. Se necesita hacer mucho más.

Reiteramos el llamamiento para que las Naciones Unidas establezcan un mecanismo de investigación permanente, apoyado por expertos internacionales independientes, incluidos los de los Procedimientos especiales y de los Órganos de tratados, para ayudar en las investigaciones y determinar vías de justicia al nivel nacional, regional e internacional, así como con el objetivo de apoyar medidas para poner fin a la impunidad y prevenir la violencia contra periodistas.

Reiteramos la necesidad de que los Estados consideren sanciones individualizadas contra los responsables por ordenar, realizar o amenazar con actos de violencia contra periodistas, o impedir u obstaculizar investigaciones efectivas.

Hacemos un llamado a los Estados para que prohíban, investiguen y procesen la violencia de género en línea y fuera de línea contra las mujeres periodistas. Los investigadores deben suponer que esos delitos están relacionados con el trabajo del periodista, al menos que se demuestre lo contrario. Tanto los Estados como las empresas deben incluir una perspectiva de género en todas las iniciativas encaminadas a crear un entorno seguro y propicio para los medios de comunicación independientes, diversos y pluralistas.

En un mundo cada vez más digitalizado, los Estados deben garantizar que todos los periodistas, tanto mujeres como hombres, sean libres de realizar su labor vital sin amenazas, intimidación o cualquier forma de represalia en línea o fuera de línea”.