Por Frida Guerrera Villalvazo

Oaxaca.-La deuda que el Estado mexicano tiene con los triquis es de décadas enteras. El Movimiento Unificador de la Lucha Triqui cuando nació en 1981, tenía un objetivo claro: la unión de todos los triquis. Sin embargo, los intereses de los partidos políticos con el objetivo de sembrar la división entre hermanos, a través de esa misma organización MULT, terminó convirtiéndose en el minipartido de Unidad Popular (PUP). En 1994 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) crea la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) con el fin de desestabilizar la “unión” de los pueblos triquis.

 

En 1995 se firma el primer pacto de pacificación entre el MULT,  (PUP) y UBISORT (PRI), un acuerdo que no funcionó y que ha mantenido en la zozobra a decenas de indígenas triquis. En 2006 una nueva organización nace: el Movimiento Unificador de la Lucha Triqui Independiente (MULTI) en San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca, que en 2007 se declara Municipio Autónomo. Es entonces cuando el MULT y UBISORT le declaran la guerra a San Juan Copala.

 

En noviembre de 2009, la agencia municipal de San Juan Copala fue sitiada durante nueve meses. El cerco paramilitar dejó a la comunidad sin luz, agua y sin ningún servicio básico; el médico del Centro de Salud se marchó; los niños dejaron de asistir a la escuela, no había maestros, ya que fueron acosados por el grupo paramilitar; la escasez de víveres puso durante nueve meses a la comunidad en un estado extremadamente grave de emergencia y supervivencia, bajo un cerco de terror padecido por decenas de familias que poco a poco fueron saliendo a comunidades cercanas como Yosoyuxi, Agua Fría, Carrizal (todas pertenecientes al municipio de Juxtlahuaca). Y la mayoría llegó a la capital de Oaxaca. Antes, en febrero del mismo año, fueron asesinadas diez personas y desplazadas más de 100 en San Miguel Copala.

 

Esta es la historia hasta el 2010. Decenas de familias intentaron retornar a sus comunidades a inicios de 2012, pero ya no les fue posible, luego de una intentona de firmar un nuevo pacto de pacificación que sólo ayudó a preservar la impunidad de los grupos paramilitares. En aquel momento se pudo constatar que el MULT se había apoderado de San Juan y San Miguel Copala. Todo permaneció en la intención de ayudar a pacificar la zona, mientras decenas de familias fueron despojadas de sus casas, hubo infinidad de mentiras y amenazas de muerte contra Reyna Martínez Flores, Marco y Jorge Albino, y contra quien esto escribe, con el objetivo de demeritar todo aquello que se denunció durante casi dos años. Como si con eso borráramos de golpe tanto dolor, tanta incertidumbre, tantos gritos ahogados en la desesperanza de la desesperación, al no obtener una respuesta, teniendo como objetivo sólo una luz de que la justicia para todos pronto llegara.

Pero la historia hoy nuevamente se repite, a diez años de aquellos terribles sucesos. Pareciera que la monotonía rebasa nuestra memoria. Hace algunos días las mujeres desplazadas de San Juan Copala me buscaron con la intención de que acudiera a ayudar a mujeres, niñas, niños y ancianos que se encontraban sitiados ahora en Tierra Blanca, Copala, perteneciente también al municipio de Juxtlahuaca, que ha sido gobernado por partidos de todos los colores: PRD, PUP, PRI y actualmente por Morena. Más allá de partidos, porque el dolor y el sufrimiento no deberían de ser politizados, el día 22 de enero acudimos a la petición de apoyo de las mujeres desplazadas de San Juan Copala con el propósito de visibilizar lo que sucedía con las mujeres secuestradas en Tierra Blanca.
Los videos son estremecedores, las imágenes y los gritos de ayuda son muy parecidas a lo vivido en 2010, cuando la respuesta de la autoridad estatal era la misma: “No está pasando nada”, “son imágenes viejas”. La misma estrategia cómplice del grupo paramilitar y del gobierno en turno, en 2010 el de Ulises Ruiz, y ahora en 2021, el de Alejandro Murat, ambos del PRI.

Ese día, al leer la descalificación que el gobierno estatal manejaba de que no había sitiados, que no había muertos ni mucho menos una mujer desaparecida, o personas heridas, decidimos acudir con todos los riesgos que implicaba la región en compañía de Marco Albino, activista y desplazado de San Juan Copala. Al llegar los testimonios fueron prácticamente los mismos de años atrás: durante seis días estuvieron secuestradas, sin alimentos, ni agua; vivieron aterradas escuchando balaceras, y además amenazadas de que si hablaban las iban a matar. 56 mujeres, niñas y niños, descalificadas por las autoridades, eran las que quedaban en aquel pedazo de tierra.

