En un comunicado emitido a propósito del 14 aniversario luctuoso de Ernestina, las organizaciones que acompañan legalmente el caso, entre ellas la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Kalli Luz Marina, Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, Centro Heriberto Jara y la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas, señalaron que las contradicciones y opacidad persisten en la actual administración federal. 

Dijeron que han pasado dos meses y medio desde que representantes del Estado mexicano repitieron ante la CIDH (en la audiencia del 4 de diciembre de 2020), la versión del expresidente panista Felipe Calderón que la indígena habría muerto de una gastritis crónica y aseguraron que no se habían cometido violaciones a los DH en este caso.

Cabe recordar que seis días después de la audiencia, el Subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, se retractó de esta versión y aseguró que lo expresado por los representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, no representaban la postura del Estado mexicano. También dijo que el 3 de enero de 2021 se presentaría ante la propia CIDH una propuesta de solución amistosa de este caso.

No obstante, llegada la fecha en que el Estado mexicano debía responder a las cuestiones formuladas por la CIDH esto no ocurrió, por lo que pidió 10 días de prórroga que le fueron concedidos, con lo que el plazo venció el pasado 17 de enero.

A un mes de vencimiento del plazo las organizaciones peticionarias aseguran que no han recibido esta información, por lo que –aseguraron– prevalecen las contradicciones y silencio por parte de la actual administración del Gobierno de México.

Por todo ello, las peticionarias solicitaron a la CIDH la emisión a la mayor brevedad posible del Informe de fondo que determine las violaciones de DH en las que ha incurrido el Estado mexicano en este caso y le formule recomendaciones tendientes a garantizar a las víctimas y al conjunto de la sociedad, la verdad y la justicia integral. 

Las organizaciones también lamentaron que la justicia para Ernestina Ascencio no haya tenido lugar en la agenda de DH del actual gobierno de México, por lo que le hicieron ocho peticiones puntuales:

1. Exigimos que se garantice el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para doña
   Ernestina y sus familiares; así como la no repetición de estos hechos contra mujeres indígenas,
   en la región de Zongolica y en ningún otro lugar en el país.
2. Exigimos verdad y memoria, para lo cual el Estado mexicano en acuerdo con las peticionarias
   debe gestionar una investigación independiente con cargo al propio Estado, bajo el prisma y la
   colaboración de instancias nacionales e internacionales especialistas en materia de derechos
   de las mujeres indígenas, tendiente a conocer la verdad de lo ocurrido, así como la cadena de
   responsabilidades. El resultado de dicha investigación deberá hacerse público por el presidente
   de la República, incluyendo el reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública a los
   familiares de la señora Ernestina. Sobre la base de las conclusiones, identificar, localizar y
   sancionar a los responsables, cuya investigación debe hacerse desde una perspectiva
   interseccional y de género que haga visible las diferentes afectaciones sufridas por la Señora
   Ernestina.
3. Exigimos adopción de medidas tendientes a honrar la imagen y la memoria de la señora
   Ernestina de manera adecuada a su cultura y en acuerdo con su familia.
4. Exigimos que se otorgue reparación integral en el contexto cultural y comunitario, de las
   consecuencias ocasionadas a la familia de la señora Ernestina Ascencio Rosario, de acuerdo
   con los estándares establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de
   manera que recuperen su tranquilidad y repare los daños que la perdida de la señora Ascensio
   haya causado en sus vidas.
5. Exigimos que con la participación de mujeres indígenas representantes de organizaciones
   nacionales e internacionales, identificar e implementar medidas para diseñar e implementar de
   manera progresiva los derechos económicos, sociales y culturales en las mujeres y pueblos
   indígenas, en particular, que se garantice el derecho a la salud integral e intercultural, con
   especial atención en la traducción e interpretación en las lenguas indígenas.
6. Exigimos que se adopten medidas estructurales de garantía y respeto de la autonomía y libre
   determinación de los pueblos indígenas, vulnerados con hechos tan atroces como los sufridos
   por la señora Ernestina Ascencio Rosario, asegurando que no lo vuelva a vivir ninguna mujer
   indígena, que ningún territorio indígena sea ocupado por militares y el retiro de la Guardia
   Nacional de los territorios indígenas en el país, a menos que las propias comunidades soliciten
   su presencia, la cual sea supervisada, de manera que garantice a las mujeres indígenas, el
   ejercicio de sus derechos humanos, incluido el derecho a vivir libres de violencias y
   discriminación.
7. Que se adopten las medidas legislativas, administrativas o de cualquier otro carácter,
   necesarias a fin de garantizar legitimación pública para accionar la justicia penal en casos de
   violaciones graves a derechos humanos, así como para garantizar el acceso a la información
   relativa a dichos casos y la eficacia. Asimismo, que las medidas que en el Sistema Nacional
   contra la violencia hacia las Mujeres se cree una estrategia nacional y programa de atención
   para las mujeres indígenas, para su aplicación en todos los niveles de gobierno que incluya una
   estrategia de atención a las mujeres indígenas víctimas de violencia en sus comunidades. Que
   el acceso a la transparencia y el acceso a información pública sea proactivo de las instituciones,
   sean una práctica y una cultura, así como que las solicitudes sean respondidas en forma
   oportuna y exhaustiva.
8. Exigimos que cese la persecución y se brinde protección, reconocimiento y reparación del
   daño ocasionado, a sus familiares y a las personas que a través de los años han defendido la
   verdad y la justicia ante lo ocurrido, entre ellos, periodistas, servidores públicos y defensores de
   derechos humanos

Un 25 de febrero pero de hace 14 años, la hija de Ernestina Ascencio encontró a su madre tirada en el monte. La indígena, quien era una adulta mayor, llevó a pastar a sus ovejas cerca de un campamento del Ejército mexicano, en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz. Al preguntarle lo que le había sucedido, Ernestina respondió a su hija en su lengua náhuatl: “los verdes se me echaron encima, mi hija. Me duele la cadera”.

Ernestina no recibió atención médica oportuna. Falleció en la madrugada del día siguiente. Los primeros hallazgos médicos evidenciaron la existencia de violencia sexual, lo que motivó el inicio de una investigación en la Agencia del Ministerio Público Especializada en delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la familia en la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz (PGJ). 

Antes de que concluyeran las investigaciones, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, adelantó la conclusión del caso y aseguró que Ernestina murió de “gastritis crónica”. Esta versión fue secundada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la PGJ de Veracruz, quienes en lugar de continuar la investigación decidieron archivarla.

Con informacion de cimacnoticias.com.mx