Oaxaca.-El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denuncia resistencia de militares a entregar información del Caso Ayotzinapa.

Lo anterior, a pesar de las instrucciones expresas en ese sentido por parte del presidente López Obrador.

Durante el una conferencia que brindó el Grupo la víspera de concluir su mandato.

El GIEI se creó a partir de un acuerdo entre el Estado mexicano, los familiares de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Puntualizaron los integrantes de este grupo que los normalistas de Ayotzinapa, habrían sido vigilados de cerca desde mucho tiempo antes de los hechos.

Explicaron que no se les ha permitido abundar en mayor información, a pesar de que el presidente López Obrador dio órdenes para que se abrieran archivos militares y tuvieran acceso a documentos.

En su intervención, Ángela Buitrago explicó que el año pasado pudieron identificar la existencia de un Centro Regional de Inteligencia Militar de la Zona Norte, que operaba en Iguala. Este Centro tendría información relevante, entre ellas que “el 26 y 27 de septiembre de 2014 se reportó el traslado de seis y once personas a diferentes lugares”.

Agregó que, al solicitar mayor información, las fuentes castrenses respondieron que ese Centro Regional de Inteligencia Militar “no existía en 2014, sino que nació en 2015”.

Por su parte, Claudia Paz y Paz señaló que la participación de elementos de las fuerzas armadas y de autoridades estatales, municipales y federales, son comprobables.

Apoya su dicho en las transcripciones de las escuchas de la DEA de miembros del grupo criminal, Guerreros Unidos,

Precisó: “incluso hay militares identificados por sus nombres”, como lo sería el capitán José Martínez Crespo y el coronel Rafael Hernández Nieto, este último beneficiado de la solicitud de la FGR para cancelar 21 órdenes de aprehensión.

“Hay conversaciones que refieren la relación entre personas de Guerreros Unidos, Marina, Servicio Médico Forense, diversos alcaldes, el C4 (que estaba bajo control militar) policías de varias instituciones y regiones. Una relación cercana entre criminales y autoridades, hay acciones coordinadas entre ellos”.

Además, en las conversaciones hay referencias a encuentros con miembros del Ejército y la Marina.

Los expertos denunciaron que pudieron comprobar que el Ejército mexicano utilizó el malware Pegasus papara espiar a miembros de Guerreros Unidos. Pero también a sus familiares, integrantes de las fuerzas armadas, de corporaciones policiacas. Lo que confirmaría la colusión entre autoridades de los tres niveles de gobierno con la delincuencia organizada.

Carlos Beristain resaltó que el caso Ayotzinapa es emblemático de la “macrocriminalidad”.

Con informacion de faroinforma.com