Oaxaca.-Alejandro Encinas, el responsable del respeto a los derechos humanos en el gobierno, asegura que derivado de la violación a esos derechos el país vivió una crisis humanitaria y advierte que, por lo que hace a la procuración de justicia, lo único que logramos fue cambiar de nombre, pero las prácticas siguen siendo las mismas.
“Sin duda –establece–, tiene que ver con la falta de renovación de todos los órganos de procuración de justicia, de los órganos de impartición de justicia. No solamente me refiero a las fiscalías, a la General de la República y a las de los estados, sino también al Poder Judicial, en donde hacen falta reformas muy profundas. En el caso de las fiscalías, todo es un debate muy intenso no sólo sobre el gobierno anterior, sino el actual, de cómo debería asumirse la autonomía del Ministerio Público para que no se le utilice de manera política.
“Después de esas discusiones lo cierto es que lo único que logramos fue cambiar de nombre, pero muchas de las prácticas, incluso de las personas que están dentro de las propias fiscalías de los estados, son exactamente las mismas.
En el caso del Poder Judicial, que es donde mayor rezago tenemos, resulta que es un poder intocable. En ambos casos no se han podido generar las condiciones de control y contrapeso, de seguimiento y rendición de cuentas que se deben facilitar para poder garantizar el ejercicio eficiente y responsable de sus funciones.
Encinas no pierde la calma, pero se nota molesto: “Nos tocó la herencia más dolorosa para este gobierno, en donde heredamos todo un cúmulo de violaciones a los derechos humanos, que dieron paso a una crisis humanitaria.
“Un país donde lamentablemente hemos rebasado la cifra de 100 mil personas desaparecidas, en donde el Estado no solamente no asumió su responsabilidad para garantizar el derecho de las víctimas a ser buscadas, sino que tampoco acompañó a las familias, a los hijos, a las madres, a los padres de las personas desaparecidas, y pretendió minimizar y esconde el problema.
Hoy no solamente tenemos esta grave crisis de más de 100 mil personas desaparecidas, sino también otros indicadores del abandono institucional, como la existencia de más de 52 mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes y servicios forenses del país, y también un buen número de personas cuya ausencia no esta ligada a hechos delictivos y que pudieron estar vivas, pero que nunca se crearon los instrumentos para localizarlas, para dar tranquilidad a las familias.
Con informacion de diaarioamanecer,com
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