Oaxaca.-Los recientes asesinatos de Gabriela Marín Sánchez, en Morelos; Conrado Mendoza Almeida, en Guerrero; Salvador Llamas Urbina, en Jalisco, y Daniel Portilla Gumercindo, en Veracruz, se suman a los 172 actos de violencia cometidos en los últimos 13 meses, en contra de políticos en México, en donde los servidores públicos más atacados son aquellos quienes están a nivel municipal, advirtió Carolina Koller, consultora de Integralia.
En entrevista con La Razón, esta consultora especializada en temas de seguridad pública explicó que, de acuerdo con una revisión hecha por Integralia, de septiembre del 2021 a junio de este año, se han realizado decenas de actos de agresión en contra de políticos, que van desde amenazas, secuestros, agresiones físicas y asesinatos.
Sin embargo, afirmó que los homicidios registrados en lo que va de este mes en contra de políticos municipales, confirmaron la vulnerabilidad en la cual están éstos.
Entre las víctimas recientes referidas están la diputada local del Partido Morelos Progresa, Gabriela Marín, quien fue asesinada en Cuernavaca por dos sujetos a bordo de una moto, el 5 de octubre; Conrado Mendoza Almeida, alcalde de San Miguel Totolapan, Guerrero, a quien mataron el mismo día tras ser atacado por sicarios en las instalaciones del Ayuntamiento de ese municipio, donde también murieron otros 19 civiles.
Además, Salvador Llamas Urbina, quien se desempeñaba como consejero nacional de Morena en Guadalajara; fue ultimado el pasado 21 de octubre en el restaurante Sonora Grill de esa entidad; caso que la Subsecretaria de Seguridad y Protección Ciudadana señaló, la semana pasada, que el modus operandi del asesinato es similar al del Aristóteles Sandoval quien fue atacado al interior del bar Distrito 5 en Puerto Vallarta, Jalisco.
Y Daniel Portilla Gumercindo, excandidato de la alianza del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática a la alcaldía de Juchique De Ferrer, fue agredido a balazos apenas el sábado pasado en el municipio de El Colipa, en Veracruz.
Carolina Koller explicó que, luego de realizar el análisis, detectaron que una de las cosas que más llamaron la atención durante este informe fue que sí disminuyeron las víctimas mortales en comparación con el periodo 2020-2021, ya que en ese mismo lapso de septiembre a junio (en nueve meses) se cometieron 179 crímenes en esa ocasión y ahora van 106.
Dijo que esos periodos, cuando realizan dichos análisis, corresponden al inicio y conclusión de los procesos electorales en los estados, aunque en este último trabajo realizado no fueron muchos los procesos electorales y la situación es complicada.
La consultora de Integralia subrayó que en las agresiones documentadas se contabilizan servidores públicos en funciones, aspirantes a una candidatura, abanderados, funcionarios de partidos, asistentes de políticos o militantes de una fuerza partidista, “todos sufrieron alguna agresión”.
La mayor característica de estos ataques fue que las víctimas son quienes desempeñaban un cargo administrativo a nivel municipal o aspiraban a un puesto de elección popular a ese nivel, expuso.
Además, apuntó que “los actores más vulnerables son quienes van por los cargos administrativos municipales. Por desgracia, los delitos ya están muy regionalizados y las agresiones no son iguales en todo el país, pero se cometen constantemente”.
Por ejemplo, abundó, en Durango se renovó el Congreso local. Es un estado del norte del país que no tiene reportados altos índices delictivos, se realizaron comicios en la entidad y todo se desarrolló, aparentemente, en calma, y no se registraron actos de violencia qué lamentar.
Pero, en contraparte, un año antes en Colima se efectuaron comicios y, a pesar de que es un estado pequeño en población, los actos de violencia fueron demasiados; entonces, eso demuestra que los actos delictivos en el país varían y se cometen en diversas formas, reiteró la especialista.
“El delito está regionalizado de alguna manera, es diferente lo que se comete en Colima, donde está muy elevado el número de homicidios, y en algunos estados del norte, pero Nuevo León y Durango no son elevados”, puntualizó.
La consultora de Integralia, Carolina Koller, advirtió que un caso donde la situación de violencia contra los políticos es delicada es en el Bajío, sobre todo en Guanajuato, donde se dio un incremento de estos fenómenos, sobre todo de homicidio.
Detalló que entre las explicaciones de por qué los políticos municipales son quienes sufren más agresiones es porque son quienes tienen contacto directo con la población y su toma de decisiones es más visible.
Son los que carecen de mayor seguridad, pues las policías, en muchos casos, están coludidas con los grupos delictivos o no tienen la preparación y los recursos para hacer frente a las situaciones de inseguridad.
“También, los servidores públicos no tienen el mismo nivel de seguridad que un funcionario estatal o federal; simplemente no cuentan con camionetas blindadas o escoltas y por eso son más vulnerables a las agresiones que en muchas ocasiones les quita la vida”, señaló Carolina Koller.
