En Jalisco hubo una política para causar terror: Comisión

Oaxaca– Las memorias de mujeres y hombres que integraron en Jalisco organizaciones como La Liga Comunista 23 de Septiembre, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo y el Frente Estudiantil Revolucionario son contundentes, pues en reiteradas ocasiones han narrado cómo es que fueron sistemáticamente perseguidos, arrestados, torturados y encarcelados por el Estado Mexicano, pero también siguen recordando a decenas de camaradas que aún siguen desaparecidos.

Su persistencia en esclarecer estos crímenes pareciera que hoy tiene un marco de esperanza, pues tras la creación -en octubre de 2021- de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, se espera que no sólo el Estado Mexicano reconozca plenamente su responsabilidad en cada uno de los delitos cometidos, sino que además se pueda acceder a la verdad con el fin de localizar a las y los desaparecidos, pero también a la justicia al señalar y enjuiciar a los funcionarios responsables de orquestar, realizar y perpetrar estos crímenes.

David Fernández, integrante de esta Comisión, consideró que la labor que hacen y harán en los próximos meses es importante porque muchas de las medidas represivas que sigue utilizado el Estado Mexicano para “combatir” la inseguridad siguen replicando prácticas violatorias a los derechos humanos que se originaron en los años sesentas:

“Hay mecanismos que siguen vigentes. Necesitamos una mirada atrás para evidenciar y, luego, desmontar esas prácticas. Miramos el pasado para entender al presente y poderlo transformar; para construir una cultura de derechos humanos”.

Para explicar de manera clara qué es lo que específicamente hará y puede hacer esta Comisión de la Verdad, las y los comisionados que la integran estuvieron en Jalisco informando a sobrevivientes y a familias de víctimas de desaparición forzada cómo es que van a trabajar, pero sobre todo la manera en que pretenden recabar sus testimonios y toda la información que estén dispuestos a otorgar para esclarecer lo que pasó en Jalisco.

“Aquí en Jalisco hubo una política para desaparecer, ejecutar, causar terror por eso era fundamental visitar el estado”, explicó el comisionado Abel Barrera Hernández, quien indicó que esto lo saben porque en el diagnóstico preliminar que realizaron como Comisión, Jalisco aparece como una de las entidades donde la violencia cometida por las fuerzas policíacas (estatales y federales), así como el ejército fue realmente cruenta.

Y lo fue también en cuanto a la violencia cometida por las instancias que tendrían que haber garantizado justicia a las y los integrantes de los grupos contra-insurgentes reprimidos, así lo señaló el comisionado Carlos Pérez Vázquez, quien dentro de la Comisión integra el Mecanismo de Impulso a la Justicia:

“Nuestra labor implica no sólo saber cuántas víctimas existieron, sino también cuántos expedientes de investigación o judiciales se abrieron contra estas personas; así mismo se desea saber cuántos de éstos se cerraron y por qué motivos o cuáles continúan abiertos perpetuando el dolor de las personas implicadas (…) esto conlleva la realización de un diagnóstico para saber cómo operó este sistema que pareciera fue, en realidad, un sistema de impartición de injusticia”

Con esto, aseguró, sería posible también señalar a ministerios públicos, funcionarios y jueces (locales y federales) que estuvieron involucrados en extender las violaciones a los derechos humanos de cada una de las víctimas.

Hacer esto implicará, en un futuro, la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos del Pasado que permita investigar cómo fue que durante esos años, las instituciones de impartición y procuración de justicia dejaron de lado sus funciones para convertirse en órganos de represión.

SOLICITAN COOPERACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE JALISCO Y LA CIUDADANÍA

Como parte de las actividades de la Comisión de la Verdad, las y los consejeros se reunieron con autoridades de Jalisco para solicitarles de manera expresa dos cosas: 1) Condiciones para trabajar con seguridad en el estado, y 2) Cooperación y apertura a toda la información que se tiene archivada de los delitos, operativos y acciones legales que se realizaron en contra grupos contra-insurgentes, pero también en contra de sus familiares.

El acceso a esa información incluirá toda la información que se tenga en archivos judiciales, militares y municipales, así como todo aquello que se generó por la extinta Procuraduría General de Justicia de Jalisco (hoy Fiscalía del Estado de Jalisco).

“Nos reunimos con las autoridades de Jalisco, quienes señalaron que van cooperar con la Comisión dando acceso a la información contenida en expedientes y archivos en su poder”, puntualizó David Fernández, quien extendió la invitación a otorgar información que ayude a esclarecer lo ocurrido a toda persona u organización que considere importante decirles y compartirles lo que saben.

