Oaxaca.- Karla María Escobar Magallanes, estudiante de posgrado del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, fue la ganadora del Premio ANUIES 2021 por la Tesis de maestría en educación superior “No dejar a nadie atrás: estrategias de cooperación en educación superior para la inclusión de personas con discapacidad”.

La Investigación para la tesis para obtener el grado de Maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo fue realizada gracias al apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La investigación tiene por objetivo identificar acciones y estrategias de cooperación internacional para el desarrollo en el ámbito educativo que puedan desarrollar las capacidades institucionales para favorecer la inclusión de estudiantes con discapacidad. La tesis parte de la premisa que, cuando las universidades llevan a cabo acciones y estrategias de cooperación, se favorecen los procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad.

La investigación presenta una reflexión teórico-práctica desde la experiencia de dos universidades públicas mexicanas que puede orientar el diseño de estrategias de trabajo inclusivas para población estudiantil con discapacidad mediante la cooperación internacional para el desarrollo en el ámbito educativo. El estudio se desarrolla a lo largo de tres capítulos y una guía para implementar prácticas inclusivas en universidades.

En el primer capítulo se desarrolla el contexto educativo de las personas con discapacidad, el vínculo entre discapacidad y pobreza, el papel de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) y Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) en materia de discapacidad, y el marco normativo internacional, regional y nacional sobre educación inclusiva y discapacidad.

El segundo capítulo presenta el desarrollo del marco referencial y conceptual de la investigación. El tercer capítulo explica la metodología de la investigación enfocada en estudios comparados entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Guadalajara (UDG) donde se realizó un diagnóstico de las necesidades y fortalezas de cada universidad para incluir estudiantes con discapacidad.

Se concluye principalmente que la cooperación es una capacidad institucional en sí misma, siendo necesario generar esquemas de intercambio entre universidades y otros múltiples actores, ya que los fondos de CID oficial y AOD destinados a educación superior inclusiva y discapacidad son cada vez más reducidos.

Como corolario a la tesis se propone una Guía para la implementación de prácticas inclusivas en universidades, cuyo objetivo es presentar una estrategia para fortalecer las capacidades institucionales de universidades mediante la adaptación de prácticas que han demostrado mejorar las condiciones de inclusión de estudiantes con discapacidad en diversos contextos. La finalidad del trabajo es orientar a instituciones educativas en la adopción de un modelo de educación inclusiva que les permita ofrecer entornos educativos más accesibles e incluyentes para las personas con discapacidad a través del uso de herramientas de la cooperación internacional para el desarrollo.

A lo largo de la investigación, Karla María Escobar Magallanes, buscó identificar acciones, prácticas y estrategias de la cooperación que fortalecen las capacidades institucionales para la inclusión de estudiantes con discapacidad y con ello atender la dinámica de desventaja educativa que enfrentan esta población.

Demostró que el bajo nivel de acceso al ámbito educativo de las PcD frente a sus pares sin discapacidad es un tema propio de la cooperación porque la relación causal pobreza-discapacidad que mantiene a esta la población en una situación de vulnerabilidad permanente es una problemática global que requiere de acciones con alcance global para ser transformada. Asimismo, porque el desarrollo sostenible no es alcanzable si se deniegan los derechos humanos.

A partir de esta revisión, Karla María Escobar Magallanesse, concluye que la calidad de vida de las PcD podrá mejorar en la medida en que se eliminen las barreras que limitan su acceso y participación en el ámbito educativo. Aunque existe más de una vía para reducir las barreras, la cooperación internacional para el desarrollo es una herramienta que permite alcanzar esta transformación con mayor alcance en tanto que la exclusión educativa es una situación que se repite sistemáticamente en todo el mundo.

En el primer capítulo se evidenció que los mayores retos para alcanzar el derecho a la educación de las PcD refieren a contar con un sistema robusto para la defensa de los derechos humanos, dedicar esfuerzos reales y medibles para su implementación, además de que los cambios de gobierno den seguimiento a los avances en las agendas anteriores. Otro hallazgo es que las universidades requieren identificar canales alternativos de cooperación ya que la cooperación oficial y la AOD destinada a la educación superior es reducida. Por ello, se motiva a la generación de alianzas entre sectores de academia, sociedad civil organizada, actores públicos y privados, agencias de cooperación internacional y otros actores interesados en generar iniciativas colaborativas en materia de educación inclusiva.

