Oaxaca.-Durante la madrugada del 25 de abril, cientos de granaderos de la Ciudad de México desalojaron el campamento que desde hace meses mantenían familias triquis que fueron desplazadas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, en diciembre de 2020.
Al momento del desalojo había 35 personas, sobre todo mujeres y niños, en el campamento ubicado frente al Palacio de Bellas Artes. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad explicó que el desalojó se dio porque recibieron observaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que mejoraran las condiciones de salubridad en el campamento, así como la situación de seguridad de niñas y niños.
Las familias triquis señalaron que el desalojo se realizó sin acuerdos ni previo aviso. A pesar de que el gobierno de la Ciudad declaró que el nuevo lugar en donde reubicaron a las familias contaba con dormitorios equipados con catres, cobijas, regaderas, baños, una carpa de servicios médicos y otra para dar atención a niños y niñas, las familias triquis señalaron que el espacio era una carpa, similar a la que ya tenían, pero ahora en una colonia lejana y en un lugar no apto para familias.
Una niña triqui en edad de primaria dijo que en el nuevo lugar no hay red pública de internet, por lo que no puede hacer su tarea. De acuerdo con sus madres, antes las niñas y niños triquis podían usar el internet público en Bellas Artes y acudían a una escuela de la Comisión Nacional de Fomento Educativo. Tras su reubicación, las familias denunciaron que las autoridades de la capital no las dejaban abandonar el albergue.
Por ello, marcharon rumbo al Circuito Interior en donde un grupo de 400 granaderos las encapsuló junto a integrantes de otras organizaciones y colectivos que habían acudido a apoyarlas. Tras 48 horas de estar retenidas en el albergue, las mujeres, niñas y niños triquis fueron liberados y pudieron trasladarse a la Casa del Estudiante, en el centro de la Ciudad. Paralelamente, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) iniciaron bloqueos en distintos puntos de la región Mixteca de Oaxaca, así como en la capital de dicho estado y en la Ciudad de México, con el objetivo de exigir el retorno seguro de las familias a Tierra Blanca.
Ante esta situación, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación recibió a una comisión de personas de la comunidad triqui y acordó continuar con los trabajos para asegurar su retorno. Por ello, convocó a una mesa de diálogo en mayo donde participarían representantes del MULT, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), el gobernador del estado de Oaxaca y representantes de la Secretaría de Gobernación.
Hasta el presente momento, no se ha podido consolidar un acuerdo para el retorno de las personas desplazadas triqui a su comunidad. Nuevos desplazamientos No registramos eventos de desplazamiento interno causado por violencia que ocurrieron en México durante el mes de abril. Actualización
En enero de este año, publicaciones en redes sociales dieron a conocer que varias familias se vieron obligadas a desplazarse de sus hogares en el municipio de Tzitzio, en Michoacán, debido a la violencia. Aunque no se especificó el número de familias afectadas, se reportó la quema de casas y que las personas desplazadas se refugiaron en una iglesia y en casa de familiares en un pueblo cercano.
A principios de abril, el coordinador de la Pastoral Social y Cáritas Diocesanas en Morelia informó que “en los últimos meses” recibieron a cinco familias desplazadas de Tzitzio debido al acoso y la violencia del crimen organizado. Con base en esta información, actualizamos nuestra gráfica para distribuir el número estimado de personas desplazadas de Tzitzio (20 personas, considerando el promedio de habitantes por hogar en el municipio) entre los meses de enero, febrero y marzo.
¿Qué más ocurrió en abril?
La Secretaría del Migrante de Michoacán presentó los datos de un diagnóstico realizado en 20 albergues de Tijuana. En el ejercicio, se entrevistó a 624 personas michoacanas desplazadas por la violencia. Los datos arrojados por el diagnóstico, los cuales contradicen las declaraciones del gobernador donde señala que la principal causa de desplazamiento interno en Michoacán es “la violencia de género y no el crimen organizado”, son los siguientes: Se contabilizaron 40 municipios de origen, siendo los principales Apatzingán, Uruapan, Aguililla, Morelia, Múgica, Tarímbaro, Tacámbaro, Jacona, Maravatío y Lázaro Cárdenas.
El 71% de las personas encuestadas eran mujeres.
El 78% de las mujeres que respondieron la encuesta consideran que los riesgos de violencia aumentan por el hecho de ser mujeres.
El 80% de las personas entrevistadas están entre los 20 y 39 años.
El 48% salió del estado por temor a perder la vida; el 29.8% lo hizo por inseguridad en su comunidad; el 10,2% por el despojo de sus tierras, vivienda o patrimonio; el 8% por la crisis económica; el 1,1% por desastres y el 2,9% por alguna otra causa. Con relación a los tipos de violencia identificados, 26% dijo haber sufrido violencia física; el 15% violencia patrimonial; el 14% violencia económica y el 5% violencia sexual.
El 68% no presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El 32% que sí lo hizo, reporta no haber tenido avances en sus casos.
El 65% dijo haber iniciado trámites para solicitar asilo o refugio en EE.UU.
El 90% dijo que consideraría migrar a EE.UU., el 9% a otro país, y el 1% preferiría regresar a su localidad.