No fue hasta el viernes 22 de enero por la tarde que las rescataron. La imagen fue desoladora al llegar por la noche a Yosoyuxi: decenas de mujeres asustadas y preocupadas porque una de ellas, valiente, salió del lugar donde las tenían hacinadas para intentar salvar su vida y la de su pequeña de dos años; no sabían nada de ella desde el miércoles 20 de enero a las seis de la mañana, cuando despavorida salió y las autoridades negaban que estuviera desaparecida.

Sin embargo, como sucedió en 2012 que las mujeres desplazadas de San Juan Copala intentaron regresar, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de las Familias de Oaxaca (DIF) envió despensas y llevó una ambulancia “para revisar” a las desplazadas.

El domingo 24 de enero continuamos levantado testimonios, luego de que el gobierno estatal reculará en sus mentiras y aceptó que sí había dos personas muertas, una mujer y su hija desaparecidas, y mujeres heridas.

 

Una unidad de salud, del estado de Oaxaca, acompañada de observadores de Derechos Humanos de la entidad, iniciaron una supuesta revisión y diagnóstico de las mujeres, niñas y niños. 20 mujeres de la tercera edad fueron recetadas con paracetamol, con fecha de caducidad de febrero 2021.

Al preguntarles qué era lo que tenían, la mayoría me hizo saber que tenían mucha tristeza, que no podían comer, que tenían miedo porque iban a encontrarlas y a descuartizarlas.
La impotencia de todos los que ahí nos encontrábamos fue avasalladora. No sabíamos a quién escuchar, a quién atender, cuando de pronto nos hacen saber que Angélica y su pequeña Kailani llegaban en ambulancia luego de que las habían “rescatado” sanas y salvas. La resistencia de esta mujer nos terminó de desarmar, pues durante cuatro días y cinco noches se escondió cerca de la comunidad de Paraje Pérez. Sin embargo, debido al terror, al escuchar las balaceras se desorientó y no sabía cómo llegar a un lugar seguro. Cargaba únicamente su huipil rojo, su letra escarlata, con el cual abrazó a su pequeña durante esos días, y sólo tomaba un poco de agua del riachuelo cercano para poder amamantar a su pequeña. La dejaron ahí sin rehidratar, sin certificar con un perito de la acéfala Fiscalía Estatal; Angélica, la misma mujer que en un video tomado dentro de la casa donde las tenían secuestradas, pedía auxilio; aquella que llorosa expresó que su hija tenía hambre, que tenían miedo y que valiente salió a enfrentar la libertad, llena de pánico; ella, ahora, estaba ahí, viva, haciéndonos saber lo que vivió en esos días.

– Angélica, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó?

– En mi pueblo echaron mucho balazo y tenía miedo, por eso me salí. Y no encuentro (encontraba) el camino, salí en la mañana el miércoles, todo el día nada de tortilla, ni agua.

– ¿Por qué saliste Angélica?

– Porqué tengo miedo, voy a morir (iba a morir) con mi nena, la casa dónde estoy (estaba), echaron muchos balazos. Yo estuve en el monte, a las seis de la mañana salí.

– ¿No has comido?

– Ya me dieron los policías, pero antes de hoy no había comido.

Esas fueron las palabras de Angélica antes de ser revisada nuevamente por “el representante de la Secretaría de Salud de Oaxaca”.

 

Mujeres, niñas, niños, ancianos, ancianas, todos ellos recetados con ambroxol y paracetamol, porque con eso curan el miedo y el dolor. Las piernas de Angélica quedaron lastimadas con decenas de pequeñas heridas, tal vez hechas por las ramas o piedras en las que la mujer caía, abrazando todo el tiempo a su pequeña.

 

Minutos después la misma ambulancia acompañada de una “médica” dejó ahí sin hidratar, sin revisar, a Francisca Flores Castro, de 64 años de edad, la última mujer que por ese día pudo salir viva de Tierra Blanca, hoy ocupada por los paramilitares del MULT.
Unos metros más adelante, frente el panteón de Yosoyuxi, se encontraban los dos féretros que guardaban los cuerpos de José Marcelino Ramírez de Jesús y Tomás Martínez Flores, los muertos negados por el gobierno de Oaxaca y el MULT. Uno de ellos, un anciano que sólo salió a darle de comer a su burro porque ya llevaba días sin comer y los “secuestradores” sabían que no era un hombre de armas, confiado hizo saber a su hija que no le harían daño, pero que al salir del lugar lo balearon. Su burrito se quedó esperando a que le diera de comer.

