Comparece ante Congreso Local director de Contraloría de Oaxaca

Dentro de los principales logros expuso que Oaxaca fue el primer estado en implementar y utilizar de manera exitosa la herramienta de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para sistematizar la rendición de cuentas “Buzón Digital ASF”, cumpliendo con los requerimientos de la auditoría del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), por parte del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) en estrecha colaboración con la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG).

Oaxaca se posicionó dentro de 10 estados más transparentes con los resultados obtenidos en la revisión a las participaciones federales de la cuenta pública 2018 por más de 16 mil millones de pesos, sin observaciones relevantes en el ejercicio del monto revisado.

Añadió que el Gobierno de Alejandro Murat obtuvo la designación del Estado de Oaxaca para coordinar a nivel nacional las acciones de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F) durante 2020, lo que implicó el impulso de la vinculación institucional entre la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, las 32 Contralorías Estatales del País y demás actores clave del ámbito nacional, como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación e internacional, como es el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Asociación Nacional de Auditores, Contralores y Tesoreros Estatales de Estados Unidos de América (NASACT).

Esto con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos y estrategias coordinadas para el cumplimiento de las directrices del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Esta administración cuenta por primera vez con un mecanismo para dar seguimiento y evaluar periódicamente el Control Interno de las instituciones públicas, promover su correcto funcionamiento y la mejora continua en su servicio, se trata del Sistema de Información del Sistema de Control Interno (SICOCOI).

En transparencia, de acuerdo con la última evaluación del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIPO), el Poder Ejecutivo del Estado obtuvo un cumplimiento del 100% derivado de los resultados recibidos por cada sujeto obligado evaluado; fue así como Oaxaca obtuvo el tercer lugar a nivel nacional en el Ranking de Portales Estatales de Transparencia (RPET) elaborado por “UGOB”.

“Fuimos reconocidos a nivel nacional en la entrega de premios UGOB 2020 por la buena práctica en la carga de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, formamos parte de los mejores proyectos de innovación gubernamental del país”, expuso Díaz Navarro.

A través del programa Contraloría Social, el Gobierno Estatal promueve la participación ciudadana en municipios de la entidad, el objetivo es impulsar la vigilancia de obras y programas sociales que se ejecutan con recursos públicos. En lo que va de este Gobierno, han sido acreditados por la Contraloría mil 930 Comités de Contraloría Social conformados por 5 mil 766 ciudadanos y ciudadanas, que del 2017 al 2020 vigilaron 11 mil 644 obras hechas con recursos públicos federales, estatales y municipales.

Respecto a las denuncias y procedimientos iniciados contra servidores públicos señalados por presuntos actos de corrupción, han sido presentadas 77 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a efecto de que se investiguen y persigan penalmente probables delitos cometidos.

Asimismo, en el marco de la política nacional y estatal en combate a la corrupción, la Contraloría ha remitido 16 expedientes de responsabilidad administrativa al Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca para su resolución, por posibles faltas graves cometidas.

Finalmente, Díaz Navarro puntualizó que mediante la vinculación y coordinación institucional, la Contraloría de Oaxaca logró el 100% del objetivo 2020 planteado, lo que se traduce en mejoras a la cultura organizacional y la prevención de conductas deshonestas, un ejercicio de gasto más productivo y un esquema de gobierno -integralmente hablando- más trasparente y cercano a la gente, siguiendo una línea de trabajo que busca encauzar la actuación de las y los servidores públicos en relación con los principios y valores institucionales.