Anayeli García Martínez/ CimacNoticias

Oaxaca.- Con acciones afirmativas para garantizar la paridad de género y evitar que agresores de mujeres lleguen al poder, este domingo 4 de abril 3 mil 471 aspirantes a una diputación federal y sus suplentes arrancaron las campañas para competir por una de las 500 curules que se renovarán el 6 de junio.

Acompañado por defensoras de la participación política de las mujeres, este año el Instituto Nacional Electoral (INE) vigiló que los diez partidos políticos nacionales cumplieran con la legislación electoral vigente desde 2014 en materia de paridad, y postularan 50 por ciento de mujeres y de hombres a cargos legislativos.

Además, el organismo también aprobó acciones afirmativas para que los partidos políticos registraran un mínimo de 30 fórmulas paritarias de personas que se autoadscriben como indígenas, ocho fórmulas de personas con discapacidad, cuatro de afromexicanas, tres de la comunidad LGBTTTIQ+ y cinco de migrantes residentes en el extranjero.

La llamada “cuota indígena” se estableció por primera vez en las elecciones de 2018, cuando el INE estableció que los partidos políticos y coaliciones deberán postular un mínimo de 12 candidaturas indígenas a diputaciones federales en los distritos considerados indígenas.  

Si bien ese criterio fue impugnado por los partidos Verde, Encuentro Social y del Trabajo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del INE y amplió la medida para que esta cuota se aplicara en 13 distritos indígenas. Este año la medida se replicó y se amplió a 30 fórmulas.

No más agresores en el poder

Una novedad más del actual proceso electoral es que el INE retomó una propuesta que se gestó desde 2017 en el movimiento feminista y que desde el 2020 fue promovida por Las Constituyentes feministas y la red Nosotras Tenemos Otros datos: la “Declaración 3 de 3 contra la violencia de género” como un requisito de postulación en este proceso electoral.

Se trata de un documento donde las y los aspirantes declaran, bajo protesta de decir verdad, que no tienen condena o sanción firme por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales, ni por ser deudor alimentario moroso. El objetivo de esta declaración es evitar que agresores de mujeres sean candidatos y lleguen al poder.

En este contexto, la madrugada del domingo 4, el INE aprobó las 3 mil 471 formulas de aspirantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT), Verde (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México, quienes ese mismo día arrancaron la campaña que concluirá el 2 de junio.

Sin embargo, a pesar de que todos los candidatos presentaron sus formatos 3 de 3 contra la violencia, los aspirantes no estuvieron obligados a presentar un formato donde aseguran no estar condenados por violencia política en razón de género.

Es de destacar que desde 2012 legisladoras y mujeres de la política propusieron tipificar la violencia política de género, pero fue ocho años después, el 13 de abril de 2020, cuando se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Con esta reforma se estableció en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que un requisito para ocupar un cargo de elección en la Cámara de Diputados o en el Senado es no estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres, en razón de género.

Al respecto, al aprobar el registro de candidaturas, la consejera Carla Humphrey recordó que varios de los partidos no cumplieron con las acciones afirmativas que se aprobaron para este proceso electoral en su totalidad, por lo que tienen 48 horas para subsanar y cumplir con estas medidas.

Revisarán veracidad de “Declaración 3 de 3”

El INE anunció que una vez aprobados los registros se hará una revisión por medio de una muestra aleatoria de las declaraciones 3 de 3 contra la violencia y en caso de encontrar que algún aspirante mintió, y si cuenta con una condena por los delitos planteados, cancelará su registro y dará vista a la autoridad competente.

La verificación la hará un grupo interdisciplinario que estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva del INE y será integrado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección Jurídica, con el apoyo de las juntas locales y distritales.

Esta revisión se realizará durante el mes de abril, cuando se solicitará información a diversas autoridades respecto de las candidaturas registradas que sean parte de la muestra para verificar los datos sobre delitos de violencia familiar, agresión de género en el ámbito privado o público o sobre la calidad de deudor alimentario, moroso.

Para comprobar que las y los candidatos no falsearon información se solicitarán datos a autoridades penitenciarias, judiciales y de procuración de justicia de las 32 entidades federativas y del Gobierno federal, así como a los registros estatales de las entidades federativas y, en su caso, a los tribunales superiores de justicia.

En caso de que se concluya que hay elementos suficientes para la cancelación de la candidatura, el partido o coalición postulante contará con un plazo de máximo tres días o 48 horas, según el momento en el que se determine esta cancelación, para sustituir la candidatura.