Oaxaca.-Con la participación de más de 80 representantes de pueblos, comunidades yorganizaciones de los estados de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo,Yucatán, Veracruz, México, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla,Jalisco, Querétaro y Ciudad de México, la Alianza por la Libre Determinación yAutonomía (ALDEA) llevó a cabo su Asamblea Nacional y llamó a aprobar a labrevedad la reforma constitucional en materia de derechos indígenas.“No queremos prebendas, queremos autonomía para decidir en nuestrosterritorios.

 

Los pueblos y comunidades no queremos ser tutelados por el Estado,queremos derechos y reconocimiento plenos”, subrayaron las y los participantes.Entre los temas que se abordaron en el encuentro están: la vigencia de losAcuerdos de San Andrés Larrainzar (que llevan 26 años de retraso en elcompromiso de traducirse en ley) y las experiencias y problemáticas que enfrentanpueblos y comunidades para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos a la libredeterminación, la autonomía y al territorio.

 

La imposición de megaproyectos, las agresiones y la criminalización en contra depersonas defensoras; el no reconocimiento y la violencia en contra de los autogobiernos indígenas, sus instituciones tradicionales y sus sistemas normativospropios son algunos de los ejemplos que ilustraron las y los asistentes al Page 2 encuentro.

 

Además, en la asamblea se integraron a la ALDEA más de 30 comunidades y organizaciones indígenas.

 

La Alianza hizo un llamado urgente al Estado mexicano para materializar laReforma Constitucional pendiente sobre derechos colectivos prometida por el Ejecutivo, así como otras leyes federales y locales fundamentales para garantizarlos derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos y ser reconocidos como sujetos plenos de derecho público.Si bien históricamente los pueblos y comunidades han ejercido su libre determinación y autonomía; la reforma de 2002 restringió estos derechos a la potestad de las entidades federativas, que se arrogan el derecho de reconocer -ono hacerlo- a pueblos y autoridades indígenas de manera arbitraria.

 

Esto es así porque el marco constitucional los designa como “sujetos de interés público” quedependen del tutelaje del Estado para practicar el autogobierno y reproducir susformas de vida y su desarrollo.A ello se suma, la aprobación y entrada en vigor del conjunto de leyes neoliberales(Ley Minera, Reforma Energética, Ley de Aguas Nacionales, entre otras) quejustifican y legalizan el despojo a través de la ocupación de los territorios, por considerar preferente y de utilidad pública las actividades extractivas, lo que lesimpide a las comunidades preservar y usar sus tierras y bienes comunes.

 

Con un enorme costo, los pueblos han logrado algunos avances en el reconocimiento de sus derechos en las leyes o en los tribunales.

 

La ALDEA es un esfuerzo común de pueblos, comunidades y organizaciones para organizarse anivel nacional y exigir de forma colectiva el respeto y garantía de sus derechoscolectivos, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y los 10 puntos deALDEA, deuda histórica del Estado mexicano desde 1996.

 

“Desde la ALDEA reiteramos nuestro llamado al presidente López Obrador y alCongreso a no seguir postergando los derechos de los pueblos originarios, aaprobar una legislación que garantice plenamente su autonomía y libredeterminación y les permita construir una nueva relación con el Estado, sobre lasbases de respeto e igualdad. Solo así será posible conformar la verdadera naciónpluricultural que profesa la Constitución”, concluyeron las y los participantes.