Oaxaca.-Los impactos de la pandemia de COVID-19 han aumentado de manera dramática la inseguridad alimentaria (PDF, en inglés) en los países más pobres y vulnerables que reciben asistencia de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial. ¿Qué significa esto para el tipo de apoyo que necesitan estos países y qué está haciendo la AIF para abordar esta crisis emergente?
Según el Programa Mundial de Alimentos, otros 96 millones de personas cayeron en una situación de inseguridad alimentaria aguda en 2020 en 54 países de la AIF. Si se suman los 137 millones que ya sufrían inseguridad alimentaria aguda a fines de 2019 en esos países, el total llega a 233 millones de personas a finales de 2020. Las personas que viven en entornos frágiles y afectados por conflictos corren especial riesgo. Las proyecciones del Banco Mundial (basadas en la aplicación de los resultados de un modelo estocástico para predecir la inseguridad alimentaria [i]) indican que esta cifra podría aumentar aún más, hasta alcanzar unos 330 millones en 2021.
Es probable que el fuerte aumento de la inseguridad alimentaria aguda haga retroceder gran parte de los avances obtenidos en las últimas décadas en materia de nutrición materna e infantil. El aumento del número de niños con retraso del crecimiento comprometerá su capital humano y productividad económica en el futuro.
A diferencia de la crisis alimentaria de 2008, impulsada por perturbaciones en los mercados mundiales, la actual crisis es fomentada por alteraciones en los mercados locales de trabajo y de productos. Las grandes pérdidas de ingresos y remesas han reducido la capacidad de los hogares urbanos y rurales de comprar alimentos. Además, las interrupciones del suministro a los mercados locales han disminuido la disponibilidad de alimentos y han aumentado los precios de los alimentos locales.
Las economías que dependen de las importaciones enfrentan dificultades adicionales debido a que las depreciaciones monetarias han elevado el costo de los alimentos y otras importaciones esenciales.
Las alteraciones del suministro incluyen: las restricciones a la circulación que impiden el comercio de alimentos, el cierre de 'mercados húmedos', la menor disponibilidad de mano de obra, la falta de liquidez (especialmente para los grandes comerciantes de alimentos), el cierre de empresas informales así como de microempresas y pymes frágiles (que dominan las cadenas de valor agrícolas en la mayoría de los países de la AIF), y el acceso limitado a insumos agrícolas para la producción de la próxima temporada. Como resultado de estas interrupciones del suministro, la inflación de los precios de los alimentos en los países de la AIF aumentó significativamente y más rápido que la inflación general, afectando en particular el precio de los alimentos perecederos y de mayor valor nutritivo en comparación con los cereales.
Estos impactos se suman a las múltiples causas subyacentes de la tendencia al alza del hambre en el mundo desde 2014 (PDF) observada antes de la pandemia de COVID-19. Esta tendencia ha sido considerablemente más pronunciada y comenzó antes en los países de la AIF que en el resto del mundo.
En África al sur del Sahara, por ejemplo, la frecuencia de las crisis climáticas en la producción de alimentos per cápita aumentó de 1 vez cada 12,5 años entre 1982 y 2006 a 1 vez cada 2,5 años entre 2007 y 2016. Mantener el crecimiento de la producción de alimentos per cápita a largo plazo es cada vez más difícil con estos contratiempos causados por condiciones meteorológicas más frecuentes.
Los conflictos violentos han aumentado desde 2010, siendo la inseguridad alimentaria tanto una consecuencia como una causa de los conflictos. La inseguridad física ha reducido los incentivos para las inversiones y la violencia ha alterado el transporte a los mercados y destruido la infraestructura esencial para aumentar los ingresos y la seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, la inseguridad alimentaria, impulsada por las crisis climáticas, la volatilidad de los precios de los alimentos, la exclusión y la falta de oportunidades económicas, ha incrementado el riesgo de conflictos.
