Los Chimalapas: Devastación al amparo de un conflicto territorial

Oaxaca- Se conoce como el paraje Las Águilas: ocho hectáreas de pinos, encinos y árboles tropicales entre las comunidades Montebello y El Quebrachal, en San Miguel Chimalapa. Los árboles de ese sitio –donde nace el agua que irriga una vasta zona a su alrededor– fueron arrasados en enero pasado por talamontes resguardados por un grupo de personas armadas.

Wilfrido Pérez Gómez, jefe del anexo comunal El Quebrachal, alertó de “la tala desmedida” del bosque y lo comunicó al Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, cuyos integrantes, enterados del problema, realizaron un recorrido por el paraje la mañana del 2 de febrero.

Constataron la “tala a matarrasa o inmoderada de la montaña. Talaron ocho hectáreas en su totalidad de forma desmedida. Los tocones de madera tienen diámetros que van de 10 a 65 centímetros”, asienta una denuncia presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). No pudieron inspeccionar más porque “se aproximaban personas armadas con escopetas y otras armas de alto poder”, añade el documento.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, Artemio Martínez Hernández, sostiene que “el paraje talado” se encuentra dentro del plano de la Carpeta Básica Agraria que, conforme a una resolución presidencial de 1967, ampara las 134 mil hectáreas que les corresponden.

El 7 de febrero, representantes de las comunidades de San Miguel Chimalapa llevaron a cabo una asamblea en la que discutieron el desmonte de Las Águilas. Determinaron que comuneros de las 18 congregaciones se trasladaran a dicho paraje para documentar los daños. Con base en ello, el 16 de febrero presentaron la referida denuncia en la Profepa, la cual quedó integrada en el expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.2/0012-21.

Álvaro Román Ríos, director de Asuntos Agrarios de Los Chimalapas, asegura que también interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

En la denuncia ante la Profepa acusaron a los chiapanecos Enrique Torres y los hermanos Gilberto, Enrique y Omar Pérez Hernández de violar diversos artículos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La denuncia asienta que uno de los imputados, Enrique Torres, tiene su domicilio en Rizo de Oro, Cintalapa, Chiapas.

El dato es significativo, pues las autoridades comunales de Los Chimalapas llevan décadas denunciando que la tala inmoderada de sus bosques –cuyo caso más reciente es el del paraje Las Águilas– es llevada a cabo por, entre otros, madereros y ganaderos provenientes de Chiapas que aprovechan un conflicto territorial con Oaxaca para invadir sus tierras y arrasar la flora silvestre.

El “pulmón del país”

Los Chimalapas abarcan 594 mil hectáreas de selvas tropicales vírgenes –460 mil corresponden al municipio de Santa María Chimalapa y 134 mil a San Miguel Chimalapa–, de las cuales 300 mil aún se encuentran inalteradas.

El coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa de Los Chimalapas, Miguel Ángel García Aguirre, sostiene que esta región es el último pulmón del país, el tanque de oxígeno de México; concentra el mayor número de ecosistemas naturales en un territorio.

El 23 de noviembre de 2011, el gobierno de Chiapas creó el municipio Belisario Domínguez en alrededor de 84 mil hectáreas de Los Chimalapas. Comunidades integradas por campesinos e indígenas provenientes de Chiapas y otros estados se asentaron sobre territorio ocupado por comunidades oaxaqueñas. Al amparo de este conflicto llegaron, entre otros, madereros que explotaron los bosques y ganaderos que crearon pastizales en las zonas desmontadas. De acuerdo con García Aguirre, de 2011 a la fecha los Chimalapas han sufrido la tala de 50 mil hectáreas de sus bosques y selvas.

Un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático sostiene que este conflicto territorial “ha sido el pretexto utilizado por madereros, ganaderos, traficantes de fauna silvestre, especuladores de tierra y narcotraficantes, esto aunado a un proceso de colonización azuzado por esos intereses, para continuar y agudizar la devastación de las selvas de Los Chimalapas.

“El conflicto de límites estatales entre Oaxaca y Chiapas ha sido utilizado para provocar 25 años de enfrentamientos violentos entre comuneros indígenas de Chimalapas, con ejidatarios indígenas chiapanecos que habitan 30 núcleos agrarios y que han sido trasladados a esa zona durante varios sexenios”, abunda el estudio.

