Aline Espinosa Gutierrez / Cimacnoticias.com

Oaxaca.- El Estado mexicano debe desarrollar políticas públicas en materia de violencia de género que describan obligaciones, no compromisos, y consideren las dificultades que la pandemia visibilizó en cuanto acceso a la justicia, servicios de salud y atención inmediata, ya que muchas de sus acciones actuales fueron ineficaces e insuficientes con la llegada del Covid-19, afirmaron integrantes de organizaciones civiles.

Durante el conversatorio “La violencia contra las mujeres y niñas en el contexto de pandemia” -organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores- las panelistas explicaron que la defensa de los Derechos Humanos es una labor compleja y de riesgo, que con la pandemia se volvió más difícil por la posibilidad de contagio, agresiones contra ellas, la falta de recursos económicos y humanos resultado del recorte de presupuestos y cierre de espacios. 

A estas problemáticas, dijeron, se suman las violencias que históricamente las autoridades han ejercido contra las mujeres como la revictimización, las responsabilizan de sus agresiones bajo argumentos sexistas cuando ellas  quieren levantar una denuncia, acceder a la protección o justicia, a un servicio de salud, entre muchas otras cosas, que pusieron en peligro la vida de las defensoras y de las víctimas. 

La pandemia, detallaron, puso el foco en la violencia familiar porque las mujeres se vieron obligadas a estar confinadas con sus agresores, por ejemplo, de cada 10 personas golpeadas por un familiar, 9 fueron mujeres y de cada 10 personas violentadas sexualmente, 8 fueron mujeres. De abril de 2019 a abril  de 2020, las llamadas por violencia familiar aumentaron un 20 por ciento, sin embargo el gobierno no emprendió acciones para afrontar este problema de antaño que afecta a las mexicanas. 

Ante esta situación las organizaciones civiles buscaron otras formas de coordinación y de organización para apoyar a las mujeres, por ejemplo desde “Justicia Pro Persona A.C” impulsaron la campaña #DistanciasSegurasSinViolencia junto con otras organizaciones nacionales e internacionales a fin de difundir los teléfonos de defensoras para solicitar ayuda así como la elaboración de infografías para explicar cómo denunciar o qué es un feminicidio. 

En opinión de la directora de “Justicia Pro Persona A.C”, Ana Yeli Pérez Garrido, con esta acción dieron asesoría a 464 mujeres, 67 por ciento de ellas hizo el contacto por cuenta propia y en 32 por ciento de los casos quien hizo contacto fue una tercera persona que tenía alguna relación con la víctima. De este total, 267 vivieron más de una violencia en la pandemia y en 197 se identificó algún tipo de violencia como la psicológica, sexual, desaparición, feminicida, física, económica, digital, y otras más, 

La mayoría de las asesorías, dijo, ocurrieron en entidades como Aguascalientes, Chiapas, Yucatán, Tlaxcala, Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Morelos; y las mínimas fueron en la Ciudad de México, Estado de México, Colima, Querétaro y Guanajuato.

Por su parte, desde “Equis Justicia” trabajaron en la prevención de la violencia y notaron que las mujeres siguen padeciendo los mismos obstáculos para obtener una orden de protección, las autoridades las niegan al sugerir que las víctimas sólo desean “molestar a sus parejas” e insisten en que ellas acrediten sus violencias con pruebas cuando pueden suceder en secrecía. Estas prácticas patriarcales, dijeron, invisibilizan la importancia de la atención inmediata, ya que un golpe puede pasar a un feminicidio en segundos. 

De enero a abril de 2021, se registraron 311 casos de feminicidio, de los cuales la mayoría acontecieron en el Edomex con 48, Veracruz con 28, CDMX con 24, Jalisco con 23, Chiapas con 15, Morelos con 15, Puebla con 15 y Nuevo León con 14, según el informe mensual sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Frente a este contexto, exigieron que las órdenes de protección sean emitidas sin que las víctimas tengan que presentar pruebas o iniciar un proceso civil o penal y que exista la posibilidad de que sean permanentes, además, se impulsen políticas públicas para enseñar en las escuelas cuestiones de género y sexualidad y así se genera una cultura de no violencia contras las mujeres y niñas. 

Asimismo, solicitaron que el Estado mexicano armonice sus normativas entre los estados para que los procesos legales sean más sencillos, defina políticas públicas en materia de género con presupuestos claros que apunten a obligaciones y no compromisos e informe sobre sus avances; y fortalezca el mecanismo de participación de las organizaciones en la política del país.  

En este conversatorio también participaron la coordinadora de Relaciones Internacionales en Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM), Alma Guerrero y la co-directora de Equis Justicia para las Mujeres, Isabel Erreguerena.