El segundo capítulo nos permitió justificar conceptualmente la premisa de no dejar a nadie atrás de la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) a luz de la correlación entre los derechos humanos y el desarrollo humano – sostenible; siendo el desarrollo posible únicamente cuando toda persona ejerce sus derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación.

Al trasladar esta condición al ámbito de la CID en la educación superior, Karla María Escobar Magallanes concluye que esta debe basarse en el enfoque de DD. HH. para ser accesible, incluyente y garantizar el desarrollo real de toda persona, con y sin discapacidad.

Este criterio ha de ser considerado en otras herramientas de la cooperación como el intercambio y la adaptación de buenas prácticas de inclusión cuyo fin es fortalecer las capacidades institucionales en las universidades.

Se concluye también que un criterio básico para generar un entorno educativo accesible es la implementación de tres recursos: ajustes razonables, diseño universal y diseño universal para el aprendizaje. Paralelamente, se identificó que las redes sociales y familiares cumplen un rol relevante para brindar al estudiantado con discapacidad un soporte para su desarrollo.

En el tercer capítulo se examinaron los resultados del estudio comparado en materia de redes de apoyo y capacidades institucionales para la inclusión. A partir de este análisis se concluye que la población estudiantil con discapacidad tendrá mejor rendimiento educativo y podrá desarrollarse con autonomía en la medida que en el campus se cuente con más personal docente capacitado en temáticas de inclusión y más recursos tecnológicos, de infraestructura e información accesibles.

De ahí que la capacidad institucional de inclusión depende en parte de la competencia del personal docente para impartir cursos a una comunidad estudiantil diversa. Tal competencia se desarrolla mediante la toma de conciencia sobre la discapacidad y el desarrollo de métodos de enseñanza accesibles.

Por otro lado, se evidenció que las universidades y las instituciones educativas tienen la obligación de garantizar las condiciones de accesibilidad para no sobrecargar a las redes de apoyo en la esfera socio familiar y de los compañeros de clase. Se aclara que cuando el papel de la red de apoyo socio familiar compensa la falta de respuestas de la institución educativa en materia de accesibilidad se vuelve un problema grave que debe reconocerse y denunciar como una discriminación al derecho a la educación por motivos de discapacidad.

En el análisis de las competencias institucionales para la inclusión se identificaron buenas prácticas en la práctica institucional. Estas permitieron generar recomendaciones puntuales a la UNAM, a la UDG y a instituciones educativas de otros contextos para implementar estrategias de inclusión educativa mediante la cooperación internacional para el desarrollo.

Ejemplo de ello es el intercambio de instrumentos para identificar estudiantes con discapacidad, lo que permite conocer anticipadamente las características y necesidades particulares de aspirantes que requerirán apoyo durante su trayectoria en la universidad. Este recurso también le facilita el llevar un control de aspectos a mejorar para ofrecer una mayor educación de calidad.

Otro aspecto importante que facilita la CID en la educación superior es el intercambio de prácticas de inclusión en el diseño e implementación de ajustes razonables. Durante la práctica institucional se identificó el taller de formación de lectores para estudiantes con discapacidad visual que diseñó la UDG. También se estudió la práctica de ofrecer becas económicas a estudiantes con discapacidad como una medida de igualación durante la etapa de permanencia que contribuye a que el estudiantado concluya sus estudios al permitirle solventar algunos gastos extra derivados de vivir con una discapacidad; plantear esta práctica desde la cooperación puede abonar a que se generen apoyos económicos y en especie desde la colaboración con actores internacionales, como las fundaciones.

Un hallazgo relevante de la investigación es que la cooperación entre universidades representa, en sí misma, una capacidad institucional por el potencial que el intercambio de prácticas y experiencias tiene para el mejoramiento y la actualización en diversos campos del desarrollo. La dinámica más frecuente para generar espacios de intercambio de prácticas inclusivas desde la cooperación internacional en educación superior ocurre en cursos, talleres, asesorías técnicas, encuentros académicos, programas de movilidad estudiantil, intercambio académico y estancias de investigación, entre otros.

La investigación de Karla María Escobar Magallanes, permitió reflejar que los procesos de inclusión educativa de estudiantes con discapacidad se favorecen en la medida que se implementen estrategias de CID en el ámbito educativo para el fortalecimiento de capacidades institucionales.