Agencias

Oaxaca.-El Congreso de Tamaulipas sólo puede definir si el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca es separado de su cargo, pero no puede definir si enfrenta o no el proceso penal, “al cual puede ser vinculado aún en sus funciones”, de acuerdo con la resolución del Juez Aarón Iván Zeferín Hernández, citada por el periodista Abel Barajas de Reforma.

Zeferín Hernández, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, fue el encargado de ordenar una orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El Juez concluyó lo anterior con base en una interpretación de un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2016 y de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos (LFRSP), señala Abel Barajas en Reforma.

“Dicho de ese modo, el efecto dado a la legislatura estatal, cuando se ha determinado dar lugar la procedencia de retirar la protección constitucional a un titular del ejecutivo estatal, es para el efecto de que aquella decida si será o no separado de su encargo, mientras esté sujeto a proceso penal (pues atendiendo al caso concreto, podría decidir no separarlo del cargo y que éste enfrente el proceso penal ostentando dicho cargo)”, dice el mandato judicial citado por el diario nacional.

“Es por ello que -desde el criterio de este juez- la comunicación a la autoridad legislativa local se limita llanamente en constituir la notificación formal a favor de la Entidad Federativa de la decisión final sobre la declaratoria de procedencia sobre uno de sus servidores públicos locales, más no en concederle potestad política o jurídica para aceptar o no la decisión, pues ésta, como cualquier auto autoritativo, debe de satisfacerse y cumplirse en sus estrictos términos”, añade.

Esta semana, un Juez mexicano suspendió de manera cautelar la orden de captura en contra del Gobernador del norteño estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, informó este martes el Consejo de la Judicatura Federal.

“Se decreta la interrupción de la ejecución de cualquier mandato de captura girado en su contra, por lo que el citado agraviado no deberá ser privado de su libertad personal, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva”, notificó el lunes el Juez octavo de distrito de Tamaulipas.

El pasado 19 de mayo, un Juez emitió una orden de captura en contra de García Cabeza de Vaca, a petición de la Fiscalía General de la República, y el Instituto Nacional de Migración lanzó una alerta migratoria para hallar el gobernador, quien se presuponía en Estados Unidos.

Sin embargo, García Cabeza de Vaca reapareció el lunes en una reunión de trabajo con su gabinete en la sede del Gobierno de Tamaulipas.

Ante el amparo interpuesto por el gobernador, el juez estimó que García Cabeza de Vaca mantiene “la protección o inmunidad procesal penal que la propia Constitución Política del Estado de Tamaulipas le otorga”.

Para que entre en vigor la suspensión temporal de la orden de captura, el juez fijó una fianza de 100,000 pesos (unos 5,000 dólares) al gobernador.

También convocó a una nueva audiencia para el 7 de junio en la que se decidirá si se suspende la orden de captura de manera definitiva.

El gobernador de Tamaulipas, del opositor y derechista Partido Acción Nacional (PAN), fue denunciado ante la Fiscalía por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno federal, que lo acusa de lavar dinero mediante la compraventa de un lujoso apartamento.

Su caso se ha convertido en un problema jurídico, ya que la Cámara de Diputados de México aprobó en días pasados levantar la inmunidad judicial del gobernador para permitir que fuera procesado, pero el Congreso de Tamaulipas votó a favor de mantener su fuero.

Sin que la Suprema Corte de Justicia aclarara la situación jurídica en la que quedó García Cabeza de Vaca, la Fiscalía obtuvo la orden de captura de parte de un juez.

El gobernador denunció que dicha orden de captura obedece a “motivos políticos” y “se tomó en el Palacio Nacional”, residencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La Suprema Corte de Justicia informó el lunes que analizará si se admite o no un nuevo recurso constitucional promovido por el Congreso de Tamaulipas.