Oaxaca.- Las primeras semanas de julio de este año, el Frente Nacional contra Violencia Vicaria (FNCVV) reportó tres detenciones de madres acusadas injustamente por sus exparejas —hombres a quienes ellas mismas han denunciado por inclumplimiento de pensión alimenticia o violencia familiar—. Pero, por más inverosímil que parezca, estos no son casos aislados: la corrupción de las autoridades ha permitido que esto se repita una y otra vez entre diferentes víctimas de violencia vicaria en México.

La violencia vicaria es un tipo de agresión en la cual la expareja de una persona la violenta por medio de sus hijas, hijos o seres queridos, ya sea agrediéndolos o alejándolos de ella. Pero a estas muestras de crueldad se suman otros factores que tienen que ver con la revictimización de las mujeres.

De acuerdo con una encuesta realizada por el FNCVV en mayo de 2022, nueve de cada diez hombres acusados de violencia vicaria han iniciado procesos legales contra las madres de sus hijos. En entrevista con Cimacnoticias, Jennifer Michelle Seifert Braun —cofundadora del Frente— explicó que, en muchos de estos casos, acusan a las madres de secuestro de los menores, violencia familiar o fraude, entre otros supuestos delitos.

La activista enfatizó que, al ser denuncias injustificadas, es claro que se realizan en complicidad con las instituciones de gobierno como fiscalías, ministerios públicos, jueces y juzgados familiares. Sin embargo, los abogados también juegan un papel importante en esta revictimización, pues son ellos quienes trazan los caminos necesarios para que sean las víctimas, y no los victimarios, quienes terminen denunciadas y hasta en prisión.

¿Cómo funcionan estos mecanismos de violencia?

De acuerdo con Jennifer Seifert, los agresores detrás de esta revictimización son hombres con un nivel económico suficiente para sobrellevar procesos legales largos. Pero, además de eso, son personas con perfiles psicópatas y narcisistas que no soportan perder el control de las mujeres una vez que ellas deciden alejarse.

Según declaró Seifert Braun, cuando estos hombres optan por denunciar a sus exparejas, casi siempre lo hacen para quitarles a sus hijas o hijos y así evitar pagar una pensión alimenticia (esto, pese a que dos de cada tres niños en México no reciben dicha pensión aunque sus padres estén obligados a dárselas).

Sin embargo, otra razón detrás de estas denuncias injustas es la intimidación. Como explicó Seifert, algunos de los casos ni siquiera llegan a judicializarse. La carpeta se pierde en el sistema legal mexicano y nunca hay una resolución al respecto. Pero desafortunadamente no siempre ocurre lo mismo.

Aunque todavía no hay un dato exacto, Jennifer Seifert declaró que sabe de por lo menos entre 20 y 30 mujeres que han terminado en prisión a causa de estas denuncias hechas desde la corrupción y la ilegalidad.

Los casos de Yetlanezy, Luz y Rebeca

El 4 de julio de 2020, las autoridades de Sonora detuvieron a Yetlanezy Baltierrez luego de que su expareja la denunciara por un supuesto incumplimiento de pensión alimenticia. Nunca se le notificó correctamente que tenía una orden de aprehensión en su contra, por lo que fue ella quien tuvo que ir a las instancias correspondientes para saber qué estaba sucediendo.

Ni en la Fiscalía ni en los juzgados supieron decirle qué pasaba. Aun así, cuando regresó a la casa donde se estaba hospedando (ella vive actualmente en Coahuila pero viajó a Sonora para arreglar su situación), se percató de que un vehículo la estaba persiguiendo. No tenía una identificación institucional pero era conducida por supuestos policías.

Después de chocarla, uno de estos policías vestido de civil le indicó que tenía una orden de aprehensión en su contra y que debía acompañarlos. Otro policía que sí portaba uniforme le indicó lo mismo y Yetlanezy finalmente accedió para evitar que la situación escalara.

La llevaron a un penal y la ingresaron cerca de las 10 de la noche. No la revisaron para saber si había sufrido daños por el choque pese a que ella lo solicitó. Debido a todas estas irregularidades, gracias a la intervención del FNCVV y de Derechos Humanos, Yetlanezy  salió libre durante la madrugada.

Luz Arredondo, por su parte, se entregó voluntariamente a las autoridades de Puebla el 8 de julio. A ella, su expareja la acusó de no llevar a su hijo Luca a una de las convivencias acordadas. De acuerdo con Jennifer Seifer, el exesposo cambió la hora de convivencias a los jueves a las 9 am, justo cuando el pequeño Luca se encontraba en la escuela.

A Luz se le notificó el mismo día que debía llevar a Luca con su padre. Como respuesta a su supuesto incumplimiento, declaró Seifer, su exesposo envió todo un despliegue de seguridad al colegio de Luca. Al percatarse de esto, Luz dejó a su hijo con una persona de confianza y fue a entregarse para cumplir con la penalidad correspondiente.

Como esto no es una falta grave no amerita prisión. Aun así, Luz tuvo que pasar diez horas en la cárcel. Ella misma había solicitado este castigo en diversas ocasiones contra su expareja, quien ha retenido a Luca en dos ocasiones a costa de la angustia de su madre. Sin embargo, las autoridades no lo han penalizado de forma alguna.

En su caso, Rebeca Cebrecos —quien también fue detenida el 8 de julio— fue detenida por supuesta falsedad en sus declaraciones. Ella había dado la dirección del despacho de abogados que llevaba su caso por temor a que su expareja las agrediera a ella o a su hija si ofrecía su domicilio real.

A pesar de que, de acuerdo con Jennifer Seifer, era claro que su caso no era de gravedad, la ingresaron a un penal de donde logró salir días después gracias a la intervención de Derechos Humanos.

Cúmulos de violencia que se repiten

Estas tres historias tienen patrones que se repiten en muchos de los casos de violencia vicaria: corrupción, violencia institucional y sustracción de menores. No obstante, no son las únicas agresiones contra madres e hijos.

Desde la perspectiva de Jennifer Seifer Braun, las mujeres víctimas de este tipo de agresión pasaron antes por violencia psicológica, patrimonial, económica y sexual, entre otras tantas. Desde el FNCVV —que cuenta con representantes en toda la República Mexicana—, ella y sus compañeras están trabajando para evidenciar esto pero también para transformar un sistema legal que sigue beneficiando a los agresores en lugar de las víctimas.

Reformas legales, pláticas con fiscalías y juzgados y acompañamiento a las víctimas son algunas de las medidas en las que trabajan día con día. Con ello, pretenden terminar con ésta que ha sido nombrada la forma de violencia más cruel contra las mujeres. Sin embargo, mientras el Estado mexicano no ponga de su parte, millones de madres, niñas y niños siguen en la mira de las instituciones corruptas y de los agresores.

Con informacion de Diana Hernández Gómez / Cimac Noticias