Oaxaca.-A mediados de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reaprehendió a los siete militares involucrados en el abatimiento de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, en 2014, y los cuales fueron liberados entre 2015 y 2016 ante la falta de pruebas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con El Universal, los elementos, entre ellos un capitán retirado, fueron ingresados por la Policía Judicial Militar a la Prisión Militar del Campo 1-A, en la Ciudad de México, y cuatro de ellos salieron bajo fianza el 26 de marzo para continuar su proceso en libertad, pero se presentan diariamente a pasar lista. Fuentes aseguraron al diario que tres de los siete militares reaprehendidos permanecen presos en el Campo Militar 1-A por este caso.

La PGR inició y consignó la Averiguación Previa AP/PGR/UEITA/161/2014, en la que acusó a siete militares –Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán, Leobardo Hernández Leónides y Roberto Acevedo López–, por el homicidio de ocho civiles y por encubrimiento, pero debido a que no ofreció pruebas contundentes para señalar la identidad individual de los soldados responsables, estos fueron liberados con las reservas de ley por el Poder Judicial de la Federación en mayo de 2016, a pesar de considerarse probado que existieron ejecuciones arbitrarias.

En 2019, al cumplirse cinco años de la masacre, el Centro Prodh indicó que encubrimiento y la impunidad que privan en este emblemático caso son un mensaje negativo sobre la intervención militar en la seguridad pública en el momento en que ha entrado en operación la Guardia Nacional.

Refirió que si los hechos no son esclarecidos y los responsables a todos los niveles sancionados se estará entendiendo que la privación de la vida en el contexto de la intervención militar en la seguridad pública no tiene consecuencias, lo que sin duda puede repercutir en nuevas y graves violaciones a derechos humanos.