Oaxaca.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, estatal) informó que comenzó una investigación sobre el desempeño de autoridades mexicanas ante la población migrante deportada por Estados Unidos y solicita medidas cautelares de emergencia en favor de esas personas.

“La CNDH inicia investigación de oficio para verificar la observancia y el efectivo cumplimiento de los derechos humanos, luego de los casos de deportaciones masivas que el Gobierno de Estados Unidos ha realizado en agravio de diversas personas en contexto de migración”, indica el organismo en un comunicado.

Según el organismo del Estado mexicano que desempeña el papel de Ombudsman o “defensor del pueblo” hace falta implementar “medidas eficaces de atención integral, control migratorio y sanitario frente a la pandemia por COVID-19”.

La CNDH investiga el desempeño ante esas deportaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de Salud Federal, así como de las autoridades estatales y municipales competentes.

La presidenta de la CNDH, organismo autónomo, Rosario Piedra Ibarra, instruyó esta medida “debido a la situación que enfrentan las personas que han arribado a la frontera norte de nuestro país sin ningún control migratorio ni sanitario frente a la pandemia por COVID-19”, dijo en su pronunciamiento.

Medidas urgentes

La CNDH solicita “medidas cautelares”, es decir de urgencia, a 31 diferentes autoridades federales, estatales y municipales. El objetivo es “evitar la consumación irreparable de hechos violatorios de derechos humanos que pudieran afectar la salud, integridad, seguridad e incluso la vida de personas en contexto de migración internacional que son deportadas desde Estados Unidos”.

Entre las personas deportadas hay s niñas, niños, adolescentes, familias, mujeres y población con enfermedades crónicas y degenerativas, que se alojan en el albergue San Juan Bosco, de Nogales, Sonora, estado del norte del país.

También pide conocer el destino de las personas puestas a disposición del INM, institución que también canaliza a las personas migrantes algún recinto de atención a la familia y la niñez, Centros de Integración para Migrantes o albergues de la sociedad civil. Del 29 de julio al 6 de agosto de este año, personal de la CNDH realizó una serie de visitas a dicho albergue.

El informe indica que “observó un creciente flujo de personas en contexto de migración provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador que arriban a ese recinto debido a las deportaciones masivas que el gobierno de Estados Unidos”.

Esas deportaciones se realizan apelando al llamado Titulo 42, una política de salud pública de ese país, que autoriza la deportación inmediata de personas sospechosas de estar contagiadas con alguna enfermedad contagiosa como COVID-19.

El 29 de julio se alojaron a 380 personas migrantes en ese albergue “que fueron expulsadas del país vecino, las cuales no fueron recibidas por el INM”.

Además, el problema de contagio del nuevo coronavirus se está presentando no solo con los extranjeros, sino también entre sus colaboradores en la atención, ya que en los últimos quince días se han contabilizado 20 casos positivos entre el personal del albergue.

Las medidas cautelares ya han sido notificadas a las autoridades destinatarias, en la que se solicitará información de los hechos y, en su momento, y al final del proceso la CNDH emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.

El éxodo centroamericano se ha incrementado este año, con más de 178.000 detenciones de migrantes indocumentados en abril pasado en Estados Unidos, que superan en más de diez veces a las realizadas en abril de 2020.

Con información de Sputnik