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Así lo confirma el informe final “México: la tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia” elaborado del 4 al 11 de febrero de 2021 por las y los integrantes de la Misión Virtual de Seguimiento , la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” con el fin de evaluar qué avances o retrocesos existen en el país en la erradicación, prevención y sanción de la tortura. 

 

El informe detalló que durante 2020 hubo un incremento de represión contra la protesta social en México, desde detenciones arbitrarias, privación de la libertad, tortura, golpes, tortura y violencia sexual, entre otros malos tratos contra defensoras, periodistas, fotoperiodistas y mujeres que participaron en protestas. Los casos más graves fueron documentados en Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua, Quintana Roo y Estado de México. 

 

Ejemplificó el caso en el que defensoras y manifestantes protestaron en contra de la tortura y ejecución de Giovanni López, joven de 30 años, quien fue arrestado el 4 de mayo de 2020 en Guadalajara, Jalisco, por no portar cubrebocas y murió bajo custodia de policías en circunstancias que aún no han sido aclaradas.

 

Durante la manifestación, personal de la Secretaría de Seguridad Pública y policías municipales de este estado reprimieron “brutalmente” a las y los asistentes, detuvieron a 84 personas sin motivo, iniciaron proceso legales en su contra, las privaron de su libertad, torturaron y luego, las liberaron en lugares remotos de la zona metropolitana, lo que demuestra que la incidencia de hechos de tortura es vigente y alta en el país. 

 

El informe describe que a la fecha se abrieron pocas investigaciones por estos hechos y las carpetas que se iniciaron fueron por delitos menores como abuso de autoridad, lo que no corresponde a la gravedad de los sucesos, ni se contempla la responsabilidad de las autoridades superiores. Además de ello, no se brindaron medidas de apoyo y reparación para las víctimas ni para las defensoras que las acompañaron en sus casos y quienes también han sido hostigadas. 

 

Resaltó que mientras los medios de comunicación mexicanos documentaron 944 actos de tortura cometidos por autoridades de distintos niveles en 2020, por su parte, la Fiscalía Genera de la República (FGR) aseguró tener sólo 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura por parte de autoridades federales en los primeros 18 meses del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. 

 

Además de estas cifras, especificó el documento, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) registró entre septiembre de 2019 y mayo de 2020, mil 30 denuncias de tortura o malos tratos presuntamente cometidos por autoridades federales y estatales. A éstos se le deben sumar todos los casos que no son denunciados por miedo a represalias, el deficiente registro de las instituciones y la invisibilización del delito de tortura en el sistema de justicia. 

 

Un ejemplo de ello, documentó el informe, fue el ocurrido en noviembre de 2020, en Cancún, Quintana Roo, donde grupos feministas se manifestaron en contra de la violencia de género a raíz de dos casos de feminicidio acontecidos en la ciudad en menos de 24 horas. Esta protesta fue reprimida por policías locales, quienes dispersaron a las feministas con disparos de armas de fuego y detuvieron a 9 mujeres, quienes denunciaron haber sido agredidas sexualmente y torturadas. 

 

Dos periodistas también resultaron heridas con las balas. Esta violencia ejercida por las autoridades de esta entidad hizo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunciara sobre los hechos y anunciara un seguimiento a las quejas presentadas por las víctimas. Además, un grupo de expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al gobierno federal a proteger y no atacar a sus ciudadanas y recordaron la necesidad de revisar y regular los protocolos de uso de la fuerza en este tipo de contextos. 

 

No obstante el actuar de la CNDH, agregó, ha sido “objeto de críticas y preocupaciones de varias organizaciones de la sociedad civil en estos últimos tiempos”. Estas afirman que este organismo no lleva a cabo las investigaciones pertinentes para documentar e identificar los actos de tortura realizados por las autoridades en sus recomendaciones, lo que repercute en que la impunidad prevalezca. 

 

En el informe se explicó que pese a que el país ha sido objeto de diversos comunicados que enfatizan la importancia de eliminar, prevenir y sancionar los actos de represión y tortura por parte de las autoridades estos dos delitos volvieron a ocurrir el 8 de marzo de 2020 con aún más fuerza : diversas instituciones y fuerzas de seguridad desplegaron una serie de acciones de provocación y hostigamiento contra el movimiento feminista antes y durante la jornada del 8 de marzo.

 

Ese día tanto mujeres, periodistas y fotoreporteras, denunciaron detenciones arbitrarias, encapsulamientos, golpes, privación de la libertad, amenazas de muerte, uso de gases lacrimógenos, agresiones con martillos, fierros y piedras, violencia sexual, uso de extintores y fusiles de “gotcha”, entre otros actos violentos, que resultaron en graves heridas en cara, espalda, pecho, cabeza, y otras partes del cuerpo. 

 

Los hechos más violentos se ubicaron en la Ciudad de México, pero se extendieron por todo el país. Esto demuestra que “este tipo de actuar no se trata de respuestas aisladas e individuales, sino de una política que se caracteriza por silenciar y reprimir las voces de las personas que se manifiestan ante las omisiones y la violencia que se vive”, apuntó el informe.

 

A pesar de este panorama la actual administración ha declarado en diversas ocasiones que la tortura ha sido erradicada en el país y se brinda apoyo a las víctimas de violencia y violaciones de Derechos Humanos, sin embargo desde 2019 no se han ejercido esfuerzo para que el “Protocolo de actuaciones para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos” sea empleado por las autoridades. 

 

Tampoco se ha publicado el “Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradante” ni creado el Registro Nacional de Víctimas de Tortura, dos acciones que el gobierno mexicano ha dejado en el olvido y que fueron promovidas por organizaciones civiles. 

 

En la realidad detalló el informe, hay poca procuración y administración de justicia, las fiscalías no suelen investigar de forma exhaustiva, minimizan los hechos de tortura y los tipifican como otros delitos menores como lesiones, abuso de autoridad, entre otros. En suma, mientras el presupuesto de seguridad aumentó más de un 6 por ciento, los recursos financieros disminuyeron para programas de protección para mujeres víctimas de violencia, defensoras y periodistas. 

 

Concluyeron que hay pasos significativos a nivel legal e institucional, sin embargo, esto no se traduce en avances en la prevención, sanción y reparación de la tortura, por ello es fundamental que el gobierno mexicano desarrolle protocolos para las autoridades durante las manifestaciones, impulse el registro de casos de tortura e investigue y permita la justicia a los casos ya existentes. 

 

Recomendaron que la Fiscalía Especializada en Materia de Tortura elabore un plan de persecución penal de este delito que cuente con insumos técnicos de sociedad civil y el acompañamiento de instancias internacionales con el fin de avanzar en la colección de pruebas sólidas, y judicialización de los miles de casos de tortura pendientes.