El gobierno de México interpuso 134 denuncias por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito entre funcionarios de la administración pública, además de ejercicio indebido del servicio, uso indebido de atribuciones y falsificación de documentos.
La mayoría de las irregularidades denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) se vinculan con procesos de adquisición de bienes y servicios, además de obras públicas, explicó la Secretaría de la Función Pública mediante un comunicado.
El titular de la dependencia, Roberto Salcedo Aquino, informó lo anterior a la Cámara de Diputados en el marco de la glosa que hacen los titulares del gabinete federal del Tercer Informe de Gobierno que rindió en septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El secretario explicó que la dependencia a su cargo ha acompañado los apoyos que se dan a 37 millones de personas desde el gobierno federal, para lo que conformó el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, que busca homologar información y verificar la dispersión de recursos.
Agregó que se sancionó a 155 licitantes y proveedores con multas que suman 154 millones de pesos (7.3 millones de dólares), por acciones como proporcionar información falsa o actuar con dolo en las contrataciones, además del incumplimiento de obligaciones contractuales.
También destacó la imposición de 3 mil sanciones administrativas a 2 mil 467 servidores públicos que, entre otros aspectos, suman sanciones económicas por 3 mil 658 millones de pesos (173.2 millones de dólares).
Con información de Sputnik
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