Anayeli García Martínez Y Hazel Zamora Mendieta / Cimacnoticias

Oaxaca.- Desde aquel anuncio, en julio de 2020, hasta marzo de 2021, han sido asesinadas 634 mujeres, según el registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y aunque no se sabe cuántas de ellas eran madres, hay niñas y niños que quedaron en orfandad y sin posibilidad de restituir un plan de vida roto después del asesinato violento de sus madres. 

Mientras se siguen sumando más asesinatos de mujeres y la cifra de niños en orfandad aumenta, este proyecto de protocolo, que aún no es público, aún sigue en desarrollo, pero para que sea eficaz debe ofrecer atención integral y de largo plazo y tomar en cuenta las opiniones de las familias de las víctimas y de las niñas y niños, quienes no sólo necesitan apoyos económicos, sino tener una familia, estar en la escuela, crecer en un entorno de seguridad, y sobre todo recibir atención a su salud emocional. 

La presidenta del Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes “Rehilete AC”, Mónica Herrerías Domínguez, la exsecretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Puebla, Gabriela Escobar del Razo y la investigadora y psicóloga Andrea Cárdenas Domínguez, destacaron en entrevista que la niñez necesita de políticas públicas que los sostengan ante un evento crucial como este.

En 2017 Cimacnoticias publicó una investigación, realizada a propósito del Día Internacional de la Mujer, en la que reveló escasas cifras y poca información sobre la atención para las hijas e hijos de mujeres asesinadas, quienes quedaban a la deriva y eran invisibles para el Estado. A cuatro años de esa documentación, el gobierno federal continúa analizando cómo resolver la falta de políticas públicas en la materia.

El borrador de “Proyecto del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio” considera a esta población víctima directa e indirecta del feminicidio, debido a la desprotección en que quedan después de la muerte violenta de la madre, quien en la mayoría de los casos es asesinada por su pareja.

El trauma y el duelo se suman a afectaciones a su integridad y la vulneración a sus derechos, sin embargo, todavía no existe un plan de atención integral. En estados como el de México, Coahuila y Jalisco, se han creado programas centrados en transferencias económicas y a nivel federal se trabaja en una ruta que se centra en actuar ante una escena del crimen donde haya niñas, niños y adolescentes. 

Aunque la orfandad por feminicidio es un problema que data desde que se comenzó a documentar el feminicidio, en la década de los años 90, en el estado de Chihuahua; fue el 20 de julio de 2020 cuando la presidenta del Inmujeres, junto con representantes del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), anunciaron la creación de un protocolo nacional. 

Ese día aseguraron que este documento sería resultado de la información obtenida en 26 sesiones de trabajo de las Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia en casos de Muertes Violentas de Mujeres y Niñas, impulsadas por el Inmujeres en 12 entidades federativas y de la colaboración de las fiscalías y procuradurías estatales, con el fin de conocer el número y las características de niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas del delito de feminicidio.

Dos meses antes de aquel anuncio, el 6 de marzo de 2019, al presentar el “Plan de Atención General a las Mujeres de México”, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman, señalaron que como parte de este plan integrarían un padrón de víctimas indirectas del feminicidio, especialmente de las hijas y los hijos menores de edad, así como dependientes económicos de las mujeres asesinadas y desaparecidos para ofrecerles atención y acompañamiento integral. 

Por ahora tampoco hay noticias sobre este registro. Hasta el mes de marzo de 2021, cuando se obtuvo el borrador, el Inmujeres ubicó 796 casos de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio. Esta información la consiguió consultando a diferentes autoridades competentes. Sin embargo, este dato corresponde al registro de enero a diciembre de 2019 y sólo es de 23 de los 32 estados de la República. 

Por otra parte, de acuerdo con el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de 2014 al 13 de febrero de 2020, reconoció 59 niños, niñas y adolescentes víctimas indirectas de feminicidio. Es decir, en 6 años el Renavi apenas incluyó cerca de 7 por ciento del total de casos localizados en un año por otras autoridades. 

Consultados sobre el contenido y las fechas para publicar este protocolo que se dio a conocer como un documento concluido, las áreas de comunicación del Sipinna y el DIF expusieron que no les correspondía coordinar esa política pública, porque únicamente “participaban de forma colateral”, mientras que en el Inmujeres refirieron que su desarrollo estaba a cargo del DIF. Hasta esta fecha, el documento no se había publicado.  

Al respecto, la presidenta del Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes “Rehilete AC”, Mónica Herrerías Domínguez, expuso que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde 2014, establece que las Procuradurías de Protección, federal, estatales y municipales, son quienes deben proteger los derechos de esta población y la Ley General de Víctimas, vigente desde 2013, establece la reparación integral para las víctimas. 

En consecuencia, señaló la también perita en materia de psicología, estas instancias son quienes tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de estas infancias, desde atender la depresión y el duelo, acompañar los interrogatorios ante autoridades penales hasta garantizar que no vivan más violencia del feminicida, en caso de que sea su familiar. Es decir, deben coordinar y ofrecer un acompañamiento integral y desde un enfoque psicosocial, educativo y familiar. 

