Anayeli García Martínez/ Cimacnoticias

Oaxaca.- Aunque en estas elecciones el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos estatales electorales establecieron que las y los candidatos a cargos de elección debían presentar su “Declaración 3 de 3 contra la violencia de género” para acreditar que no son agresores de mujeres, sólo mil 40 aspirantes hicieron pública esta documentación.

De acuerdo con un análisis de la organización “Transparencia Mexicana”, especializada en el combate a la corrupción, al corte del 18 de mayo se identificó que de 125 mil candidaturas, sólo mil 40 aspirantes hicieron públicas sus declaraciones sobre violencia de género y 6 mil 375 presentaron información sobre su situación patrimonial, declaración de intereses y pago de impuestos.

En este proceso electoral, el más grande de la historia por la cantidad de cargos en disputa, debido a que el próximo 6 de junio se renovarán 20 mil 500 cargos (entre gubernaturas, diputaciones federales y locales y cargos en ayuntamientos), las y los candidatos tuvieron más disposición para informar sobre su patrimonio que sobre la violencia de género. Sólo 5 por ciento presentó información patrimonial y 0.8 por ciento dio a conocer su declaración sobre violencia de género.  

La líder de proyecto para la observación electoral 2021 de “Transparencia Mexicana”, Mariel Miranda, explicó a esta agencia que encontraron estos datos después de analizar información presentada en los sitios web del INE, de institutos electorales locales, de Comités de Participación Ciudadana y de organizaciones civiles, sociales y empresariales. En general, en la observación ubicaron escasa información de las 125 mil candidatas y candidatos que compiten por un cargo público.

La “Declaración 3 de 3 contra la violencia de género” se gestó desde 2017 y fue diseñada por el movimiento feminista mexicano e impulsada por diputadas federales, defensoras de los derechos políticos de las mujeres, la “Red Nosotras Tenemos Otros Datos” y “Las Constituyentes Feministas”, quienes consiguieron que se incluyera en los acuerdos aprobados por el INE en estos comicios, como mecanismo para evitar que los agresores lleguen al poder.

Las mujeres lograron que el 28 de octubre de 2020 el INE determinara que los aspirantes a una candidatura deberían firmar y entregar tres documentos donde declararan, bajo protesta de decir verdad, no estar sancionados por ser deudores de pensión alimenticia, por ejercer acoso o violencia sexual ni por ser agresores de mujeres en el ámbito familiar o político.

El objetivo del movimiento feminista fue elevar la calidad ética de las y los funcionarios públicos al asegurar que aquellas personas que compitan y ganen un puesto como legisladores o gobernantes no hayan violetado mujeres, por medio de amenzas, golpes, acoso o violación sexual y que no sean irresponsables con la manutención de sus hijas e hijos.

Esta iniciativa, conocida como “#3De3VsViolencia”, se inspiró en la “#3de3”, otro mecanismo de rendición de cuentas impulsado por “Transparencia Mexicana” y el “Instituto Mexicano para la Competitividad” (IMCO) para conseguir que servidores públicos, legisladores, líderes de partidos políticos y candidatos a cargos de elección publicaran tres documentos: declaración patrimonial, declaración de intereses y comprobante de pago de impuestos.

Mariel Miranda detalló que en el caso de la #3De3 patrimonial las y los candidatos completaron la información voluntariamente y decidieron o no ponerla a disposición de la ciudadanía para que el electorado les conociera y ejerciera un voto basado en información y no solo en propaganda. En el caso de la “#3De3VsViolencia”, el INE determinó que esta documentación sería un requisito para registrar candidaturas. Es decir, estas declaraciones podrían existir, pero no ser públicas.

Sobre las razones de por qué hay más información patrimonial disponible, la investigadora consideró que hay que tomar en cuenta que las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, están presentes en la agenda y conversación pública desde finales de 2014. “Hay una exigencia social y un ecosistema de organizaciones e instituciones más organizado para exigir que candidatos y candidatas presenten y publiquen esta información”, mencionó.

En el caso de “#3De3VsViolencia”, aunque fue un requisito del INE para registrarse como aspirante a un cargo, es la primera vez que este mecanismo se presenta en un proceso electoral y si bien el criterio de la autoridad electoral federal alcanzó a los institutos locales, Miranda expuso que falta llevarlo a la conversación pública para que se exija su presentación y su publicación para el conocimiento de la ciudadanía.

Por otro lado, hasta el mes de abril de 2021, 155 organizaciones convocadas por “Las Constituyentes Feministas”, “Nosotras Tenemos Otros Datos” y “Brujas del Mar”, e integradas en “La Observatoria Ciudadana” para vigilar el desarrollo del actual proceso electoral, ubicaron 72 políticos en funciones y candidatos señalados de abuso sexual, violación, violencia intrafamiliar, pederastia, lesiones y pornografía, entre otros delitos, quienes fueron registrados como aspirantes.

“Transparencia Mexicana” identificó que en cinco estados (Coahuila, Colima, Durango, Sinaloa y Yucatán) se puede consultar quiénes han presentado su “Declaración 3 de 3 contra la violencia de género”, pero en 27 estados (y a nivel federal) no hay plataformas para consultar esta información.

A decir de Mariel Miranda, esta falta de datos sobre el perfil de las y los abanderados de los partidos políticos hace que las instituciones y la ciudadanía no tengan una pieza clave para distinguir de manera informada si esas personas tienen un verdadero compromiso con la agenda de las mujeres. Esto sucede en medio de la exigencia ciudadana por tener representantes y gobernantes más dignos y que no sean personas privilegiadas por la impunidad.

“La #3De3VsViolencia es una aproximación a que su compromiso no sea sólo de palabra, sino que muestren que de verdad no han sido partícipes de alguna de las 3 formas de violencia enumeradas en la declaración”. La investigadora agregó que esta información es útil porque hoy existe una demanda ciudadana por atender con seriedad la violencia de género.

Miranda también advirtió que históricamente nuestro sistema de información electoral ha sido pensado desde, y para los partidos, por tanto es necesario empezar a pensarlo desde, y para los votantes. “Queremos que la información que abunde no sólo facilite a una persona ejercer sus derechos como candidata, sino que facilite a cada votante conocer, comparar y elegir a quien considere mejor le representa”.

Para Transparencia Mexicana las y los candidatos han difundido mucha propaganda y poca información. La ciudadanía sabe poco sobre  quiénes son las personas cuyo nombre aparecerá en las boletas electorales, sobre cuál es su trayectoria, su patrimonio, sus intereses y su situación fiscal, así como si ya cumplieron con su declaratoria contra la violencia de género.

“Es necesario que para esta elección no dejemos de exigir desde las instituciones, desde las comunidades y ciudadanía para que abran y compartan esta información”, detalló Miranda. Es de recordar que el INE también acordó revisar y corroborar la veracidad de las declaraciones sobre violencia de género. Los resultados de esta verificación se presentarán esta semana públicamente.

Mariel Miranda explicó que hay un problema de origen y es que todo el sistema de información electoral es un galimatías pensado desde y para los partidos, no para los electores. Es por esto que el 14 de junio Transparencia Mexicana presentará un grupo de trabajo para proponer una nueva arquitectura de información electoral pensada para las personas.