La frecuencia y el impacto de otros brotes de enfermedades zoonóticas −enfermedades infecciosas transmitidas de los animales a los seres humanos− más allá de la COVID-19, como la gripe aviar, el SRAG, el SROM y el ébola, han aumentado en las últimas dos décadas. Las plagas de los cultivos, como la reciente plaga de langostas, agravan los impactos. Las crisis macroeconómicas también han hecho subir los precios de los alimentos y la inflación general en varios países de la AIF.
Según el último consenso entre asociados del Mecanismo de Acción contra la Hambruna (i), los “puntos críticos” de inseguridad alimentaria aguda durante los próximos 12 meses se concentran en 12 países de la AIF: Afganistán, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Níger, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Yemen y Zimbabwe.
La AIF comprometió USD 5300 millones en nuevo financiamiento para encarar la seguridad alimentaria durante seis meses hasta fines de septiembre de 2020. Aproximadamente la mitad de esta respuesta se dirigió a satisfacer las necesidades inmediatas de seguridad alimentaria y la otra mitad para abordar los factores a largo plazo que impulsan la inseguridad alimentaria.
Las respuestas para satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas han sido importantes: duplicar el monto total de financiamiento del Programa de Respuesta a la Crisis Mundial de los Alimentos entre 2008 y 2011. Este incluye fondos para ampliar los programas de redes de protección social, mantener la circulación de alimentos, distribuir y mejorar el acceso a los alimentos, proteger el empleo y los medios de subsistencia, apoyar a las agroindustrias y los pequeños emprendedores (y la producción de alimentos de la próxima temporada) y mitigar los impactos y la propagación de langostas para reducir los efectos acumulativos en los hogares.
Pero si no se presta atención a los factores de largo plazo, las crisis alimentarias se repetirán. En Haití (i), por ejemplo, la AIF combina asistencia a corto y largo plazo: a fin de contrarrestar las pérdidas de ingresos, proporciona a los agricultores semillas y fertilizantes para salvaguardar las cosechas futuras, apoyando al mismo tiempo pequeñas obras de riego que aumentan la resiliencia a largo plazo frente al cambio climático.
Desde 2008, la AIF ha triplicado su apoyo anual destinado a la agricultura y la protección social, centrándose al mismo tiempo cada vez más en mejorar la resiliencia al cambio climático, reducir el riesgo de conflictos, abordar el riesgo de enfermedades zoonóticas a través del enfoque Una salud (i) y ampliar las oportunidades económicas. Por ejemplo, una donación de USD 60 millones de la AIF (i) ayuda a los países africanos a fortalecer la resiliencia al cambio climático de sus sectores agrícolas incorporando estudios del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR) (i) en esta zona. La AIF también ha hecho hincapié en mejorar la nutrición para desarrollar capital humano.
En todos estos ámbitos, es importante alinear mejor las políticas y el gasto público para lograr mejores resultados en el área de la seguridad alimentaria. Esta alineación es fundamental para atraer mayor inversión privada y promover el cambio tecnológico. Una mejor logística y tecnologías digitales también pueden ayudar a aumentar la eficiencia, la resiliencia y la inclusión de los mercados y las cadenas de valor agrícolas.
Las respuestas en materia de seguridad alimentaria implementadas en situaciones frágiles y afectadas por conflictos deben abordar cada vez más las características convergentes que limitan el desarrollo en estos entornos. Esto incluye reducir los riesgos de conflicto, mejorar la cohesión social y la percepción ciudadana de la legitimidad del Estado, desarrollar el sector privado y crear empleo, y proporcionar medios de subsistencia a los desplazados y refugiados, todo lo cual puede ayudar a mejorar aún más la seguridad alimentaria.
El programa de seguridad alimentaria es amplio y urgente, y abarca a todos los sectores, regiones y segmentos de la sociedad.
La AIF enfrenta el desafío trabajando con una coalición de diversos asociados, que incluye organismos de las Naciones Unidas (ONU), organizaciones humanitarias e instituciones de investigación, para enfrentar la inseguridad alimentaria en múltiples frentes, abordando los problemas en la agricultura, las redes de protección social, la salud, el agua y la estabilidad macroeconómica.
Una respuesta oportuna al fuerte aumento de la inseguridad alimentaria en los países más pobres supone un futuro mejor para todos.
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