Sin embargo, el documento de 93 hojas, obtenido por medio del mecanismo de acceso a la información, establece una ruta de atención que comienza cuando hay una llamada de emergencia al 911 para dar cuenta de un feminicidio. En estas listas de actividades a seguir se consideran acciones como preguntar si hay niñas o niños en el lugar y en su caso informar a la Procuraduría de Protección. La lista de pasos llega hasta la elaboración de un Plan de Restitución de Derechos. 

El proyecto parte del supuesto de que cuando una mujer es asesinada sus hijos e hijas se encuentran en la escena del crimen, por lo que la primera persona en responder es la policía ministerial, que de acuerdo con el documento, debe estar capacitada en atención a la niñez y encargarse de resguardar a los menores de edad, solicitar atención médica o psicológica en caso de ser necesario y trasladarlos al Ministerio Público junto a la Procuraduría de Protección. 

El documento indica que el Ministerio Público también debe otorgar medidas de protección a las niñas y niños, así como reconocerlos como víctimas indirectas y vincularlos con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas para integrarlos al Renavi. Si lo requieren, indica la ruta a seguir, en coordinación con el DIF e instituciones de refugio, se le ofrecerá asilo y alimentación. 

Este proyecto de documento también vincula a las comisiones estatales de Derechos Humanos y al organismo defensor nacional como responsables de cubrir los gastos de traslados, hospedajes y alimentación de la niñez en orfandad, en especial cuando tengan que comparecer ante el Ministerio Público, desahogar diligencias e interponer denuncias.  

También se establece que el seguimiento para garantizar los derechos de las niñas y niños en orfandad por feminicidio estará a cargo de la Procuraduría de Protección, instancia que debe turnar el caso al Área de Protección Integral y Restitución de Derechos, quien a su vez, solicita la intervención de un Grupo Multidisciplinario para revisar cada caso. 

En el proyecto se describe que este Grupo es el encargado de crear un Plan de Restitución de Derechos a partir de entrevistas, estudios e intervenciones de especialistas en psicología y trabajo social, pero serán otras instituciones públicas, privadas o autoridades competentes las que garanticen el desarrollo social, educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo y seguridad social a los menores de edad. 

El Grupo, según el protocolo, tiene la facultad de pedir sanciones en caso de que no se cumplan las medidas que emite así como darles seguimiento, determinar que fueron cumplidas y cerrar el proceso, o bien, decidir si en algún caso no se violó ningún derecho de las niñas y niños en orfandad. 

Si bien el proyecto de Protocolo buscaría una atención inmediata a la orfandad por feminicidio, la realidad es que los caminos que recorren las familias que se quedan el cuidado de las niñas y niños son más complejos. Por ejemplo, luchan por la custodia de las y los menores de edad, incluso se enfrentan con las familias de los feminicidas y a la vez buscan y pagan de su bolsillo atención psicológica porque las autoridades no les ofrecen ningún tipo de apoyo o compensación del daño. 

Eso es algo de lo que vivió la familia de Verónica Guadalupe Benítez Vega, una joven de 21 años de edad que fue asesinada el 26 de julio de 2017 por su esposo Luis Ángel Reyes, en el Estado de México. Guadalupe tenía un hijo de entonces tres meses de edad. La hermana de Guadalupe, Juana Isabel Benítez Vega, recordó en entrevista que cuando vio el cuerpo de su hermana apuñalada y golpeada con un bloque de construcción en la cabeza, su principal preocupación fue saber qué había ocurrido.

Luego de la impresión, a la cabeza de Juana llegó la preocupación por el futuro de su sobrino. Se enteró que la madre de Luis Ángel se llevó al bebé. Al buscar a la mujer, quien también es la abuela del niño, ella se negó a entregarlo. Juana tuvo que solicitar el apoyo de policías, quienes no preguntaron si había algún niño o niña involucrado en el crimen, por el contrario, le reclamaron a la hermana por no avisarles antes. 

Juana y su familia llevaron al hijo de Guadalupe a los servicios médicos para asegurar que se encontraba bien, pues la versión de su padre era que habían intentado robar la casa, por lo que Guadalupe fue asesinada y el niño estaba herido. La revisión del niño fue en el Ministerio Público, donde permaneció cerca de siete horas en diligencias. Al final del día la familia pudo reunirse con él. 

Juana narró que durante los dos años que siguieron el proceso para obtener una sentencia contra el feminicida de su hermana, su madre, una adulta mayor de 60 años, asumió los cuidados del hijo de Guadalupe. Una vez más una abuela súbitamente se convirtió en madre. Juana y su padre se abocaron en encontrar justicia para Guadalupe. 

En 2019 Luis Ángel fue sentenciado a 62 años de prisión, pero aunque el Estado de México es una de las tres entidades que tienen apoyos económicos para las hijas e hijos de víctimas feminicidio, ninguna autoridad ha informado a la familia de Juana sobre estos programas y tampoco han logrado obtener la custodia del hijo de Guadalupe, quien hoy tiene cuatro años de edad. 

