Oaxaca.-Una activista de nacionalidad mexicana y británica desapareció el pasado 26 de marzo, mientras participaba en una manifestación contra presuntos hechos de corrupción en contra de una alcaldesa en el estado de Oaxaca, en México.
Su familia ha pedido la colaboración de las autoridades de ambos países, ya que sospechan que podría tratarse de una desaparición forzada en la que sus derechos humanos fueron vulnerados.
Claudia Uruchurtu Cruz, de 48 años, no regresó a su casa después de acudir a una protesta en el parque central de la ciudad de Asunción Nochixtlán, que fue dispersada por la policía municipal.
La actividad había sido convocada en contra de la presidenta municipal de esa localidad, Lizbeth Victoria Huerta, a quien se vincula con presuntas irregularidades administrativas y enriquecimiento ilícito. Además, a la edil se la relaciona con la detención del comerciante Alfonso Avendaño, que fue golpeado por agentes policiales cuando acudió al ayuntamiento para exigir el pago de un adeudo.
La Fiscalía del estado de Oaxaca emitió una alerta rosa, que se aplica en caso de desaparición o no localización de mujeres en este estado. Del mismo modo, sus familiares registraron a la activista en la data de la 'Unidad de búsqueda de personas desparecidas y no localizadas'.
El Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas también solicitó la localización de la desaparecida en un requerimiento urgente, dirigido al Gobierno mexicano, que fue firmado por el jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos de ese organismo, Ibrahim Salamá.
El organismo pide una investigación "exhaustiva e imparcial" sobre la desaparición de la luchadora comunitaria, en el contexto de sus denuncias previas de supuestos abusos y extorsiones por parte de las autoridades municipales, además de su trabajo con grupos de mujeres de esa localidad, refiere El Sol de México.
Sus hermanas, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, viajaron a México para participar en la búsqueda. En una rueda de prensa desde la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca explicaron que Claudia había participado en varias protestas contra Huerta, que pertenece al gobernante partido Morena, y que opta por la reelección en los venideros comicios locales de junio.
Huerta tiene una investigación abierta en la Fiscalía Anticorrupción por supuesta malversación de fondos públicos, que debieron ser utilizados para la construcción de obras de infraestructura y que habrían sido asignados a empresas fantasma. La autoridad local también ha sido denunciada por presuntamente utilizar dinero de su alcaldía para financiar su campaña, lo que contraviene la Ley electoral de Oaxaca, recogen medios locales.
Según lo recabado, el día de la protesta, cerca de las 11:00 de la noche, una mujer, con características similares a las de Uruchurtu, fue introducida de manera forzada en un auto en la esquina de las calles 2 de Abril y Melchor Ocampo, en Asunción de Nochixtlán.
En algunas de las transmisiones en vivo que se hicieron durante la protesta, se escucha una voz que dice: "Se están llevando a una muchacha en una camioneta roja".
La activista se mudó a ese municipio mexicano hace nueve años para cuidar a su madre. Durante su estadía, se vinculó en campañas a favor de la lucha por la tierra y de los derechos indígenas.
Los parientes también han pedido ayuda al Parlamento y al Gobierno británico. Tras la desaparición contactaron a varios diputados de Sheffield, —una ciudad del condado de Yorkshire donde vive una de las hermanas—, que dirigieron una carta explicando la situación al secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad, Dominic Raab.
En el texto se explica que la líder social no fue detenida por autoridades mexicanas ni se encuentra en algún centro de salud, por lo que habría sido raptada por desconocidos.
"No deseamos comentar sobre la veracidad de ninguna de las acusaciones, pero las descripciones aquí puramente para demostrar la complejidad del caso", afirma en la misiva.
Su familia sospecha que sus derechos humanos fueron vulnerados y considera que las autoridades locales, regionales y nacionales no le han dado al caso la prioridad que requiere.
Con informacion de RTnoticias
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