Oaxaca.-A 15 años del violento desalojo de profesores del Zócalo de la capital del estado de Oaxaca, mismo que provocó el surgimiento de un movimiento político social y magisterial, en cuyo intento de diluir el Estado mexicano incurrió en graves violaciones a los derechos humanos, el ombudsperson Bernardo Rodríguez Alamilla sostuvo que es fundamental garantizar a las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto, el derecho a la memoria, justicia y verdad.

Lo anterior, dijo, para romper con el sistema a través del cual la impunidad permite la repetición de este tipo de actos, de tal forma que sostuvo, las autoridades tienen la obligación de realizar acciones y políticas públicas encaminadas a la garantía del derecho a la memoria y a la verdad, como una forma de reconocer su responsabilidad, además de reivindicar la dignidad de las víctimas.

Añadió que se debe buscar que los cientos de víctimas que sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos durante el año 2006 en Oaxaca puedan acceder a mecanismos de justicia transicional y con ello, ocuparse de los crímenes y abusos cometidos durante el conflicto, pero también, tiene que ir más allá y hacer frente a las violaciones de derechos humanos que precedieron al mismo y lo provocaron.

Puntualizó que es fundamental que, en un proceso de justicia transicional, los crímenes del pasado, cometidos por un régimen represor, se solucionen de forma efectiva con el fin de construir una sociedad democrática, inclusiva y pacífica, por ello es una obligación de los distintos niveles de gobierno adoptar mecanismos que permitan brindar a las víctimas, sus familias y la sociedad una rendición de cuentas sobre la intervención de las instituciones en lo ocurrido.

Señaló que el reconocimiento pleno del derecho a la verdad es una respuesta a una demanda irrenunciable de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, sus familias y la sociedad entera, ya que conocer plenamente lo ocurrido, las circunstancias, sus causas, así como identificar a los perpetradores es una forma de combatir la impunidad y una acción que coadyuvará a evitar que este tipo de hechos se repitan.

Insistió en que reconocer el derecho a la memoria como un derecho humano es esencial para lograr la reconstrucción del tejido social en la entidad, además la memoria colectiva es un bien común y la herramienta por medio de la cual se liga el pasado con el presente, lo que hace que este tipo de hechos continúen influyendo en la situación actual.

Indicó que el reconocimiento del derecho a la memoria, justicia y verdad de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos del pasado es una herramienta eficaz para combatir la impunidad, además de romper con el sistema que permite la continuidad y recurrencia de violaciones a derechos humanos en el presente.

Agregó que, si se considera que entre las características de los derechos humanos están la universalidad, indivisibilidad e interdependencia, se puede ver en forma clara el efecto en el presente de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado.

Debido a esto, afirmó Rodríguez Alamilla, es importante que el Estado garantice el acceso al derecho a la memoria, por ello debe asumir su obligación de implementar mecanismos justos y eficaces que permitan el acceso de las víctimas y sus familias a la memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición.