De acuerdo con la asociación civil Fuerza Migrante sin Fronteras, al menos 500 personas de Michoacán solicitaron asilo en los Estados Unidos entre marzo y mediados de mayo, principalmente del municipio de Aguililla. Este es el caso de Karla, quien tuvo que huir del municipio con su esposo, su hijo de siete años y su hija de seis meses ante la situación de violencia generalizada en la región. Karla y su familia se desplazaron a Tijuana, al igual que casi 1,500 habitantes de Aguililla que llegaron a la frontera en mayo.

¿Qué más ocurrió en mayo?

Se presentó el Informe Mundial sobre Desplazamiento Interno 2021 del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC). 

De acuerdo con el documento, en 2020 se registraron 40.5 millones nuevos desplazamientos en 149 países y territorios: 9.8 millones por situaciones de conflicto y violencia y 30.7 millones por desastres. A finales de 2020, el total estimado de personas viviendo en situación de desplazamiento interno en el mundo era de 55 millones - 48 millones debido a conflictos y violencia. Estos datos indican que las personas desplazadas por situaciones de conflicto y violencia suelen permanecer más tiempo en esta condición.

Para el caso de México, en 2020 se registraron 9,700 nuevos desplazamientos por situaciones de conflicto y violencia, con base en los datos compartidos por la CMDPDH, y 101,000 por desastres. Hasta finales de 2020, se contabilizaban 357,000 personas desplazadas internamente en el país por situaciones de conflicto y violencia y 99,000 por desastres. 

De acuerdo con el IDMC, el costo global de un año de desplazamiento fue de 20.5 mil millones de dólares en 2020. La cifra incluye el costo de proveer de apoyos para vivienda, educación, salud y seguridad a las personas desplazadas por violencia, y también toma en cuenta sus ingresos perdidos debido al desplazamiento. El informe también incluye capítulos especiales sobre los desplazamientos internos relacionados con el cambio climático y sobre los impactos de la Covid-19 en las personas desplazadas internamente y en la respuesta al fenómeno. 

Chiapas

• Los ataques armados provenientes de Chenalhó a diversas comunidades de Aldama continúan y, de acuerdo con el presidente municipal, han incrementado en los últimos meses. 

  • El día 8, un joven de 24 años murió por los ataques en los límites con San Pedro Chenalhó. La víctima recibió un disparo mientras se encontraba en su domicilio.

  • A finales de mes una familia de Aldama tuvo que sortear las balas y caminar por las montañas para poder llevar a una niña gravemente enferma al doctor. 

  • El 21 de mayo, la titular de la cuarta Visitaduría de la CNDH recorrió la zona de conflicto.

  • El 28, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre 32 nuevos ataques ocurridos dos días antes, recordó que ha otorgado medidas cautelares a 12 comunidades de Aldama y exhortó al Estado mexicano a tomar las medidas de seguridad necesarias e investigar los hechos.

• Seis familias pertenecientes a la organización Las Abejas de Acteal retornaron al barrio Río Jordán, Colonia Miguel Utrilla (“Los Chorros”), en Chenalhó, tras más de 20 meses de desplazamiento, período durante el cual dos niñas fallecieron debido a las condiciones precarias en las que vivían. 

• Personas desplazadas de Santa Catarina, en San Cristóbal de las Casas, demandaron el retorno seguro de 200 personas que fueron desplazadas de la comunidad desde hace cinco años por grupos armados de corte paramilitar. 

Chihuahua

• Un hombre que había sido desplazado desde noviembre de 2018 fue asesinado en Delicias, donde vivía actualmente. Originario de Chínipas, se vio obligado a huir del municipio tras el asesinato de cinco miembros de su familia, sabiendo que su vida también se encontraba en riesgo.

• Tres gobernadores tradicionales de la comunidad rarámuri de Mogótavo, en Urique, han sido denunciados por el delito de despojo agravado por ocupar sus tierras ancestrales, que fueron comercializadas sin respetar los derechos y voluntades de la comunidad. Según el asesor jurídico de los gobernadores, el grupo de empresarios que interpuso la denuncia pretende desplazar a 300 personas de 80 familias de la comunidad. En respuesta, hubo manifestaciones exigiendo el retiro de las denuncias, el reconocimiento del territorio ancestral y la protección contra desalojos.

Jalisco

• El Instituto Nacional Electoral informó que instalaría una casilla especial en la zona urbana del municipio de Teocaltiche para garantizar el ejercicio del sufragio a personas desplazadas.

Guerrero

• La tala ilegal ha incrementado en los últimos años en la entidad y se ha vuelto una fuente importante de ingresos para diversos grupos del crimen organizado. La comunidad de Guajes de Ayala, ubicada en el municipio de Coyuca de Catalán y donde anteriormente hemos reportado desplazamientos, es una de las localidades afectadas por estas actividades. En mayo, un camión con víveres fue enviado por familiares a los pocos habitantes que aún permanecen en la región. 

Michoacán

• La violencia generalizada en la entidad ha generado el desplazamiento de madres de familia. De acuerdo con la Arquidiócesis de Morelia, los municipios con más casos identificados son Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Tacámbaro. 

Oaxaca

• En diciembre, debido a un ataque armado a la comunidad de Río Santiago, en el municipio de Santiago Textitlán, donde dos personas fueron asesinadas, 200 personas tuvieron que desplazarse y refugiarse en el comedor comunitario de la cabecera municipal. El 12 de mayo, 45 viviendas de la comunidad fueron quemadas. Ante la falta de respuesta adecuada y la ausencia de condiciones para el retorno, algunas de las personas desplazadas acudieron a oficinas de gobierno para demandar atención integral, incluyendo la reconstrucción de las viviendas quemadas. 

• Aún no se han logrado condiciones para el retorno seguro de las personas desplazadas de Tierra Blanca, quienes están por cumplir cuatro meses en esta situación. No obstante, el gobernador del estado y el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB se reunieron con las personas desplazadas y con quienes siguen en la comunidad para presentar una ruta de solución organizada en cuatro fases, la cual incluye un protocolo para el retorno. 

  Como parte de los compromisos de Gobierno Abierto del estado, continúa el monitoreo al cumplimiento de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, aprobada en 2020. Se anunció el lanzamiento oficial de un micrositio con información práctica y accesible relacionada con el desplazamiento interno. 

• Con informacion del boletin CMDPDH