Mucho ha pasado desde aquel 2010: decenas de muertos de lado de los autónomos, aquellos que un día optaron por algo diferente y que entonces, en medio de emboscadas, fueron asesinados y asesinadas, justificando en lo ancestral del conflicto sus muertes: “La costumbre de que ahí siempre se matan, el así son ellos, el todos están armados, se matan entre ellos, los triquis no son buenos ni malos, todos son iguales”. Frases que encierran discriminación, incapacidad, el terror, de cuando no se sabe dar una respuesta a tanto dolor vivido por todos y todas aquellas que portan con dignidad el color de la sangre.

Dentro de todas estas historias, dentro de todas esas descalificaciones, que en 2010 y ahora en 2021 han generado las autoridades de todos los órdenes de gobierno, hay decenas de mujeres viudas, de hombres solos, de ancianas y ancianos despojados de años de trabajar para su tranquilidad, de padres y madres sin hijos, de niños y niñas que ya no lloran porque esa indiferencia de las sociedades mestizas, de los capitalinos, de los ajenos y de sus propios hermanos indígenas no permite que su llanto sea escuchado. “Son triquis”, como si ser triqui simbolizara no tener derecho a expresarse, como si ser triqui los y las marcara con una enorme letra escarlata, como se hacía en la Santa Inquisición con quien pensaba diferente, con quienes no eran “buenos” ante los ojos de las reglas o ante quienes ostentaban el poder. Así, ellos y ellas, sin importar edad o situación física, portan su letra escarlata para ser señalados y que entonces no tengan derecho de pensar, de ser diferentes, de defender sus tierras, sus ideas, sus raíces.

 

Hoy, 250 desplazados de San Juan Copala, más de 100 de San Miguel Copala y aproximadamente 520 de Tierra Blanca no tienen derecho de regresar a sus casas por el simple hecho de que no son miles y miles que amenazan con llegar a la capital y descomponerlo todo. Sólo hay un porcentaje pequeño al que no se mira, que dejó de ser lo diferente dentro de la decoración del zócalo de Oaxaca y de la Ciudad de México, porque ahora es normal verles ahí en un pedazo de los corredores de esos corazones de la “democracia”.

 

En abril de 2010 fueron nota dentro de la noticias locales, nacionales e internacionales por los deleznables asesinatos de Bety Cariño, defensora de Derechos Humanos, y de Jyri Jakoola, de Finlandia, observador internacional de derechos humanos. Sin embargo, los triquis viven sus historias a diario, historias que podrían generar el interés de algunos que no encuentran cómo golpear a algún funcionario para con esto sacar un poco el enojo de ya no ser privilegiados.

 

Hoy estamos una vez más aquí, a veinticinco años de firmar ese primer tratado de paz, a ocho años de intentar firmar otro más y con la nula nueva propuesta del actual gobernador, Alejandro Murat, de firmar otro "más". Estos niños, niñas, mujeres, hombres, heridos del corazón y del alma, deben volver a gritar otra vez por justicia. Hoy, algunos medios locales y muy pocos nacionales, mostraron el infierno que están viviendo. Tristemente, portando su enorme letra escarlata, visible solo para quienes los humillan y discriminan, invisible ante los ojos de los que no alcanzan a ver que su diario vivir es este, el de sufrir, padecer por no pertenecer a los “buenos”; por no pertenecer a los triquis que sí son escuchados, los mismos que los asesinan, los del MULT.

 

Ojalá se entienda que este dolor eterno no tiene nada que ver con golpeteos políticos en contra de nadie, es simple y llanamente mostrar y evidenciar que la eterna normalización de la violencia triqui debe terminar de una buena vez. Y no con mesas de pacificación, sino con acciones de justicia que se generen desde la Fiscalía General de la República; con investigaciones serias que den como resultado ordenes de aprehensión; para que aquel grupo paramilitar, instalado en el poder de quien lo ostenta, pague por las decenas de secuestros, torturas y asesinatos que ha cometido contra quienes sólo buscan mantener ese lugar que los vio nacer, crecer y del cual han sido despojados; y con la instalación permanente de la Guardia Nacional que les aseguré un retorno real a sus comunidades.
El dolor de esta etnia marcada con la letra escarlata en sus huipiles, con la normalización de la violencia, no lo conocen los más pequeños, aquellos que su única alimentación está compuesta con tortillas, chiles y quelites, y cuando hay unos pesos, huevo y frijoles. Esta niñez aún ignora que son la consecuencia de años de indiferencia gubernamental y de intereses personales de decenas de españoles, mestizos, mixtecos y de grupos políticos buscando poderes absurdos. El hambre no conoce la historia, y las decenas de asesinatos se quedan ahí en números, en frías cifras que siguen encasillando a los “triquis” como salvajes.

                                                                                 Zona triqui baja, enero 2021.
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Fotos y video: Frida Guerrera.