Oaxaca.-La diputada Magaly López Domínguez, solicitó respetuosamente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO)determinar la liberación inmediata de todas las personas cuyo tiempo en prisión preventiva haya excedido los dos años previstos constitucionalmente, especialmente a las personas defensoras de derechos humanos.

Lo anterior mediante un punto de acuerdo que presentó al Congreso Local, en el que se expone el caso del indígena ecologista de la Sierra Norte de Oaxaca y defensor del derecho humano universal al medio ambiente, Pablo López Alavez, detenido en el mes de agosto del año 2010.

La congresista refirió que, en junio de 2017, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, declaró ilegal esta detención mediante la opinión 23/2017, al dar a conocer que, el verdadero motivo de la privación de la libertad del activista, fue su labor como defensor de los derechos humanos y derechos ambientales en su comunidad.

La diputada morenista indicó que la ONU, le solicitó al Gobierno de México liberar al activista y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional, situación que no sucedió.

Detalló que fue en febrero de 2020, cuando el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito resolvió otorgarle al imputado un amparo, por considerar que se violaron sus garantías en tanto que el defensor no contó con un intérprete que conociera su lengua y cultura, y porque al momento de su detención no contaba con abogado o abogada.

Ante este hecho el Tribunal Federal ordenó reponer el proceso jurídico, hasta el momento en el que Pablo López Alavez, rindiera su declaración preparatoria, garantizando que en esta ocasión sí estuviese acompañado por intérprete y defensa acreditada, sin embargo, a once años de su detención el proceso continúa suspendido.

La representante  popular Magaly López Domínguez, apeló a que, el Poder Judicial, considere en casos como este la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que anunció recientemente que emitirá un decreto para liberar, entre otras personas, a las que están privadas de su libertad por delitos no graves, internas en Centros Federales de Readaptación Social, que diez años después de estar recluidas aún no han recibido sentencia

El punto presentado al Pleno Legislativo fue turnado para su análisis y dictamen a la Comisión Permanente correspondiente.