Detrás de los números del diagnóstico hay historias como las de María, una madre de Aguililla que huyó a Tijuana junto a su hijo de 20 años luego de haber sido secuestrados por presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, la de Flor, que junto a su familia abandonó su hogar debido a extorsiones por parte de grupos criminales, y la de un grupo de campesinos de Apatzingán que huyeron ante el reclutamiento forzado de jóvenes. Chiapas En 2018, varias familias de la localidad El Potrero, en el municipio de Nicolás Ruiz, tuvieron que huir de sus hogares tras ser amenazadas por 800 personas con armas de fuego. Tras las amenazas, las personas armadas dispararon y quemaron los pastizales para obligar a las familias a huir. A cuatro años de este evento, personas pertenecientes a dichas familias protestaron para exigir justicia, castigo a los culpables y reparación de los daños y señalaron que, a pesar de existir una Recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tanto el gobierno estatal como la Fiscalía General de Justicia no han hecho nada.
La Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación acordó integrar una mesa interinstitucional para abordar el tema del reconocimiento como víctimas de desplazamiento interno a las familias desplazadas de varios municipios en 1994.
También presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a indemnizar a las personas desplazadas de diversos municipios chiapanecos que fueron despojadas de sus propiedades a causa del levantamiento armado del EZLN en 1994.
El Punto de Acuerdo presentado señala que son alrededor de 4,000 personas desplazadas, propietarias de 441 predios rústicos de los municipios de Altamirano, Ocosingo y Las Margaritas. Hace dos años, 15 familias del municipio de Venustiano Carranza fueron expulsadas de sus hogares por habitantes de la comunidad Paraíso del Grijalva, a pesar de haber solicitado protección al gobierno estatal por las amenazas que habían recibido.
Representantes de estas 15 familias protestaron en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez y señalaron que existe omisión por parte del Estado mexicano para atenderles. Por lo tanto, pidieron el pago total de los bienes muebles e inmuebles saqueados, la reubicación de las familias y que se les integre al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno. Guerrero
El gobierno estatal ofreció proyectos de terrenos y vivienda con un valor de 400 mil pesos a cada una de las 35 familias de la comunidad de La Laguna, en el municipio de Coyuca de Catalán, que continúan en situación de desplazamiento interno. Estos recursos, señaló el dirigente del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos, provienen del “Programa de Soluciones Verdaderas” impulsado por la gobernadora.
Sin embargo, las personas desplazadas exigieron que antes de que acepten la propuesta el gobierno debe retirar las órdenes de aprehensión en contra de 16 personas y liberar a dos de sus líderes. El desplazamiento ocurrió en abril de 2011, cuando más de 100 familias se vieron obligadas a huir tras una ola de asesinatos de ecologistas que defendían los bosques de la tala ilegal. Michoacán Se creó e instaló el Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado del Estado de Michoacán de Ocampo, conformado por 15 instituciones del gobierno estatal, el cual se encargará de implementar y dar seguimiento al Modelo Integral de Atención al Desplazamiento Forzado, promover medidas preventivas y generar políticas públicas que lleven al retorno seguro y voluntario de las personas desplazadas por la violencia.
Sinaloa Decenas de personas desplazadas de Sinaloa se manifestaron frente al gobernador para pedirle que agilice la lotificación y asignación de la reserva territorial dejada por el gobierno anterior para comprar seis hectáreas de terreno y continuar con la construcción de viviendas.
Además, le solicitaron que se introduzcan los servicios de agua, luz y drenaje a las viviendas ya construidas para que puedan ser habitadas.
En Mazatlán son 558 familias las que buscan terrenos donde asentarse, en Villa Unión 289 y en Concordia 450 familias. Elementos de Seguridad Pública del municipio de Guasave desalojaron a ocho familias que habían sido desplazadas de la sierra por la violencia y que hace 12 años se instalaron en diversos terrenos de la colonia Colonos Unidos.
El ayuntamiento trasladó de manera provisional a las familias a las instalaciones de una preparatoria mientras buscan una solución definitiva. Las autoridades señalaron que se les brindará seguridad, acceso a servicios de salud y otros apoyos complementarios, como alimentación. Tamaulipas
El sacerdote Marvin Ajic, director de la Casa del Migrante, dijo que en su albergue hay 120 personas, de las cuales 90 son mexicanas desplazadas internamente y 30 provienen de Centroamérica.
En su mayoría, las personas mexicanas son mujeres, niñas y niños originarias de los estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Guanajuato que vivían en la sierra y trabajaban en sus cultivos, pero que debido a la violencia tuvieron que salir huyendo para proteger sus vidas. Zacatecas
De acuerdo con el Coordinador para la Atención a Desplazados del municipio de Jerez, no existen las condiciones materiales y de seguridad en ninguna de las comunidades para que sus habitantes, desplazados por el crimen organizado, regresen a sus hogares.
Señaló que se destruyeron los servicios básicos y apenas se está comenzando a rehabilitarlos, y que a pesar de que existen tres bases de operación del ejército en las comunidades de Palmas Altas, Villahermosa y Guadalupe Victoria, cuentan con solo 52 policías en el municipio y aún hay indicios de presencia del crimen organizado en otras 11 comunidades.
Recomendaciones Si te interesa la situación de desplazamiento interno en México, te invitamos a conocer el micrositio Los “fantasmas” de Jerez: Las casas y vidas que arrebató el narco, donde Grupo Fórmula presenta una investigación a fondo sobre el desplazamiento forzado de personas en el municipio de Jerez, Zacatecas.
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