Oaxaca.-Por segunda ocasión diversas organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las infancias y adolescencias en México, América Latina y El Caribe, presentaron la campaña #DenuncialoNOLoCompartas.

Hace unos meses la campaña tuvo un primer lanzamiento, pero debido al incremento de imágenes abusivas y/o de contenido violento donde aparecen niños, niñas y adolescentes, vieron la necesidad de pronunciarse nuevamente en contra y, con ello, llevar a cabo una acción permanente que mantenga la capacidad de denuncia y vigilancia activa sobre este material en el internet y las redes sociales.

Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), habló durante el relanzamiento de esta campaña sobre la importancia de aprender a reaccionar ante los contenidos que presentan violencia hacia niñas, niños y adolescentes, como una vía para poner fin a esta problemática: “incrementar las capacidades de denuncia de la ciudadanía que no impliquen la revictimización de las personas, implica un pequeño cambio de switch”.

Al respecto, Tania expresó que los organismos públicos que velan por los derechos humanos, las comisiones nacionales y locales, así como los institutos electorales, tienen una gran responsabilidad para poner fin a la propagación de este tipo de contenidos. Como ejemplo habló sobre el uso de imágenes donde aparecen infancias en campañas electorales o con fines políticos, argumentó que estas autoridades y funcionariado público, se valen de la falta de protección o contexto familiar para institucionalizarles sin que puedan hacer mucho al respecto.

“No debemos confundir la visibilización de la violencia que viven niñas y niños con su exposición a través de las redes sociales” expresó.

Por su parte, María Capelo, del área de Seguridad y Bienestar para usuarios de Meta en América Latina tuvo la oportunidad de compartir cómo esta empresa mantiene una política de cero tolerancia a los contenidos que reflejen explotación y violencia infantil, así como de las herramientas tecnológicas y políticas con los que cuentan para actuar ante la aparición de estos contenidos.

De acuerdo con Capelo, durante la pandemia pudieron identificar un incremento de la explotación infantil. Al indagar más en la problemática, localizaron que 90% de los contenidos difundidos con estas connotaciones de violencia o revictimización hacia las infancias y adolescencias, habían sido compartidos al menos dos veces por las personas. Según explicaron, esto sucede porque las y los usuarios piensan que, al compartir el propio material para hacer la denuncia, se le está dando más visibilidad a la agresión, pero no es así:

“Internet es un espacio donde las cosas tienden a permanecer y por más que una plataforma lo baje, lo importante es que todos tenemos una corresponsabilidad de proteger no sólo la imagen, sino los derechos de esa persona que apenas está en formación y que ningún momento se merecen que su situación particular sea compartida una y otra vez” precisó.

Ante esta situación Capelo invita a generar “una conciencia de ciudadanos digitales”, donde prevalezca la corresponsabilidad de proteger a las infancias y reportar estos contenidos e imágenes, a través de las herramientas que brinda cada plataforma. Por su parte, la empresa Meta ha trabajado para detectar contenidos de este tipo, incluso, antes de que se hagan públicos; líneas de ayuda directas de acuerdo a la localidad, y han desarrollado tecnologías para detectar los contactos indebidos entre niñas y niños con adultos que no se conocen.

“Una sola imagen compartida de un niño, niña o adolescente explotado, lo vuelve a revictimizar de por vida. Todas y todos tenemos la corresponsabilidad de proteger los derechos de los menores de edad, quienes no merecen que una situación sensible particular sea exhibida una y otra vez”.

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México consideró urgente crear una cultura cívica digital, que ayude a comprender la problemática desde varias dimensiones; por un lado, dijo, entender cómo se materializa la convergencia de esta problemática con otros delitos como la trata, abuso, pornografía infantil, acoso, extorsión, fraude y, por otro lado, renovar las perspectivas sobre cómo se construyen la identidad digital de las generaciones de entre 2 y 17 años de edad, para así proteger la vida e identidad de estas personas.

De acuerdo con los datos proporcionados por Salvador Guerrero, la Guardia Nacional ha registrado cerca de 400 mil reportes al año por la distribución de material con contenido sobre abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que circulan en redes sociales. También datos de la organización Consejo Ciudadano muestran que, los reportes por delitos sexuales contra de niñas y niños de 12 a 17 años de edad, crecieron 406% en lo que va del 2022, esto con respecto al mismo periodo en años previos.

Recalcó que la dinámica de incremento, surge en la coyuntura del desplome de la actividad económica tras la pandemia, esto derivó en una reestructuración de las familias y afectó en las relaciones de niñas y niños con sus progenitores. Por lo tanto, aseguró que es vital atender la convergencia de las vulnerabilidades que se radicalizaron por la emergencia sanitaria y, con ello, exigir y esperar que las autoridades, instituciones y empresarios actúen ante la complejidad del entorno en el cual vivimos.

En relación con el tema de la violencia familiar, Juan Martín Pérez García, coordinador de la red Tejiendo redes infancia, comentó que, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, ésta aumentó en un 100% durante la pandemia.

Ante este problema, afirmó que debe existir una respuesta articulada y multisectorial, donde participe la ciudadanía, las instituciones, el funcionariado público y las organizaciones participen de manera conjunta: “necesitamos presupuesto, cumplimiento de la ley y voluntad política para que los abusos y la violencia que se están dando en contra de niñas y niños puedan contenerse”, expresó. Al respecto, precisó que en México destina menos del 1% del PIB para protección de crímenes contra niñas niños y adolescentes.

Y es que Pérez García insistió en la responsabilidad de la ciudadanía para nombrar e identificar las deficiencias institucionales que se tienen en la materia. Advirtió que sólo así sucederán ajustes normativos o, en su defecto, se evitarán modificaciones y reformas que retrocedan la labor de avance de las organizaciones.

“Creemos que es indispensable promover la denuncia con el concepto que todos compartimos de visibilizar la violencia mediante la denuncia, sin promover la exposición o la revictimización de aquellos que han padecido de estas vulnerabilidades que estamos mencionando”, comentó Salvador Guerrero.

Finalmente, señalaron que la vulneración de los derechos de la niñez y la adolescencia genera impactos a largo plazo, por esta razón, Tania Ramírez llamó a reconocer la corresponsabilidad en el cuidado de éstas, siendo “buenos ciudadanos digitales” y actuando en el aquí y el ahora, sin diluir la responsabilidad de la autoridad y trabajando en conjunto para que esto pueda lograrse:

“Al denunciar y no compartir estamos ayudando, incluso, a que estas capacidades o estas pautas de seguridad digital también nos vayan llevando hacía un buen ejercicio de una ciudadanía digital” comentó Tania Ramírez.

Si quieres conocer más sobre los recursos que tiene a su disposición la plataforma Meta en materia de protección infantil, están disponibles en el siguiente enlace: b.me/onlinechildprotection. Para entrar en comunicación con el Consejo Ciudadano, quienes brindan ayuda psicológica y jurídica de manera gratuita y confidencial en todo el país, puedes hacerlo a través del 55 5533 5533 (Línea de Seguridad y Chat de Confianza); también cuentan con la Línea y Nacional contra la Trata de Personas para reportar situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes, comunícate al 800 5533 000)

Con información de Alondra Angel/zonadocs.mx