Esto es relevante porque el trabajo fundamental de la Comisión de la Verdad consiste en recabar de manera testimonial toda la información que les sea posible, así mismo deberán hacer todo un análisis documental de la información gubernamental para determinar de manera clara cuál fue el papel del Estado Mexicano:

“No se puede mantener el mismo aparato de justicia cuando las mismas víctimas no tienen espacios para ser escuchadas en toda su dimensión. Esto es importante porque, el esclarecimiento histórico está orientado a identificar a los represores, a los actores del estado que intervinieron en esta guerra. De ahí la importancia de los archivos que hay en el estado”.

Un primer paso para saber qué pasó en Jalisco fue el encuentro que esta Comisión de la Verdad tuvo con más de 95 víctimas y familiares de personas desaparecidas que se llevó a cabo de manera cerrada en la Universidad ITESO.

En el encuentro se expuso lo que pretende hacer la Comisión y cuáles son sus alcances, tomando en consideración que será hasta septiembre de 2024 cuando estarán entregando a la Presidencia de México, a las y los sobrevivientes, así como a sus familiares, un Informe en torno a los crímenes cometidos por el Estado entre 1965 y 1990.

“Esto que iniciamos en Jalisco forma parte de un recorrido que estamos haciendo en todo el país para acercarnos a los testimonios de sobrevivientes y de sus familias, esto lo hacemos tomando en consideración cada contexto, algunos más rurales, otros más urbanos. El trabajo lo iniciamos ya trabajando con los archivos y presionando para que se abran otros como los del Estado Mayor Presidencial”, explicó la comisionada Eugenia Allier Montaño.

Para hacer este trabajo, la Comisión realizará un recorrido por el país para establecer un calendario que les permita hablar con las personas que así lo deseen, pero también para comenzar el análisis documental de la información que otorguen las autoridades locales, federales y militares en cada uno de los estados.

Tras su visita a Oaxaca y Jalisco, los estados que siguen en el cronograma de la Comisión de la Verdad son: Chihuahua, Sinaloa, Puebla y Guerrero.

ABRIR LOS CERROJOS DEL EJÉRCITO

Una de las demandas de las personas sobrevivientes y de las familias que buscan a sus desaparecidos es que mucha de la información que se requiere para saber la verdad está resguardada en los archivos militares y en la propia memoria de soldados que orquestaron dichas represiones; sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha sido sistemáticamente omisa ante el requerimiento de información.

A pesar de ello, la comisionada Aleida García Aguirre aseguró que no se tendrá mayor problema con el acceso a la información de la SEDENA, pues el decreto presidencial que permitió la creación de la Comisión de la Verdad ya garantiza acceso y pleno a los archivos militares:

“Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de limitación, pero estamos ahora estableciendo la ruta de acceso a los expedientes militares. Insisto no hemos tenido ningún problema, pero si en algún momento lo tuviéramos será necesario que los sobrevivientes y la sociedad apoye para que se hagan cumplir esas promesas de acceso”.

Por su parte, la comisionada Eugenia Allier Montaño, señaló que también se trabaja para acceder a otros archivos que sobre la época ya existen y que están en propiedad de los propios grupos reprimidos, organizaciones civiles y académicas e, incluso, de personas que de forma valiente decidieron resguardar dicha información.

“Estamos aquí recabando archivos de grupos y personas que han investigado no sólo las represiones sino también la resistencia, como es el caso de Artículo 19 que sabemos que recientemente estuvo en Jalisco recabando testimonios y documentos en el marco del proyecto Archivos de Resistencia. El primer paso es reconocer que ya hay mucho trabajo previo”.

Toda la información que logran recabar, como ya se señaló, permitirá que la Comisión de la Verdad integre un informe puntual sobre los crímenes cometidos por el Estado entre 1965 y 1990. La fecha estimada para hacerlo es en septiembre de 2024.

Reunión entre sobrevivientes y familiares de víctimas de la represión del Estado Mexicano y el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

¿QUÉ ES LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y CÓMO SE CONFORMA?

La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a1990 se creó el 6 de octubre de 2021.

Su función es realizar las acciones necesarias de justicia transicional para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria, a través de cinco mecanismos que surgieron de un acuerdo entre el gobierno federal con los sobrevivientes y las familias de las personas desaparecidas y asesinadas durante el periodo conocido como la Guerra Sucia.

1. El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, integrado por especialistas independientes, quienes investigarán, acopiarán información y tendrán acceso a los archivos de todas las dependencias, así como a las instalaciones federales militares y civiles, en búsqueda de la verdad.
2. El Comité para el Impulso de la Justicia, encabezado por tres especialistas independientes, entre ellas Ángela María Buitrago Ruíz, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
3. El Programa Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Manera Forzada, encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
4. El Programa Especial de Reparación Integral y Compensación, que dirige la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que diseñará acciones de reparación integral, colectivas e individuales.
5. El Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición, que realizará acciones para la construcción pública de la memoria.

*Esta historia fue realizada por ZONADOCS, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de A Pie. Aquí puedes leer la original.