FLEPS y CIMAC documentan violaciones en marcha 8M

Oaxaca.-El día 8 de marzo de 2022, en el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salieron a las calles en distintas entidades del país para exigir justicia y un alto a los múltiples tipos de violencia que enfrentan las mujeres y el país.

Ante un contexto de estigmatización y represión del derecho a la protesta y en especial a las movilizaciones feministas, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), la Red #RompeElMiedo (RRM) y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), se coordinaron para monitorear y acompañar las protestas en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chiapas y Ciudad de México.

Mientras que en las tres primeras entidades, la protesta fluyó de manera tranquila y sin reportar ninguna agresión, en la Ciudad de México documentamos actuaciones policiales represivas, ataques contra periodistas y personas manifestantes, previo, durante y posterior a las movilizaciones.

Los días anteriores y la mañana misma del 8 de marzo, desde el ejecutivo federal, así como del Gobierno de la Ciudad de México se estigmatizó la movilización y el derecho a la protesta. El presidente Andrés Manuel López Obrador criminalizó el objetivo de la protesta señalando que era una postura conservadora reaccionaria en contra nuestra. Asimismo infirió que la protesta sería violenta: tenemos información que se están preparando con marros, sopletes, bombas molotov. Por su parte la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum también afirmó que habría grupos violentos.

Los discursos estigmatizantes desde las autoridades gubernamentales generan un clima de desconfianza y miedo que inhibe la participación de las mujeres en las acciones de movilización, razones que históricamente han llevado a miles de mujeres a apropiarse del espacio cívico. De la misma forma, estas declaraciones centran el debate público en las formas de expresión de las mujeres durante las movilizaciones, en lugar de las exigencias de justicia y alto a la violencia.

La criminalización previa a la protesta es un elemento discursivo que permite justificar la alta presencia de fuerzas de seguridad en el centro de la ciudad, que en esta ocasión incluyo un grupo de antimotines de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Ante este clima de estigmatización y de alta presencia de fuerzas de seguridad, integrantes del FLEPS, RRM y CIMAC documentaron el incumplimiento de los protocolos de actuación policial en contexto de protesta así como actos de violencia en los que estuvieron involucrados los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México:

• Manifestantes reportaron a integrantes de la RRM revisiones injustificadas, así como robos de mochilas por parte de integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
• Al realizar su labor de mediación, el Colectivo Brigada de Paz Marabunta también fue sujeta de agresiones y malos tratos por parte de mujeres policías, contraviniendo a los acuerdos mínimos para la operación de sus labores de mediación.
• Uso excesivo de polvos de extintor, particularmente entre Avenida Juárez y Lázaro Cárdenas, así como frente a Palacio Nacional.
• El uso de gases tipo pimienta que provocaron reacciones en ojos, garganta y piel semejantes. Marabunta reportó que dió apoyo a alrededor de 300 manifestantes por afectaciones debido al uso de éstos.
• El uso de al menos una granada de gas lacrimógeno.
• Lanzamiento de artefactos explosivos tipo cohetones que volaban desde las filas policiacas, así como el uso de palos de metal detrás de las vallas en contra de las personas manifestantes.
• Al menos una periodista fue víctima de agresiones físicas y daños a su equipo de trabajo.

Los actos aquí descritos no sólo contravienen los protocolos de actuación policial en el marco de protesta, sino que también violentan los derechos constitucionales de reunión, manifestación de las ideas y libre expresión, así como de asociación y petición.

Las mujeres y grupos feministas tienen derecho de expresar su hartazgo y a exigir justicia por la falta de respuestas de las autoridades ante la violencia feminicida y ante todo tipo de violencia contra las mujeres. Sus formas de lucha y expresión son diversas y varían desde expresiones artísticas y marchas hasta otras formas que están amparadas  y son legítimas dentro de la desobediencia civil. La apropiación del espacio cívico, configura muchas veces la única forma de exigir justicia y alto a la violencia, y se genera ante las omisiones e incapacidad de las autoridades para prevenir y atender las causas que generan estas violencias.
 

En vista de lo anterior, el FLEPS, la RRM y CIMAC:

• Reiteran que son obligaciones del Estado evitar cualquier discurso estigmatizante que vulnere a las manifestantes, así como crear entornos que posibiliten la protección de todos sus derechos humanos.
• Conminan a las autoridades a abstenerse de realizar cualquier acto que  criminalice o  promueva  procesos judiciales en contra de quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta.
• Piden la investigación de las fallas y violaciones a los protocolos de actuación policial en contextos de protesta, así como el dar a conocer los procesos y sanciones al interior de las instituciones de seguridad para así combatir la impunidad y generar garantías de no repetición.