Oaxaca.-Como colectivos y familias buscadoras de personas desaparecidas llevamos años señalando que ser desaparecido no es normal. En un país que acumula más de 104,000 registros oficiales de personas desaparecidas el Estado tendría que tener una política nacional de búsqueda en vida, de identificación forense, prevención efectiva y Justicia; sin embargo, esto no es así. 

Este 30 de agosto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pisa las calles nuevamente en, al menos, 25 estados del país, alzando y juntando nuestra voz para preguntarle a las autoridades de todos los niveles: 

¿Dónde están nuestros seres queridos? ¿Qué hacen para buscar efectivamente y localizar a más de 104,000 personas reportadas como desaparecidas ante las Comisiones de Búsqueda? ¿Qué hacen para identificar los más de 52,000 seres  humanos fallecidos que para nosotras son tesoros? ¿Qué hacen para procurar justicia en un país que solo tiene  35 condenas federales? 

Ya pasaron más de 4 años de la promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por particulares, un logro que no sería posible sin el impulso de las familias, sin embargo, aún seguimos exigiendo su efectivo funcionamiento. Continuamos a la espera de la presentación del Plan Nacional de Búsqueda, de la creación de registros y bases de datos forenses y genéticos que mandata la Ley, así como de la creación del Plan Nacional de Exhumaciones. 

Esta crisis humanitaria no puede esperar más.  Como lo señaló el Comité contra las Desapariciones de la ONU (CED), en México se tiene un marco normativo garante y avanzado, el problema es que no se implementa, en este país la desaparición es el paradigma del crimen perfecto.  

Desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pedimos que el compromiso de Estado para atender la agenda integral en torno a la desaparición se haga valer a través de acciones concretas por parte del Estado mexicano: 

• Crear un mecanismo interinstitucional de seguimiento que involucre a los tres niveles de gobierno (federal, estatal, municipal) y los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) para la implementación de las distintas recomendaciones internacionales. Deberá mencionar instituciones responsables y plazos precisos de implementación y contar con mecanismos de rendición de cuentas periódicos. 
• Hacemos un llamado al Congreso para que cumpla con su promesa y asigne presupuesto suficiente para avanzar en las tareas de búsqueda e identificación. El criterio debe ser que alcance para los planes de trabajo y la operatividad de todas las dependencias dedicadas a la búsqueda en vida y la identificación humana forense de las personas que buscamos. 
• Hacemos un llamado a las instituciones para coordinarse de manera efectiva a dos años de la creación del Protocolo Homologado de Búsqueda. Se deben llevar a cabo acciones coordinadas de búsqueda inmediata que contribuyan a fortalecer la búsqueda en vida y los procesos de justicia.
• Instamos a que se avance de manera pronta y coordinada en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Localizadas, así como en el Plan Nacional de Exhumaciones y en el Plan Nacional de Búsqueda, contemplados en la Ley General y que son necesarias para avanzar en las tareas de búsqueda e identificación.  
• Hacemos un llamado a las Fiscalía General y a las Fiscalías estatales para comenzar a trabajar con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y, además, realizar planes de investigación que resulten en avances sustanciales en los procesos de justicia. 

Exigimos que los riesgos contra nuestra integridad se reduzcan y que el Estado reconozca nuestra labor no sólo como familias buscadoras sino como personas defensoras y garantes de los derechos humanos. 

Al gobierno le volvemos a decir no nos vamos a cansar de buscar, ni de exigir e impulsar lo que por derecho nos corresponde el regreso de miles de seres humanos a su hogar, con sus familias, y las investigaciones correspondientes para avanzar hacia la verdad y la justicia.