Oaxaca.- Diputadas federales de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, MC y PRD, respaldaron la solicitud de la “Red Nacional de Alertistas”, “Mujeres en Cadena por una Vida Digna”, y “Nosotras Tenemos Otros Datos” para que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) impulse la activación de una Alerta de Violencia de Género (AVG) a nivel nacional.

A propósito del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y de los 16 días de activismo, que concluyen el 10 de diciembre, el pasado 25 de noviembre los colectivos feministas entregaron la petición al Inmujeres, argumentaron que hasta ahora 25 estados del país cuentan con una Alerta de Violencia de Género y seis más se encuentran en proceso de declaratoria.

Este 7 de diciembre, en conferencia de prensa en San Lázaro, las diputadas federales se sumaron a la solicitud de las organizaciones civiles para que las AVG no sean únicamente responsabilidad del Ejecutivo, sino que involucre a los poderes Legislativo y Judicial y que los gobiernos estatales y municipales implementen acciones para garantizar una vida libre de violencia.

Cifras son alarmantes, aseguran

Xóchitl Arzola Vargas, integrante de la “Red de Mujeres en Cadena por una Vida Digna”, dijo que de acuerdo con su análisis de los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre feminicidio, homicidio doloso y homicidio culposo, en México al día se asesina a 20 mujeres al día, “y todas han sido víctimas de violencia machista y misógina”.

Comentó que de 2015 a 2020 se registraron 4 mil 536 casos de feminicidio y aseguró que el año pasado aumentaron un 129.2 por ciento, con respecto del 2015, cuando se decretó la primera Alerta de Violencia de Género, en el Estado de México. Estas cifras, agregó, son suficientes para considerar que todo el país debe declararse en Alerta de Género, pues sólo tres municipios no cuentan con este mecanismo.

“Las acciones ya no deben limitarse al territorio de los municipios, es necesario que los tres niveles de gobierno se hagan responsables de lo que ocurre en sus territorios, en los que además ellos han decidido gobernar”, dijo la defensora de Derechos Humanos.

Como parte de la “Red Nacional de Alertistas”, la defensora Marina Reyna Aguilar, argumentó que en este momento no hay una articulación a nivel federal para implementar las acciones derivadas de las Alertas y coincidió en que solamente están dejando la responsabilidad a los estados y a los municipios.

“El Estado mexicano tiene la obligación constitucional de promover, de garantizar estos Derechos Humanos de las mujeres que están siendo violentados a nivel nacional, por eso nuestra exigencia de que esta Alerta de Violencia de Género sea a nivel nacional”, explicó.

 No hay política nacional para atender violencia

En México, cada administración federal plantea planes sexenales para atender diversos temas en el país, sin embargo, a tres años de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder, su gobierno no ha publicado el “Programa Nacional para Prevenir y Atender la Violencia Contra las Mujeres” ni el “Programa Nacional Contra la Trata de Personas”, dos instrumentos que se debieron diseñar desde 2018 y presentar en 2019.

En representación de la red” Nosotras Tenemos Otros Datos”, la abogada Patricia Olamendi Torres, informó que no existen estos programas que definen la ruta de acción durante los seis años de gobierno, por eso adelantó que los colectivos feministas también llamaron al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a emitir estos instrumentos lo antes posible.

“Hasta el día de hoy el Gobierno federal no cuenta con una política pública para enfrentar la violencia contra las mujeres, los datos son brutales, por eso México está calificado como el país que no quiere a las mujeres”, dijo la abogada.

Agregó: “¿Que más tenemos que esperar para lograr que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones legales?, ¿que más tenemos que esperar para que las autoridades hagan su trabajo?, lo único que estamos pidiendo las mujeres es que respeten nuestros derechos”.

Al ser cuestionada sobre la efectividad de una alerta nacional, cuando las cifras de violencia contra las mujeres van a la alza, incluso en estados con este mecanismo, Olamendi Torres dijo que la AVG funciona pero debe poner en práctica un mecanismo de coordinación entre la federación, el estado y el municipio.

“Hasta ahora ninguna autoridad federal está participando en el trabajo en torno a prevención y atención de las víctimas de violencia, lo que buscamos con la alerta nacional es lograr establecer el mecanismo de coordinación de toda la administración pública federal y de los poderes del estado”, dijo.

Legisladoras se suman a petición

Las diputadas federales se sumaron a la petición de la sociedad civil porque coincidieron en que una alerta en todo el país permitirá contar con una estrategia nacional que involucra a los tres órdenes y poderes de gobierno; tener indicadores de cumplimiento y tareas de responsabilidad; y además obligará a asignar un presupuesto específico para atender este tema en 2023.

La diputada del PRI, Melissa Estefanía Vargas Camacho, explicó que en México la violencia contra las mujeres representa una emergencia nacional, a la altura de la pandemia de COVID-19, por ello dijo que es necesario articular una política nacional que contrarreste y reconozca un fenómeno generalizado de violencia contra este grupo de la población.

La diputada del PAN, Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN) sostuvo que esta solicitud de la sociedad civil también es una llamada de atención al Legislativo, ya que evidencia la necesidad de trabajar en acciones más efectivas en contra de la violencia de género.

“En algo fallamos porque no se ha logrado (la Alerta de Género) tal como lo decíamos, es por eso que vale la pena que nosotros también nos comprometemos a trabajar en ello”, subrayó. A estas posturas se sumaron las diputadas  Blanca Alcalá Ruiz del PRI y Gabriela Sodi Miranda del PRD.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Amalia García Medina, señaló que la violencia contra las mujeres es intolerable y aseguró que vivimos una crisis civilizatoria que provoca que la violencia feminicida y homicida esté presente en el ámbito público y en el privado. “Lo que está sucediendo es una descomposición que no puede ser tolerada”, sentenció.

Por su parte, la diputada del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, criticó que la AVG se haya convertido en un tema político, pero destacó que a las legisladoras les toca vigilar la implementación y adelantó que próximamente la Cámara de Diputados tendrá una reunión con la Fiscalía General de la República para revisar la prevención del feminicidio.