La multinacional francesa EDF cuenta con tres parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, localizado entre los estados mexicanos de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, la zona más angosta entre el océano Pacífico y el Atlántico. Estratégica y muy ventosa, esta franja ya alberga más de 1.800 eólicas repartidas en unos 39 parques, que incluye el más grande de Latinoamérica.

La empresa quiere inaugurar un cuarto parque y continuar su expansión en México. El proyecto comenzó en 2015 en la comunidad zapoteca Unión Hidalgo. Para lanzarlo, la empresa firmó contratos con notables de la zona sin pedir el consentimiento de los habitantes. Es lo que denuncia Andrea Manzo, defensora del territorio de la comunidad indígena.

La Constitución mexicana, Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconocen prerrogativas de propiedad particulares a los habitantes autóctonos.

"Denunciamos el acaparamiento y la privatización de nuestras tierras con profunda violencia. Son 4.400 hectáreas de territorio", afirma Manzo, agregando que los contratos firmados son ilegales puesto que los que dicen ser propietarios no lo son.

En 2018, se presentó una queja ante la OCDE. En 2020, ante las constantes "violaciones de derechos humanos", varias ONG presentaron una denuncia en los tribunales parisinos contra EDF y el Estado francés, su principal accionario, por no respetar la ley francesa sobre el deber de vigilancia. Esta ley obliga a las multinacionales del país a vigilar que se respeten los derechos laborales, ambientales y humanos en el desempeño de sus actividades fuera de Francia.

Entre tanto, las autoridades mexicanas lanzaron una nueva consulta con la población. Pero esta tuvo como consecuencia desatar más violencias.

El 20 de septiembre pasado un Tribunal colegiado emitió una suspensión contra los parques eólicos en Unión Hidalgo y la Ventosa, en tanto continúe el proceso legal. Los jueces creen que en los pasados 40 años hubo engaños de empresas que edificaron plantas sin que las comunidades autorizaran el cambio de uso de su suelo. Una victoria para el colectivo, pero no el fin de la batalla.

"Ya tenemos un parque en nuestro territorio, pero la energía no va a nuestros territorios, va a mineras o cementeras. Denunciamos la manera en que privatizan el territorio y no quieren reconocer nuestro territorio que es colectivo", lamenta Manzo.

EDF, por su parte, afirma haber seguido escrupulosamente las directivas del Estado mexicano para implantarse en la nación.