Aunque, en principio, el territorio de Los Chimalapas era habitado por zoques, los comuneros han refundado una identidad indígena multicultural al contar con la presencia de migrantes de Oaxaca (zapotecos, mixes, mixtecos, chinantecos, mazatecos), Chiapas (tzotziles, zoques), Michoacán (mestizos de la Sierra Chincua), Guerrero, Puebla y Veracruz.

El 20 de diciembre de 2012 el gobierno de Oaxaca promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional 121/2012 por la invasión de la soberanía estatal de Oaxaca y del territorio indígena del pueblo zoque de Santa María y San Miguel Chimalapa.

El pasado 6 de febrero el gobernador Alejando Murat realizó una gira por Los Chimalapas y en su discurso prometió que “la controversia la va ganar Oaxaca” y que dicho triunfo será antes de que termine su gobierno, en diciembre de 2022.

“Estamos dando seguimiento para cuando salga la resolución se reconozca la historia y la tierra que es de Oaxaca. El mensaje es que no están solos, aquí está mi gobierno permanentemente con acciones a favor de la salud y los bosques”, declaró.

Apenas en agosto pasado, el ministro José Fernando Franco González presentó el proyecto de sentencia, pero ésta aún no se discute en el pleno de la Corte.

“Habrá guerra”.

asistió a una asamblea comunitaria en Benito Juárez, congregación asentada en el territorio de Los Chimalapas. El viaje fue tortuoso: seis horas de la ciudad de Oaxaca a Juchitán y otras seis de esta ciudad a Benito Juárez, con escala en la localidad El Jícaro, municipio de Zanatepec, donde abordó una camioneta “comunal” que surcó un paisaje de vegetación abundante, entre la que aparecían algunos claros, muestra evidente de desmontes para convertir la tierra talada en cultivos o pastizales.

Durante el viaje, Domingo Jiménez, conductor de la camioneta comunal de Benito Juárez, vio pasar un vehículo de tres toneladas y soltó con enfado: “No tienen madre. Siguen talando. Ahí llevan tablones de media sierra. Son árboles talados con motosierra y los cubren con cartones de cerveza para ocultar el ilícito”.

Domingo es uno de los luchadores históricos de la defensa de Los Chimalapas. Se indigna porque estos talamontes pasaron como si nada por el puesto de revisión militar que se encuentra casi frente al edificio de la “ilegal” presidencia municipal de Belisario Domínguez, Chiapas.

El puesto militar se instaló el 19 de julio de 2015 después de que unos 400 comuneros de Santa María y San Miguel Chimalapa incendiaron el palacio municipal, quemaron urnas y dos patrullas, retuvieron a cuatro funcionarios electorales e impidieron elecciones en esa localidad creada por el estado de Chiapas.

En la asamblea comunitaria realizada el pasado 11 de septiembre en la Casa del Pueblo, los comuneros sostuvieron que sus armas son leyes y documentos que amparan la propiedad de su territorio, pero éstas no han impedido la invasión en diferentes periodos de ganaderos, talamontes y narcos provenientes de Chiapas.

Gilberto Pacheco Sánchez, otro líder histórico de la lucha por la defensa de Los Chimalapas, advirtió: “El conflicto puede llegar a un derramamiento de sangre. No se ha llegado a la violencia porque los campesinos de Chiapas son utilizados como escudos humanos, como carne de cañón y la lucha no es contra ellos, es contra ganaderos, talamontes y narcos de Chiapas; la lucha no es de campesino a campesino, sino contra los verdaderos depredadores”.

Domingo Jiménez recalcó que “habrá guerra” si los ministros de la Suprema Corte no toman en cuenta que Los Chimalapas fueron reconocidos por la corona española con títulos virreinales expedidos el 24 de marzo de 1687, los cuales fueron confirmados por el gobierno del México independiente en 1850 y finalmente, el 21 de marzo de 1967, se expidieron dos decretos de reconocimiento y titulación de bienes comunales a favor de Santa María y San Miguel Chimalapa.

“Así como ellos juegan con la ley y pasan por encima de nosotros los indígenas, nosotros también podemos pasar por encima de la ley y por encima de ellos”, previno.  

Con informacion de Pedro Matias/ Proceso

*Este trabajo fue realizado para Proceso y CONNECTAS dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.