El feminicidio de Guadalupe tuvo impactos para su hijo, pero también para otra niña con quien ella tuvo un vínculo estrecho, su sobrina. Guadalupe convivió y cuidó a la hija de Juana, quien también se ha visto afectada por su asesinato. El crimen acabó con una vida y trastocó la de toda la familia, pero además marcó el futuro de dos niños.

El Estado de México, Coahuila y Jalisco tienen programas que dicen que contribuyen a la reparación integral del daño de hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio y parricidio. En Jalisco el programa se creó en 2017 y ofrece 3 mil 300 pesos bimestrales; en el Estado de México, desde 2020, hay tres programas, en uno se entregan de 5 mil a 15 mil Unidades de Medida y Actualización, en otro se dan mil 500 mensuales para alimentos y en el tercero de 2 mil a 3 mil pesos mensuales. En el caso de Coahuila, en 2018, se creó un programa piloto para atender a 18 niñas y niños en orfandad, a quienes se les da 4 mil pesos bimestrales. 

Para la exsecretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Puebla, Gabriela Escobar del Razo, se trata de programas basados en procedimientos administrativos. Cada estado atiende el problema según la respuesta que considera adecuada. Por ejemplo, expuso la defensora, en el caso de Jalisco no hay una política integral que vea el problema de manera sistémica y que permita delinear una política pública para garantizar el interés superior de la niñez 

La experta aseguró que la atención debe partir de la salud emocional de la niñez porque son víctimas de delitos de alto impacto, por tanto requieren atención psicológica profunda, que derive de protocolos muy claros y con personal profesional. Las becas, dijo, están diseñadas para cualquier niña o niño que está en vulnerabilidad por pobreza. 

La entrega de dinero ha sido el eje para atender a la niñez. Como muestra, en noviembre de 2020, la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y el DIF suscribieron un convenio para ofrecer becas económicas a niñas, niños y adolescentes en orfandad derivada de la pandemia causada por el virus de COVID-19.

Escobar del Razo, quien también trabajó en la Fundación Junto con las Niñas y los Niños (Juconi) aseguró: “eso es más de lo mismo. ¿Por qué no están hablando del caso específico de niños víctimas de un delito de alto impacto como es el feminicidio y todo lo que conlleva restaurar una vida? Hay que reconstruir una historia de vida dañada. Darle una beca no le soluciona la vida a nadie”. 

“Hoy por hoy tenemos un Sipinna, que aún no ha acabado de entender cuál es su función esencial y cuál es su deber sustantivo. Sipinna tendría que articular a todos los involucrados en cada una de las áreas que vulneran los derechos de los niños. Está para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, recalcó.

La pérdida violenta de la madre y la ausencia del padre, quien en muchas ocasiones es el agresor o estuvo alejado de la vida de su hija o hijo, provoca un daño transgeneracional. En un artículo publicado en 2017 por la abogada feminista Andrea Medina Rosas, quien litigó casos de feminicidio, señaló que estas niñas y niños quedan excluidos de políticas de atención especializada, no tienen alternativas claras para remontar el daño causado y su cotidianidad se ve severamente afectada.

La psicóloga Andrea Cárdenas Domínguez, quien trabajó con hijas e hijos de víctimas de desaparición y de feminicidio en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Chihuahua, (Cedehm) expuso que las instituciones que atienden a estas víctimas aún tienden a utilizar una rama de la psicología muy clínica que no responde a las necesidades de la infancia. 

En Chihuahua, por ejemplo, detalló que la CEAV ofrece atención psicológica, pero no existe un enfoque que repare a las víctimas ni una mirada que incluya un proceso de sanación. Hasta ahora, se sigue pensando que a las niñas y niños hay que regresarlos a la situación en la que estaban antes del feminicidio, cuando es probable que antes de ese hecho vivieran violencia constante que provocó el crimen.

La psicóloga aseguró que para elaborar un protocolo o plan de atención a la infancia se deberían organizar mesas de escucha con niñas y niños víctimas o familiares, para que expresen sus necesidades y dejar de lado el ángulo adulto-centrista de estas políticas públicas. De entrada, expuso, hacer una ruta de atención que inicia en una escena del crimen es sólo ver la cúspide del problema, el feminicidio. Antes, dijo, tuvieron que pasar muchas violencias para llegar a ese punto. 

Por su parte Monica Herrerías Domínguez destacó como fundamental que un protocolo salvaguarde el interés superior de la niñez y salvaguarde su integridad física cognitiva y emocional, la cual ya está dañada por un evento de alto impacto. Toda atención, consideró, debe empezar por contención y terapia mínima, pero no se debe dejar de lado la salud física, cognitiva y emocional y la seguridad económica y jurídica. 

¿Con quién vivirán estos niños, estarán al cuidado de sus abuelas, permanecerán con la familia del agresor, en qué localidad se ubicarán, quién tendrá su custodia legal, cómo participarán en el proceso de justicia para sus madres, seguirán en el sistema escolar, cómo resolverán el duelo? A partir de preguntas como éstas se tiene que planear un programa de acompañamiento que debe durar años, expusieron las expertas.